La Fundación UNIR publicó una investigación que presenta “ocho miradas” sobre la conflictividad minera en Bolivia. El trabajo propone distintas formas de encararla. Derecho a un medio ambiente sano y consulta previa son dos de las supuestas vulneraciones a derechos indígenas que detonaron más de 20 conflictos entre el sector minero y pueblos originarios.
Fuente: Página Siete
Los departamentos en los que se registraron las disputas en los últimos cuatro años son La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija. Mientras que en Beni, Pando y Chuquisaca no hubo conflictos.
La información corresponde a una investigación publicada esta semana por la Fundación UNIR, denominada Ocho miradas sobre conflictividad minera en Bolivia. Según este documento, de los 21 conflictos registrados todos tienen como base la demanda de más de un derecho vulnerado.
El antropólogo Emilio Madrid, quien desarrolló el acápite Derechos colectivos de los pueblos indígenas en conflicto con el patrón de desarrollo minero, explica que los problemas aún están latentes y merecen una solución inmediata a través de legislación sólida.
Madrid comenta que si bien la minería está concentrada aún en las zonas tradicionales del occidente, también por el tema aurífera se amplió la explotación minera hacia el oriente, como en la zona chiquitana.
“Se trata de pueblos indígenas de la Chiquitania y el problema está ligado al uso del agua. Muchas de las operaciones mineras requieren usar el agua de las regiones (…) y muchas comunidades reaccionan en defensa del agua que es uno de sus derechos”, explica el especialista.
En el caso de la demanda de las poblaciones indígenas por consulta previa -que es el asunto que más incidencia tiene en la agenda en los últimos años-, los originarios lograron una respuesta favorable del Estado.
“Al contrario, las respuestas del Gobierno y el Ministerio de Minería y Metalurgia han sido de rechazo en razón de la ausencia de normativa para la implementación de proceso de consulta previa”, destaca el texto.
Tres conflictos, de los que registra la publicación, tienen que ver con ese derecho que reclaman los indígenas.
Uno de ellos es de la reciente contaminación del río Pilcomayo, que afecta a comunidades weenhayek del Chaco tarijeño. Otro es el del conflicto de las comunidades del Jach’a Suyu Pakajaki, con el proyecto minero de Corocoro en la Paz. Y el tercero se refiere a la legislación misma solicitada por la Confederación de Ayllus y Marqas del Qullasuyu y de la Central de Pueblos Indígenas de Bolivia.
Según la investigación de UNIR, las demandas de los weenhayek sobre la contaminación del Pilcomayo datan de diciembre de 2012. Sin embargo, el tema cobró relevancia en julio de este año ante la inminente contaminación de estas aguas.
El Gobierno, en primera instancia, negó que esta situación fuera así. “Luego de hacer una inspección de nuestros técnicos en la quebrada de Pucamayo, el pasado fin de semana, se verificó que en su momento hubo un sifonamiento de la cola de la empresa Silver & Tin, derrame que no llegó ni causó ninguna afectación al río Pilcomayo”, afirmaba en la ocasión el viceministro interino de Medio Ambiente, Francisco Salvatierra.
Según datos proporcionados por el investigador Madrid, de las casi 1.600 cooperativas mineras que operan en el país, el 20% (320) cuenta con licencia ambiental. “Al operar sin licencia ambiental y al generar impactos en el medio ambiente esto es reclamado de forma permanente por las comunidades”, explica.
Esta investigación refleja las distintas miradas del conflicto minero en Bolivia, y sugiere, además, soluciones para los conflictos.
Madrid comenta que a partir de la nueva Ley de Minería, el enfoque del Estado y los operadores mineros alcanzó una percepción coercitiva de los distintos conflictos. Una de las soluciones propuestas por este investigador para desactivar los conflictos de este tipo es establecer canales de diálogo para contrarrestar la coerción, penalización y criminalización.
Dentro de las conclusiones del documento se destaca que en el período 2010-2014 hubo poco interés del Gobierno para buscar soluciones a la temática.
“Los conflictos revelan una tendencia de la política pública a concretar los proyectos extractivos mineros sin considerar de manera prioritaria el respeto y el cumplimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas originarios”.
