No hace mucho tiempo en nuestro país (Argentina) comenzaron a escucharse y leerse palabras y expresiones como “mega-minería” y “minería a cielo abierto”. Ingresar en estos conceptos es una forma de entender lo que Argentina y otros países de la región están haciendo con sus recursos naturales y con el medioambiente. Entrevista a Maristella Svampa y Mirta Antonell.
Por Gustavo Pablos
Corporaciones sin fronteras
En el libro colectivo Minería Transnacional, Narrativas del Desarrollo y Resistencias Sociales (Editorial Biblos), Maristella Svampa y Mirta Antonelli, sus editoras, recopilan un conjunto de trabajos que describen y analizan exhaustivamente la instalación y la situación de la mega-minería en Argentina. En la introducción la autoras escriben que tres son los “modelos de desarrollo” que caracterizan la Argentina contemporánea: el modelo agrario, el industrial y el extractivo-exportador”. Y también señalan que si bien “los dos primeros han sufrido drásticas transformaciones en las últimas décadas, y continúan operando de manera explícita o implícita como narrativa social fundamental y horizonte de expectativas de nuestras sociedades, el perfil del tercero, ligado a la explotación de los recursos naturales, pese a su expansión exponencial, aparece desdibujado y apenas está presente en el imaginario cultural de los argentinos”.
Para que en este momento estemos hablando del “modelo extractivo-exportador”, fue necesario que durante los años ’90 la mayor parte de los países de América Latina llevaran adelante “una profunda reforma del marco regulatorio” que se tradujo en “amplios beneficios a las grandes empresas transnacionales”. La expansión de este modelo (como también la del relativo al de agro-negocios) no puede comprenderse “sin involucrar también la perspectiva histórica, y muy especialmente, la política de privatizaciones”, ya que fue precisamente esta política, aseguran las autoras, la que “estuvo orientada no sólo hacia los servicios públicos, sino también hacia los hidrocarburos, y de manera más amplia, hacia la totalidad de los recursos naturales”. En ese sentido, con las reformas constitucionales y legislativas las nuevas normas jurídicas institucionalizaron “la auto-exclusión del Estado como agente productivo y la consecuente exclusividad del sector privado como único actor autorizado a explotar los recursos naturales”.
En esta entrevista, Svampa y Antonelli presentan los temas del libro que reúne trabajos realizados por investigadores de las universidades nacionales de General Sarmiento, Córdoba, Catamarca y Buenos Aires.
La nueva forma de explotación minera
– ¿Cuáles son las condiciones que dieron lugar a la “mega-minería”?
M.S.: Un elemento principal que explica el pasaje de la minería tradicional a la moderna, está dado por el progresivo agotamiento -a nivel mundial- de los metales en vetas de alta ley. Si bien las consecuencias económicas pueden ser homologadas, lejos estamos de aquella minería de socavón, propia de épocas anteriores, cuando los metales afluían en grandes vetas, desde el fondo de las galerías subterráneas. Pocos países, entre ellos Bolivia, conservan una minería tradicional, a pequeña escala, fundamentalmente basada en el estaño. Al disminuir la concentración del mineral contenido en las rocas deja de ser rentable la explotación mediante socavones. La explotación minera a cielo abierto con técnicas de lixiviación es la que permite extraer los minerales diseminados en la roca portadora, ya que la utilización de dinamita produce voladuras de montañas que posibilitan remover grandes volúmenes de roca. Así se forman escalones que dan lugar al “tajo abierto” u “open pit”. Esta forma de extracción ocasiona que se movilicen tonelajes de roca crecientemente superiores a los directamente utilizados, acentuando el deterioro ocasionado en el medio, al que se suma el provocado por los residuos.
– A grandes rasgos, ¿cuáles son las consecuencias negativas más notorias que produce en el medioambiente esta clase de explotación?
M.S.: A lo ya señalado, hay que agregar el uso desmesurado de recursos, fundamentalmente de agua y energía, ambos imprescindibles para la implementación de este tipo de explotaciones. El agua, principal insumo en el proceso extractivo, es obtenida de ríos, glaciares y acuíferos cercanos a los proyectos a razón de varios cientos o miles de litros por segundo. Por eso las explotaciones se sitúan en el origen de las cuencas hídricas y en las proximidades de las reservas de agua fósil. El agua y la energía son aportadas a bajo costo o directamente sin ser cuantificadas en términos económicos, ya que su inclusión en la contabilidad del proyecto pondría en duda la rentabilidad del método. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de mega-minería metalífera, esto es de minería a gran escala orientada a la extracción de oro, plata, cobre y otros minerales estratégicos, por lo tanto la utilización de recursos es mayor y también los impactos económicos y socio-ambientales.
– ¿Cómo afecta y/o determina a las economías regionales?
M.S.: Un tema que suelen minimizar los informes de impacto ambiental de estas compañías es que este tipo de minería entra en competencia con otras actividades económicas regionales (agricultura, ganadería), por los mismos recursos (tierra y recursos hídricos). Por ejemplo, para el caso del agua, la Minera Bajo La Alumbrera, situada en el noroeste argentino, una de las mineras más grandes de América Latina, utiliza 1200 litros por segundo (alrededor de 100 millones de litros por día) en una zona desértica, extraídos de una reserva natural de agua fósil. Además, según datos recientes, este yacimiento estaría consumiendo el equivalente al 25% de la energía de toda la región del noroeste, que incluye nada menos que cuatro provincias argentinas.
– ¿Por qué se habla de “minería transnacional”?
M.S.: Si las implicaciones socio-ambientales son ciertamente gravosas y nos colocan ya en el centro de un paradigma extractivista, cuestionado desde diferentes vertientes del pensamiento (ecología política, indigenismo, economía social), hay que añadir que también estamos lejos de asistir a la expansión de un modelo “nacional” de desarrollo. El modelo de la “nueva minería” se enmarca en un Estado profundamente trastocado por el marco regulatorio de liberalización de los `90, con un proceso de inversiones extranjeras directas que continúa -y se proyecta- en acelerado ritmo de concesiones. Y este escenario no es privativo de la Argentina. Desde la liberalización del marco regulatorio hasta las fases de implementación en curso corresponden a procesos multiescalares de la corporación minera trasnacional en la región. Por ejemplo, en Argentina y Perú, gracias a la continuidad del marco normativo sancionado en los `90, la expansión y control de la nueva mega-minería a cielo abierto es potestad exclusiva de las grandes empresas transnacionales. Aún en un país como Chile la minería sufrió un proceso de desnacionalización a partir de la ley 19.137, y es bajo el gobierno de la Concertación que se efectuó el traspaso de los yacimientos de Codelco, que aún no estaban en explotación.
-¿Cómo caracterizarían a estas empresas, que son los principales actores en este escenario?
M.A.: Se trata de la corporación transnacional, es decir, corporaciones que se involucran en actividades económicas a través de las fronteras nacionales, que cuentan con formidables activos y recursos a disposición, en las que las finanzas y el capital de producción trabajan en sinergia para sostener y alimentar al sistema capitalista global. Si bien este tipo de corporaciones varían en términos de tamaño, cobertura nacional, origen y área de concentración, suele admitirse que este último criterio -el área de concentración- es quizá el más relevante en cuanto a los efectos de las corporaciones en distintas partes del mundo y a nivel global. Como dice Sklair, transnacional hace referencia a “fuerzas, procesos e instituciones que cruzan fronteras pero que no derivan su poder y autoridad del Estado. La corporación transnacional es la más importante de estas fuerzas”.
La complicidad de los gobiernos
-¿De qué manera se construye la alianza entre las empresas mineras, el gobierno nacional, y los gobiernos provinciales?
M.A.: La llamada “alianza” es sobre todo un proceso de acumulación y ejercicio de poder por parte de las transnacionales, de cooptación de y/o presión sobre la clase política que atraviesa al Estado y a sus instituciones en sinergia con el modelo extractivo, y termina produciendo una desterritorialización del Estado. Un fenómeno que la mega-minería ilustra casi literalmente al usufructuar la renuncia por parte del Estado al lazo que unía soberanía y territorio. Este proceso hace evidente etapas y fases del mismo.
– ¿Cuáles las fases que se perciben en el proceso?
M.A.: Un primer momento público es definido como “hacer la ley”, producir el marco regulatorio, el corpus normativo que define el “estado de derecho” y funda la “seguridad jurídica”. Ese marco regulatorio “fundante” ha sido denominado “leyes de primera generación”, las que fijaron los beneficios para los inversores en base a la entrega del subsuelo, y corresponden al escenario dominado por inversiones extranjeras directas de los `90, y éstas, cuando ya se tenía inventario de “la maldición de la abundancia” (Acosta), esto es, de las reservas de minerales de nuestros países. En verdad, esa legislación exhibe más bien la capacidad de lobby de las empresas con la clase política, como lo muestra el protagonismo de ciertos funcionarios y entonces legisladores, según las demandas de la corporación, en el ámbito de las Comisiones de Minería del Congreso Nacional, como el actual gobernador de San Juan, protagonista destacado en dicho marco. Estas leyes instituyen lo que los propios actores mediadores de la corporación como el director del Área de Recursos Naturales e Infraestructura de la CEPAL, ex ministro de Fujimori y autor entonces de las leyes mineras del Perú de los`90 han denominado el inicio de la “institucionalidad” extractivista.
– Una vez que está la legislación, ¿cuál es la siguiente fase?
M.A.: Desde 2000 para otros países de la región, y desde el 2002 para Argentina, la siguiente fase fue el endeudamiento de los Estados de la región para llevar adelante la infraestructura interconectada que, tanto la mega-minería, como el modelo sojero, las pasteras, etc., requieren para extraer y sacar las materias primas. Este neo-mapa de la región en clave extractiva -de acumulación por desposesión (Harvey)- se denomina IIRSA -la Iniciativa de Infraestructura Interconectada para la región de Sud América- de la que no se habla, de la cual no hay datos para hacer estudios de derechos humanos y ambiente, y del que saben más las empresas contratistas y proveedores que la ciudadanía. A lo largo de aquella y de esta década, se han ido produciendo las disposiciones y normativas necesarias para viabilizar el modelo, e introducir diferentes componentes del aparato de Estado; regulaciones y facilitación de recursos -naturales, en especial, los reservorios de agua dulce; territoriales, políticos, sociales, profesionales-, entre los que se incluyen ciencia, tecnología e infraestructura. En el proceso abierto, ya el tratado binacional argentino- chileno compromete investigación minera para las empresas. Por otra parte, y en la misma década del 90, un punto de inflexión para la privatización y mercantilización de conocimientos lo instaura el Decreto-Ley del menemismo por el cual se crean las denominadas fundaciones, o unidades de servicios. Se trata de espacios de tráfico de la privatización y mercantilización que muestra, desde entonces, que muchas experiencias de “unidades de servicios” han devenido “unidades de negocios”.
-En el caso de Argentina, ¿cuándo comenzaron a dictarse leyes favorables para este sector?
M.S: Durante las dos presidencias de Menem se aprobaron una batería de leyes nacionales que establecieron la autoexclusión del Estado para llevar a cabo la actividad minera y en el otorgamiento de beneficios y exenciones al capital transnacional. En Argentina, primero se reformó el Código Minero y luego se sancionó la ley de inversión minera, pero el punto de inflexión fue la reforma de la Constitución en 1994, con la provincialización de los recursos naturales. Esto significó la renuncia del Estado nacional a la explotación de la minería y la posterior autoexclusión de las provincias, que abrieron la explotación al capital privado. Este modelo de transnacionalización encontró continuidad en la política de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. El primero declaró en 2004 el Pan Minero Nacional un “objetivo estratégico” y avanzó incluso en la exención total de IVA para la minería y otros puntos estratégicos para el desarrollo del sector, y la segunda aplicó el Veto Presidencial, a fines de 2008, a la Ley de Protección de los glaciares (ley 24.618), votada por una amplia mayoría del Congreso Nacional. Esto constituyó un claro gesto de apoyo a los intereses de la minería transnacional, en este caso en favor de la compañía Barrick Gold, quien a través del proyecto binacional Pascua-Lama, compartido con Chile, se encamina a desarrollar una explotación de oro y plata que afectaría a los glaciares de altura en la región cordillerana.
Sin beneficios, sin compensación
– Más allá de los aspectos negativos, ¿los estados provinciales y nacionales obtienen algún beneficio por la instalación de las industrias mineras? ¿Influyen significativamente en la creación de empleo, o por el porcentaje de las regalías?
M.S.: Las regalías provinciales son del 3%, aunque hay proyectos en algunas provincias (como en Neuquén) donde las regalías serian reducidas al 1,5%. Lo sucedido en Catamarca es emblemático, ya que Minera La Alumbrera, como caso testigo, mostró los límites de un modelo de desarrollo asociado al enclave de exportación. Cuando en 1997 se instaló Bajo la Alumbrera, la gente creyó en las promesas de empleo y desarrollo, con la expectativa de que, pese a que era un proyecto transnacional, la minera dejaría algún beneficio. Pero esas promesas fueron una gran mentira. Según un estudio de la Universidad de San Martín, el empleo directo fue de 831, 795 y 894 puestos de trabajo para los años 2000, 2001, y 2002 respectivamente. Y según la página de la empresa, en el yacimiento minero trabajan actualmente 1800 empleados. Y Catamarca sigue siendo una de las provincias más pobres y desiguales del país. Con los años, a la par que fueron cayendo los índices industriales y de la construcción, los niveles de pobreza de los catamarqueños continúan siendo muy elevados y la tasa de desocupación aumentó visiblemente. Hacia 2006, sólo en Andalgalá, ascendía a más del 25%. Basta añadir que Andalgalá, que se encuentra a tan sólo 60 kilómetros de la mina, fue declarada a mediados de 2009 en Emergencia Económica por la gravísima situación financiera que enfrenta el Municipio.
M.A.: También hay que decir de un hecho que contrasta con la declamada responsabilidad económica y social enarboladas por las empresas. En diciembre del 2007, cuando el gobierno decidió aplicar una retención de 5-10% a las exportaciones mineras de las empresas que hasta entonces estaban exentas por 30 años por los contratos de estabilidad tributaria a largo plazo, se da el respaldo corporativo a “las acciones legales iniciadas por las empresas afectadas por las alteraciones introducidas al régimen fiscal minero”. Lo que se estudiaba entonces era un esquema de retenciones móviles similar al que se utiliza en el petróleo. A mayor precio de los minerales, mayor debía haber sido el porcentaje para el fisco. Una de las empresas que inició una causa es Bajo La Alumbrera. En su defensa corporativa, el discurso empresarial usó el “imaginario del pueblo”, construyó como sinónimos “pueblo sanjuanino” y “pueblo minero”, para enunciar el rechazo al aumento de las retenciones, por considerarlas “un palo en la rueda del desarrollo”. El contraste surge cuando a comienzos de este año, el gerente de Barrick Pascua-Lama, en entrevista internacional para una publicación destinada al sector de inversores, proclama que con el actual precio de la plata, el oro a extraer tiene costo negativo, es decir, costo cero, su extracción les resulta gratis.
-¿Qué es lo que está sucediendo en Córdoba respecto a la actividad minera y la extracción de Uranio?
-M.A.: Existe una profunda preocupación en la ciudadanía y, en especial, en las localidades y comunidades de nuestras serranías, ante la decisión, por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, de admitir formalmente la acción declarativa de inconstitucionalidad entablada por la Cámara Empresaria Minera de la Provincia de Córdoba (CEMINCOR) y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (APCNEAN) en contra de la Provincia de Córdoba. Solicitan que se declare “inconstitucional” la ley 9.526, que prohíbe la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto y en todas sus etapas, también respecto de minerales nucleares tales como el uranio y el torio. Dicha prohibición rige, asimismo, para las minas concedidas, las que debían proceder al cierre, y en relación con el uso de cianuro y toda otra sustancia química contaminante, tóxica y/o peligrosa. Esta ley fue aprobada por la Legislatura Provincial a fines de septiembre 2008, luego de un profundo trabajo técnico y legal de meses, con la participación de todos los actores involucrados, en nombre del bien común y sin poner en riesgo el derecho al trabajo de los trabajadores mineros de las restantes actividades mineras autorizadas.
La preocupación de la ciudadanía cordobesa es fundada si tenemos en cuenta, además, que en el caso de nuestra provincia la zona comprometida con el uranio se encuentra sobre la Reserva Hídrica Provincial Pampa de Achala, donde nacen el río Chico de Nono y varios afluentes del río Mina Clavero, principales tributarios del embalse Medina Allende, que proveen de agua potable a localidades de los departamentos San Javier y San Alberto de la Provincia de Córdoba. La CNEA solicitó un pedido de exploración sobre una superficie de casi 5 mil hectáreas en las afueras de la localidad de Nono.
– A partir de la consideración de los “pasivos ambientales”, ¿existe alguna clase de compensación?
M.A.: En cuanto a las cifras declaradas por la CNEA sobre la cantidad de “pasivos ambientales” no hay certezas, si tomamos como referencias los datos aportados por este ente en diversas oportunidades. En proyectos en Mendoza y Córdoba, según la propia CNEA las minas han quedado sin remediar. Y ya la narrativa de fines de los `90 y de fin de la doble presidencia de Menem también aludía a destinos inciertos de fondos destinados a la remediación, en medio del cuestionado, por oscuro, traspaso de la política nuclear a empresas transnacionales. Los denominados “pasivos ambientales” hoy son reconocidos por el Estado y busca afrontarlos con el Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería de Uranio (PRA-MU), que está a cargo de la propia Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y para el cual el Estado se ha endeudado con un crédito del BID por 30 millones de dólares.
-Uno de los aspectos que analiza el libro es cómo los medios de comunicación, las agencias científicas y universidades nacionales justifican el modelo extractivista. ¿De qué manera actúan estas empresas para alcanzar esta clase de alianzas?
M.A.: Estas relaciones no son isomórficas ni homogéneas. Un específico macro proceso involucrado es el de la privatización y mercantilización del conocimiento público, en especial desde los ‘90, si bien comienza a perfilarse en los ‘80, y que consiste en la retracción del Estado, vía el desfinanciamiento, con el concomitante protagonismo del actor empresarial. En ese marco, y luego con la nueva Ley de Educación superior del menemismo, los profesionales de varias ramas de las ingenierías -geología, recursos hídricos, vial, minería, etc.- producen relevamientos y sistematización de datos que se destinan a los capitales extractivos, recordemos que el Estado se autoinhibió. También las diversas formas que adoptó la venta de conocimientos -vía fundaciones, unidades de transferencia, etc.- afianzaron no sólo la atención de los intereses del sector, sino también la privatización encubierta, no explicitada, de las universidades. En el año 2005, del presupuesto total de la UBA, por ejemplo, un 40% provenía del financiamiento privado. Este modelo general es, también, el que se verifica en el caso de la mega-minería, incluyendo la del uranio. Desde 2005 se han intensificado las normativas que transfieren y condicionan lo público a lo privado, según las lógicas e intereses del mercado. Una lectura del organigrama del Estado nacional hoy, es elocuente respecto a que la producción orientada a las empresas tiene envergadura ministerial.
De esta manera, profesionales de doble inscripción, o financiados por las empresas, resultan estratégicas voces universitarias y de agencias científico-tecnológicas públicas que autorizan el modelo extractivo, co-implican en ello la legitimidad de instituciones del Estado en un proceso de oposición y réplicas a los movimientos socioambientales y de descalificación de la sanción de leyes de prohibición de esta minería a cielo abierto y con sustancias tóxicas en numerosas provincias argentinas. También estigmatizan o descalifican las voces de científicos críticos. Y esto último, no sólo respecto a los intereses corporativos mineros.
Una de las excepciones más recientes a la cooptación aludida ha sido expresada por la UNC, en los considerandos de la resolución por la cual el HCS rechazara los fondos provenientes de las utilidades de YMAD-Bajo La Alumbrera, en diciembre pasado. Llamativamente, medios locales y nacionales se abstuvieron de darlos a conocer.
-¿Cuál es la situación actual de la legislación, tanto a nivel nacional como en las provincias afectadas por este problema?
M.S.: En nuestro país, luego de la consulta popular de Esquel, y gracias a la articulación de las resistencias, siete provincias argentinas sancionaron una legislación que prohíbe la minería, con algún o varios tipos de sustancias tóxicas. Sin embargo, como lo muestra de manera escandalosa el caso de La Rioja (donde la ley de prohibición a la mega-minería fue sancionada en 2007 y derogada un año más tarde, por el mismo gobernador), en Argentina las diferentes leyes provinciales lejos están de constituir una garantía absoluta, frente a los grandes intereses económicos en juego.
M.A.: En efecto, en el caso de la Rioja, la ley de prohibición de la mega-minería sancionada como promesa a la ciudadanía en campaña electoral de Beder Herrera, fue derogada en agosto de 2008, por la capacidad de lobby de la corporación minera, directa beneficiaria de los minerales, incluido el uranio. Cabe recordar que, con pasmosa celeridad, al día siguiente de derogada la ley de prohibición, la CNEA firmaba el convenio con la provincia de La Rioja para explotar el uranio, y al mes, en setiembre de 2008, se iniciaba la actividad privada transnacional.
-En este contexto de explotación desmedida de los recursos y de crisis ecológica, surgen las organizaciones y las asambleas de ciudadanos que buscan la protección del medioambiente y se oponen a la explotación minera. ¿Cuáles han sido los logros que han obtenido estas asociaciones y cuáles las limitaciones que han encontrado?
M.S.: Entre 2003 y 2008, gracias a la articulación de resistencias regionales, siete provincias sancionaron leyes prohibiendo, en algunos aspectos, este tipo de minería. Nos referimos a las provincias de Chubut (2003), Río Negro (2005), La Rioja (2007, anulada en el 2008) Tucumán, Mendoza y La Pampa (2007 – año electoral) y, por último, (2008) Córdoba y San Luis. Tres factores clave jugaron en favor: movilización multisectorial, información y redes territoriales. Hoy existen unas 70 asambleas de vecinos autoconvocados, que incluyen desde amas de casa, comerciantes hasta productores y profesionales. Contrariamente a lo que divulgan gobiernos y empresas transnacionales, y gracias a la elaboración de un saber experto independiente realizado por profesionales, cada vez son más las comunidades informadas que toman conciencia de lo que significa la instalación de un emprendimiento minero a cielo abierto, tanto en lo que se refiere a su impacto económico y ambiental, como al enorme consumo de agua y energía que éstos conllevan.
M.A.: -En tal sentido, recientes “contra-informes,” tal la denominación en uso, están produciendo un saber controlado y plausible sobre los impactos, pero también, sobre las falacias, omisiones, etc., de los informes de impacto ambiental presentados por las empresas y rubricados por profesionales vinculados al sector. Además de biólogos y economistas, entre otros, equipos de arqueólogos han demostrado -con el aporte del conocimiento de los “rastreadores de territorio” que son los propios pobladores- el patrimonio en riesgo o dañado, y negado por empresas. Por ejemplo, en Veladero (Biósfera de San Guillermo, San Juan, entregada por decreto de Gioja, en 2002, a Barrick Gold); y también en Sanagasta, provincia de La Rioja, donde se pretende extraer uranio. De igual manera, con datos, registros y testimonios, recientes informes de derechos humanos no estatales arrojan indicadores preocupantes respecto a violación de derechos vinculados a la tierra, al territorio, a la igualdad ambiental, etc. Y tanto o más preocupante, el informe reciente sobre infancia, donde se afirma que más de 5 millones de niños en Argentina están en riesgo ambiental, sin poder ponderar el daño producido o en curso por la minería, porque no hay datos oficiales ni empresariales.
– ¿Hay provincias o regiones más sensibles a la situación?
M.S.: -Sí, por supuesto. La conflictividad y la configuración de escenarios de lucha deben ser leídas en clave provincial y regional, antes que desde una perspectiva nacional. Una cuestión importante es que, pese a que la provincialización de los recursos naturales trajo consigo una gran fragmentación, visible en la posibilidad de un mayor enclaustramiento en las dinámicas locales, la minería se topó con “eslabones fuertes” en aquellas provincias y regiones que cuentan con una economía más diversificada y una matriz social más abierta. En otros términos, allí dónde había una pequeña o mediana burguesía arraigada al territorio y la producción local era medianamente competitiva, la resistencia al gran capital internacional extractivista resultó ser más efectiva que en aquellas otras regiones y/o provincias muy sumergidas, o ya colonizadas o devastadas social y ambientalmente. Por otro lado, la provincialización abrió a nuevas oportunidades políticas, y en esa brecha, las legislaturas de siete provincias (con avances y retrocesos, en un escenario todavía abierto), presionadas por las asambleas socio-ambientales y algunos políticos locales, sancionaron leyes que prohíben la mega-minería a cielo abierto. Vinculado con lo anterior, la existencia de espacios regionales, con similares características socio-demográficas también devino un factor relevante en el proceso de articulación de las resistencias, contribuyendo a la ampliación de oportunidades políticas. Por último, tanto “el efecto Esquel” (en su dimensión positiva, como “modelo ejemplar”), así como “el efecto La Alumbrera” (los efectos negativos están ahí, como contramodelo), jugaron un rol innegable, lo que sumado a la articulación de los colectivos y la construcción de redes territoriales le otorgó al movimiento una importante potencialidad.
–¿Cómo reacción las empresas y los gobiernos provinciales frente a los logros de las organizaciones?
M.S.: Las empresas y los gobiernos apuntan no sólo a las brechas abiertas que han dejado las diferentes leyes prohibitivas a fin de llevar a cabo los emprendimientos (con propuestas de zonificación territorial, que incluyen “áreas de sacrificio”, o llevando a cabo metodologías de extracción sin cianuro), sino que desde 2009 existen numerosas presiones para derogar las leyes “del no” (como ahora se advierte para el caso de Córdoba y Mendoza). Desde 2009, se han acentuado los episodios represivos (como en La Rioja y Catamarca) y, por supuesto, se ha instalado una política de judicialización y criminalización. En un momento en el que se está definiendo la figura del nuevo adversario, se busca instalar la figura del “ecoterrorista” a nivel continental, lo cual es particularmente preocupante.
– ¿Cuál es, en líneas generales, la situación de países como Bolivia, Chile, Perú y Ecuador, que tienen una tradición minera mucho más extensa que la nuestra?
M.S.: Hasta hace poco tiempo, en América Latina había sólo cuatro países con una tradición minera importante: Chile, Perú, Bolivia y México. Sin embargo, la reforma de los `90 incluyó a países que no eran “tradicionalmente” mineros, como Argentina, Ecuador, Venezuela, Honduras y Guatemala. En países como Francia, Bélgica, Alemania, Inglaterra -entre otros- la actividad minera se ha ido retirando de manera acelerada en los años `70 y `80 y hoy en día solo quedan algunos pequeños rezagos. La exigente normativa de la Comunidad Europea (recientemente, en una declaración de mayo de 2010, el Parlamento Europeo propone la prohibición de este tipo de minería), que conlleva a que los proyectos sean rechazados por implicar un alto costo ambiental, es presentada en América Latina como una suerte de oportunidad “histórica” para los territorios. Así, entre los diez países que recibieron inversión minera entre 1990 y 2001, cuatro de ellos son de América Latina: Chile (en el primer puesto), Perú (sexto), Argentina (noveno) y México (décimo). Esta expansión se concentró en Sudamérica, pero cada vez hay más indicios de que en años venideros Centroamérica también verá un marcado incremento de inversión minera, proceso que ya comenzó en Guatemala y Honduras, teniendo en cuenta el crecimiento de la demanda de países como China e India.
Asimismo, las resistencias sociales a este tipo de emprendimientos, se han extendido en toda América Latina, desde México a la Argentina.
RESEÑA BIO-BIBLIOGRÁFICA
Mirta Alejandra Antonelli es Licenciada y Profesora en Letras Modernas y Magister en Sociosemiótica (UNC).
En la actualidad se desempeña como docente e investigadora en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la misma universidad. Es coordinadora del Programa Discurso, Cultura Mediática y Poder y directora del proyecto Dispositivos hegemónicos y construcción de neo-mapas en la Argentina actual. Conflicto, territorio, verdad y formas jurídicas de la mega-minería aurífera. Integra la investigación en red Modelos de desarrollo: actores, disputas y nuevos escenarios en la Argentina.
Profesora invitada en universidades del extranjero.
Publicó en numerosas publicaciones nacionales y extranjeras y compiló Cartografías de la Argentina de los `90: cultura mediática, política y sociedad.
Maristella Svampa es licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba y Doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS) de París. Es investigadora independiente del Conicet (Centro Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), en Argentina, y profesora de la Universidad Nacional de La Plata. En 2006 recibió la Guggenheim Fellowship y el premio Kónex al mérito en sociología (Argentina). Entre sus libros se encuentran Los que ganaron. La vida en los countries y barrios privados (2001), Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras (2003, en coautoría), La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo (2005), El dilema argentino: Civilización o Barbarie, (reeditado en 2006), y Cambio de época, Movimientos sociales y poder político (2008). Es coeditora del libro Gerard Althabe, entre dos mundos (2008), y de Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales (2009). Este año publicará Balance y Perspectivas: Política e intelectuales en el primer gobierno de Evo Morales, junto con Pablo Stefanoni y Bruno Bornillo, en Argentina y Bolivia.
