Ricardo Villalba , el director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, sostiene que nadie puede oponerse a resguardar las fuentes de agua.
Fuente: diario La Voz
16/08/2010. La nueva versión de la ley de glaciares aprobada por la Cámara de Diputados de la Nación otorga un rol fundamental a una institución nacional que era desconocida hasta hace poco tiempo. Se trata del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), que depende del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y tiene sede en la provincia de Mendoza.
Según el proyecto, al que sólo le falta la sanción definitiva por parte del Senado, el Ianigla será el brazo del Estado que deberá hacer cumplir el control sobre los glaciares de todo el territorio argentino. Su primera y fundamental tarea será encarar algo que Argentina jamás hizo: relevar la totalidad de glaciares del país.
Pero será el primer capítulo de ese relevamiento el que provocará mayores polémica y problemas. La nueva ley, por un cambio de último momento, determina que el Ianigla deberá abocarse primero a relevar los lugares donde están funcionando o estén por funcionar los principales emprendimientos mineros a cielo abierto de la Argentina.
El presidente del instituto es el doctor en geociencia Ricardo Villalba, con formación de posgrado en las universidades estadounidenses de Colorado y Columbia, cuya especialidad dentro de la glaciología son las fluctuaciones de los glaciares.
-¿Cómo vio la discusión en el Congreso por esta ley?
-Hemos estado involucrados, como instituto, desde el punto de vista técnico y científico desde los primeros proyectos que se presentaron en 2006. Trabajamos con Marta Maffei, en forma indirecta con el proyecto que elaboró Miguel Bonasso y también con el de Daniel Filmus, siempre desde lo técnico. Este proyecto que aprobó Diputados es justamente una fusión de todos, que eran muy similares. Esta media sanción que recibió es muy auspiciosa para nosotros y esperemos que se apruebe en el Senado y el país pueda contar con la ley.
-La propuesta pone en primer plano al Ianigla. Van a abandonar el “anonimato”.
-Somos parte del Conicet y, en conjunto con la Universidad de Cuyo y las provincias de Mendoza y San Juan, Ianigla es la unidad ejecutora que viene desarrollando una gran cantidad de investigaciones glaciológicas. Hicimos fuerte hincapié en la necesidad de un inventario de glaciares, porque no se puede hablar de un recurso que no sabemos dónde está, ni cómo se encuentra ni cómo está evolucionando. Hasta ahora se hizo en parcelas, jamás uno nacional. Ianigla hizo inventarios en la década del ’80, en las cuencas de los ríos Mendoza, Atuel y San Juan, pero basados en fotos aéreas de 1963, un elemento obsoleto que ya tiene 50 años.
-¿Les molesta que lo primero que tendrán que hacer es ir a inspeccionar las zonas de las minas a cielo abierto?
-Justo ese punto era muy difícil de solucionar, el tener que ir primero ahí. Pero obviamente, ante esta situación, de no tener inventario, no se puede saber si una compañía minera o petrolera está trabajando o no sobre el glaciar. Uno no puede ir y detener el trabajo de la empresa y las obras si no se sabe si están dañando un glaciar. Haremos el inventario y luego los estudios de impacto ambiental.
-Si una minera afecta no sólo los glaciares visibles sino los escombros de glaciares y el permafrost (el suelo congelado), ¿debe paralizar el emprendimiento?
-Todos esos tipos de glaciares estarán dentro del inventario. Nuestra misión es decir “aquí hay un glaciar”. Luego, el estudio de impacto ambiental, que no lo tiene que hacer nuestro instituto, dirá que si se afecta el cuerpo de hielo, esa obra se tiene que detener. Yo entiendo que ese es el procedimiento que debe aplicarse para que no se siga dañando un glaciar. Los glaciares son cuerpos de hielo proveedores de agua de primera calidad; no podemos permitir ninguna actividad que los dañe.
-¿Por qué es tan polémico algo que parece claro?
-Muchos ven el proyecto de protección de glaciares como una ley antiminera. La situación tiene que estar clara, lo que se pide es proteger el área de la cordillera que cumple con la función fundamental como fuente proveedora de agua. En Mendoza, los glaciares son menos del uno por ciento de la superficie provincial, pero en épocas de sequía ese uno por ciento puede proveernos por años hasta el 40 por ciento del caudal del río. Protegiendo ese uno por ciento amortiguamos la seguía en un 40 por ciento; queda el 99 por ciento de la provincia para otras actividades. Si las compañías mineras consideran que esta es una ley antiminera, es erróneo.
-¿El instituto tiene los medios para hacerse cargo de todo lo que pide la ley?
-Es un desafío muy grande. No tenemos recursos enormes. Nuestra principal tarea será coordinar con universidades y organismos de todo el país. El Ianigla cuenta con más de 100 personas, pero la glaciología es sólo una de las numerosas áreas de trabajo. Sólo tenemos seis u ocho glaciólogos y 15 ó 20 personas en formación. Hay que formar más gente, porque los glaciólogos que tenemos hoy son investigadores, tienen sus obligaciones contraídas y vamos a necesitar gente dedicada ciento por ciento al inventario de glaciares.
