Mèxico – 31/05/08. La mina de carbón de Pasta de Conchos en Coahuila, municipio de Sabinas, hoy paralizada, propiedad de Industria Minera México, operaba en condiciones laborales de higiene y seguridad industrial deplorables. Muestra de ello es el accidente del 15 de febrero de 2006, que sepultó a 65 mineros por un derrumbe en el túnel principal por falta del ademe de protección. La empresa hace 13 meses determinó, unilateralmente, suspendió los trabajos de rescate de cuerpos, sin que haya autoridad capaz de obligarlos a cumplir con los deudos de los trabajadores. Es que cuando se llegue al sitio en donde se encontraban los mineros se comprobará que no murieron por la explosión, sino de asfixia por la falta de equipo para sobrevivir. El equipo de Pastoral Laboral y otras organizaciones, este domingo parten en una caravana para respaldar la lucha de las mujeres que están en plantón frente a la mina para evitar que la empresa tape la boca del túnel para impedir, por siempre, la continuación de las labores de rescate.
Por Jesús González Schmal*
Lo que ocurre en la industria minera puede ilustrar lo que significa la privatización, vía concesiones de explotación, de los yacimientos minerales propiedad originaria de la nación. En este sector fue relevante la desestatización de la actividad económica de gran potencial de empleo y generadora de impresionantes niveles de utilidades. En la industria acerera Carlos Salinas privatizó toda la cadena productiva, desde la extracción del carbón hasta la manufactura de productos terminados. Se remató Altos Hornos de Monclova y se entregaron las reservas de carbón a diferentes empresas, entre las que destaca Grupo Minero México que, a su vez, obtuvo a precio de regalo otro conjunto de explotaciones mineras de distintos minerales en toda la República (hoy en huelga, por cierto).
Esta empresa, como tantas del ramo en el mundo, están recibiendo los beneficios de los desorbitantes precios de productos minerales que han seguido la tendencia de los aumentos del crudo petrolero. Las utilidades, de por sí cuantiosas, se han disparado y se augura esta tendencia en un futuro próximo y remoto. Todo muy bien y… ¿La responsabilidad social? Esa queda a juzgarse por los hechos.
De nadie es desconocido lo ocurrido en la mina de Pasta de Conchos en la zona carbonífera de Coahuila, dentro del municipio de Sabinas. Esta mina hoy paralizada, propiedad de Industria Minera México (Germán Larrea y Francisco García de Quevedo), operaba en condiciones laborales de higiene y seguridad industrial deplorables. La Secretaría del Trabajo, que había constatado la situación, guardó criminal pasividad (no fue casualidad que Larrea fuera prominente miembro del grupo Amigos de Fox) y la consecuencia fue el accidente del 15 de febrero de 2006, cuando quedaron sepultados 65 mineros por un derrumbe ocurrido en el túnel principal que, por falta del ademe de protección, fue fatal.
Las viudas, padres e hijos de los mineros que fueron víctimas han sufrido durante estos 27 meses un vía crucis tocando puertas, no sólo porque quedaron en el peor desamparo para sobrevivir, porque hasta el Seguro Social y las juntas de trabajo se han coludido para proteger a la empresa, sino porque su más elemental derecho de enterrar a sus muertos les ha sido impedido porque la Secretaría del Trabajo, y ahora la Secretaría de Gobernación, siguen solapando la irresponsabilidad de la empresa que desde hace 13 meses determinó, unilateralmente, que suspendía los trabajos de rescate de cuerpos, sin que a la fecha haya autoridad capaz de obligarlos a cumplir con los deudos de los trabajadores sacrificados.
Es obvio que la razón por la que Minera México ha detenido las excavaciones y el retiro de escombros es la de que, como lo han evidenciado los ingenieros metalúrgicos independientes que han hecho los estudios, cuando se llegue al sitio en donde se encontraban los mineros se podrá comprobar que no murieron por la explosión, sino de asfixia —por la falta de equipo para sobrevivir— y de medidas de emergencia necesarias para actuar en esos casos extremos.
El equipo de Pastoral Laboral y un conjunto de organizaciones de ejemplar disposición de fraternidad y solidaridad con las viudas de Pasta de Conchos se preparan este domingo para partir en una caravana que se iniciará, precisamente al mediodía, en Polanco frente a las oficina de Grupo Minera México, para llegar a Pasta de Conchos hacia la madrugada del lunes 2 y respaldar la lucha de las mujeres que están en plantón frente a la mina para evitar que la empresa tape la boca del túnel para impedir, por siempre, la continuación de las labores de rescate.
En el trayecto a Coahuila la caravana hará una escala en San Luis Potosí para adherirse a la batalla que los potosinos libran contra otra depredación ecológica de la concesionaria Minera de San Javier, de nacionalidad canadiense, que también, en un acto de cinismo y de irresponsabilidad social, está devastando el cerro y el poblado de San Pedro, que es un patrimonio cultural fundacional de San Luis. Así las concesiones mineras cumplen con los mexicanos.
La ausencia de autoridad en el Poder Ejecutivo para hacer justicia en Pasta de Conchos y detener el ecocidio en San Luis Potosí es manifiesta. El país no sólo está a expensas de las fuerzas militares y policiacas que de facto, suspenden garantías, mientras las mafias cambian de patrocinadores oficiales para continuar el negocio. También el gremio empresarial, privilegiado con las concesiones mineras, colabora con la ruina nacional al dejar claro que, como los grandes capos de la droga, para ellos, no hay ley ni responsabilidad social que valga. Parecería que también los empresarios mineros intentan echarle más gasolina a la hoguera.
*Profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM
