El debate acerca de la actividad minera ha llegado a un punto que, a nuestro juicio, conduce a dos situaciones peligrosas en relación con las interacciones necesarias para avanzar en la democratización de la sociedad y en ese contexto discutir la minería como parte del modelo extractivo. El movimiento contra las actividades extractivas necesita de terceros aliados que le permitan conseguir visibilidad, así como espacios de democratización institucional donde sus reclamos sean efectivizados. En la Argentina este movimiento social contiene distintas organizaciones con diferentes sujetos –campesinos, indígenas, poblaciones cordilleranas y patagónicas o aquellas que piden “paren de fumigar”– y mantiene diferentes tipos de relaciones con el Estado. La principal disputa es con las corporaciones económicas transnacionales o inversores nacionales o extranjeros y, en tal sentido, el Estado en sus distintos niveles cumple papeles diferentes y, por tal razón, no hay un solo modo dentro del movimiento de relacionarse con él (pasa lo mismo en el resto de América latina).
Las asambleas de autoconvocados contra la megaminería han tenido desde su formación distintas posiciones en relación con el Estado pero siempre han buscado alianzas con terceros para dar a conocer los enfrentamientos o llegar a quienes demandan. Dentro de estos “terceros” últimamente apareció el Grupo Clarín, primero en Famatina y luego en Catamarca, donde propuso poner la resistencia en la mira nacional por su capacidad de llegar a todo el país.
Es importante señalar que su llegada a Famatina (donde estuvimos) desató discusiones dentro de los pobladores en el corte y sus periodistas recibieron tantos aplausos como silbatinas en sus transmisiones. Esta intervención, como era de esperar, tuvo consecuencias no deseadas: a partir de allí, y sobre todo de los sucesos represivos de Tinogasta, nuevamente el espacio sociopolítico comenzó a ser presentado de un modo binario; Clarín-Gobierno. El peligro que esta situación acarrea es que las organizaciones en resistencia y los “terceros comprometidos” queden atrapados en esta falsa disyuntiva por agradecimiento a un medio que los puso en imágenes y por la falta de diálogo con el Estado.
En el espacio progresista de esta sociedad existe la reiterada necesidad de una coherencia entre el pasado y el presente, porque lo que ocurrió de 1976 a 1983 es de tamaña magnitud que no puede borrarse de las biografías sociales o personales. Monsanto, la Barrick Gold, pero también Ledesma o el Grupo Clarín deben ser juzgados por el daño que hacen hoy y por lo que algunos de ellos significaron durante la dictadura. No pueden convertirse en aliados tácticos ni estratégicos de ningún movimiento social que se reivindique como tal, es decir con un mínimo sentido emancipador. En síntesis, el primer peligro que visualizamos reside en que algunas de las organizaciones en resistencias o de los terceros comprometidos, crean que Clarín juega un papel “progresista” en estas resistencias porque otorga cámara u ofrece espacios de debates en sus medios, con toda la legitimidad que supone ocupar esos espacios; debe quedar claro que no es eso lo que está en discusión sino la caracterización del vínculo.
El segundo peligro que avizoramos tiene que ver con lo que está ocurriendo del lado de los actores del campo estatal y sus terceros aliados. Como la causa minera está apoyada por su enemigo central de los últimos años, están tentados a negarse a discriminar entre este hecho y el problema propiamente dicho y muchos “cierran filas” defendiendo la minería y desvalorizando a las poblaciones en resistencia con epítetos tales como “fundamentalistas”, “ignorantes”, “hacerle el juego a la derecha”. En las últimas semanas, comunicadores con largas y coherentes trayectorias progresistas se han enganchado en la ridícula discusión de si una minera usa o no cianuro o, peor aún, “invisibilizando” represiones o “patoterismo” empresarial, “para no hacerle el juego a la corpo”. Ni hablar de las posturas de “intelectuales” que aunque ignoran en profundidad lo que ocurre salen a levantar banderas empresariales más que estatales.
Debemos recordarles a todos ellos que la lucha contra las corporaciones mineras atraviesa el mundo y que no existen sujetos progresistas de ningún tinte en este siglo XXI que no critiquen sostenidamente a estas corporaciones por devastadoras, contaminantes y corruptas. Caer en la trampa del planteo “desarrollo vs. ecología” muestra la falta de actualización en la lectura de los ricos debates de América latina. Discusión que es dura y profunda en los países que sufren esta devastación “extractivista” en sus territorios, como por ejemplo Bolivia y Ecuador. Juan Perón, quien fue un pionero en estos debates, lo previó en 1972 y dejó un magnífico legado ambiental (que era mucho más que eso) “a los pueblos y gobiernos del mundo”.
Clarín, que acepta propaganda comercial de los mineros, que es socio del negocio sojero y que fue cómplice activo de la ominosa dictadura, no es “un tercero” confiable para ningún movimiento social aunque saque a la luz lo que otros medios callan; por otro lado, perder la posibilidad de un debate en tensión (donde hay más de una posición) en el espacio oficial puede derivar en situaciones peligrosas para las poblaciones en resistencia y para una discusión seria acerca de la relación entre economía y política democratizadora en el país. A nuestro juicio, perder la crítica y la discusión interna dentro de los espacios del Gobierno y sus aliados es tan alarmante como negar la historia de Clarín y convertirlo en un “tercero partícipe” de las luchas socioterritoriales.
Norma Giarraca. Socióloga. Instituto Gino Germani-UBA.
