Así lo exponen quince científicos marinos, economistas de recursos y expertos legales en ‘Nature Geoscience’. Los expertos consideran que la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés), que es responsable bajo el Derecho de las Naciones Unidas del Mar, de regular la minería submarina en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales, debe reconocer este riesgo. Igualmente, afirman que también se debe comunicar claramente el riesgo a sus estados miembros y al público para que se debata con información suficiente sobre si la minería de los fondos marinos debe continuar y, en caso afirmativo, qué normas y salvaguardias deben implementarse para minimizar la pérdida de biodiversidad.
Fuente: Europa Press
“Hay una tremenda incertidumbre acerca de las respuestas ecológicas a la minería en aguas profundas”, señala en el estudio la nvestigadora Cindy L. Van Dover, profesora de Oceanografía Biológica de la Escuela de Nicholas de Medio Ambiente de la Universidad de Duke, en Durham, Carolina del Norte, Estados Unidos. “La minería responsable necesita depender de acciones de gestión ambiental que protejan la biodiversidad de aguas profundas y no de acciones que no han sido probadas o no son razonables”, añade.
“La extracción de recursos no renovables siempre incluye compensaciones”, asegura el catedrático internacional de Servicios de Ecosistemas Marinos del Instituto Europeo de Estudios Marinos, Linwood Pendleton, profesor adjunto en la Escuela de Medio Ambiente de Duke. “Una seria compensación para la minería en aguas profundas será una pérdida inevitable de biodiversidad, incluyendo muchas especies que todavía no se han descubierto”, agrega.
Frente a este resultado inevitable, es más importante que nunca que se entiendan los ecosistemas de aguas profundas y se tenga una buena idea de lo que se está perdiendo antes de que la minería altere el fondo marino para siempre, tal y como explica Pendleton.
“Aún no se están extrayendo depósitos submarinos de metales y elementos raros de la tierra, pero ha habido un aumento en el número de solicitudes de contratos mineros –señala Elva Escobar, del Instituto de Ciencias Marinas y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México–. En 2001, había sólo seis contratos de exploración de aguas profundas; para finales de 2017 habrá un total de 27 proyectos”.
CONSTRUIR NUEVOS ECOSISTEMAS, “CIENTÍFICAMENTE SIN SENTIDO”
Estos proyectos incluyen 18 contratos para nódulos polimetálicos, seis para sulfuros polimetálicos y cuatro para costras de ferromanganeso, según detalla Escobar. De estos, 17 tendrán lugar en la Zona Clarion-Clipperton en el Océano Pacífico entre Hawái, Estados Unidos, y Centroamérica. La industria estima que hay miles de millones de toneladas de manganeso, cobre, níquel y cobalto sobre o bajo el fondo marino, metales que se usan en generadores y motores eléctricos, aleaciones metálicas, baterías, pinturas y muchos otros productos.
Algunos defensores de la minería han argumentado que las compañías podrían compensar el daño inevitable que causarán sus actividades al restaurar los ecosistemas costeros o crear nuevos arrecifes costeros artificiales. “Pero esto es como salvar huertos de manzanas para proteger las naranjas”, plantea Van Dover.
“El argumento de que se puede compensar la pérdida de diversidad biológica en el mar profundo con ganancias en la diversidad en otros lugares es tan ambiguo como científicamente sin sentido”, opina el profesor de Oceanografía en la Universidad de Hawái en Manoa, Craig Smith. “La recuperación de los ecosistemas de aguas profundas y las especies de una perturbación pueden llevar décadas o incluso siglos”, advierte por su parte Van Dover.
La escala de algunas de las operaciones mineras propuestas –la más grande de ellas cubrirá más de 83.000 kilómetros cuadrados, un área mayor que Maine– y las profundidades a las cuales se va a realizar alguna minería (tres millas o más debajo de la superficie del mar)– hacen que la recuperación de los sitios afectados sea tan prohibitiva que sea poco realista, argumentan los autores.
Además, todavía no se han probado los enfoques necesarios para llevar a cabo la acción restaurativa, recuerdan los autores, entre los que hay científicos y expertos jurídicos de Estados Unidos, México, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Polonia y Australia, que coescribieron el artículo con Van Dover, Pendleton, Escobar y Smith.
