En América Latina y el Caribe los Tratados de Libre Comercio son una continua fuente de conflictos y de oposición social. Muchas realidades y estudios constatan y denuncian los negativos efectos sociales, económicos, culturales y ambientales que ha representado para la región la firma de estos tratados. Impactos económicos, sociales y ambientales.
Por Mónica Vargas y Tom Kucharz
04/08/2010. El peor referente se ubica en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado entre EEUU, Canadá y México.
Con 16 años de existencia, ha permitido comprobar cómo aumentó el desempleo en los tres países, se agravó el desplazamiento campo-ciudad (así como la migración Sur-Norte), se intensificó la destrucción ambiental y fue mermada la Soberanía Alimentaria, especialmente en las comunidades campesinas e indígenas.
Pero la UE también demuestra gran interés por el ‘pastel’ latinoamericano. La región dispone de abundantes recursos naturales estratégicos tales como los hidrocarburos, los minerales, la biodiversidad, las tierras fértiles y el agua. Además, esto implica un interés importante en términos del control sobre las comunicaciones, la energía, el transporte y la banca. La globalización comercial y financiera es imprescindible para que la UE pueda mantener el crecimiento económico, ya que le permite acceder a los recursos naturales en el extranjero que demanda su cadena de producción y consumo, así como la proyección de sus transnacionales a nivel global y para el refuerzo de su posicionamiento e influencia en el mapa geo-político mundial. Los Estados de América Latina y el Caribe representan sólo el 5% del comercio exterior de la UE, habiéndose incrementado el volumen comercial más del doble entre 1990 y 2006. Desde sus países se exporta a la UE sobre todo productos agrícolas y materias primas e importan de Europa maquinaria, equipamiento para transporte y productos químicos.
Los Tratados promovidos por la Unión Europea con América Latina y el Caribe
La UE firmó acuerdos comerciales en el 2000 con México, en el 2002 con Chile y desde el 2004 las negociaciones con los países del MERCOSUR se encuentran estancadas. En el 2008 firmó un Acuerdo de Partenariado Económico con los 15 países caribeños que obliga a éstos a eliminar sus aranceles de al menos el 80% de las importaciones de la Unión Europea por un período de 15 años. En 2009, la Unión Europea reafirmó su intención de finalizar las negociaciones del Acuerdo con Centroamérica, incluyendo a Honduras a pesar del Golpe de Estado. También las negociaciones con Perú y Colombia evidencian que sobre los ‘principios democráticos’ priman los intereses económicos. En particular, el gobierno español defiende la consecución del Tratado de Libre Comercio entre la UE y Colombia pese a las graves y sistemáticas violaciones de los Derechos Humanos en el país andino, cometidas en su mayoría por agentes del Estado. Ecuador y Bolivia se han negado a aceptar este tipo de tratados. Bolivia planteó el reconocimiento de las asimetrías económicas entre los países europeos y andinos; la exclusión en la negociación de los temas que conduzcan a la reducción del papel del Estado y de los servicios públicos, o que impidan políticas públicas en el ámbito económico, social, ambiental y cultural; y la no mercantilización de la agricultura, los servicios ambientales, la biodiversidad y los conocimientos tradicionales.
Impactos económicos, sociales y ambientales
Las estimaciones de los impactos de la liberalización del comercio dentro de la propia UE concluyen que donde más pérdidas de empleo habría sería en los sectores agrícola y manufacturero (grano, productos cárnicos y lácteos, azúcar, alimentos procesados, entre otros). ¿Y cuáles serían los impactos en América Latina? Con la liberalización de las inversiones, se fortalecerán los monopolios empresariales y el modelo basado en la extracción de recursos naturales, con enormes impactos socio-ambientales que perpetúan a su vez las causas estructurales de pobreza, miseria y desempleo.
La UE aspira también a una máxima protección posible de los derechos de propiedad intelectual. Esto resulta particularmente preocupante en lo que concierne a las plantas y semillas, puesto que la UE exige una adhesión a la Convención de UPOV 91 (una manera de apropiación cercana a las patentes), exigiendo patentes para productos biológicos, biotecnológicos, y medicamentos (que pueden derivar de saberes tradicionales). Así, en el campo, mediante las negociaciones comerciales, se sacrifica la agricultura familiar sostenible y en consecuencia la garantía de una alimentación sana, diversa y segura. Por ello, La Vía Campesina y otras organizaciones sociales exigen que la agricultura no sea incluida en las negociaciones comerciales, y que se priorice el comercio regional.
A nivel medioambiental, es importante recordar la Deuda Ecológica que la UE ya tiene con los países del Sur, y que se incrementará con la firma de los Tratados de Libre Comercio. En efecto, el incremento de gases de efecto invernadero y la pérdida de biodiversidad son en gran medida responsabilidad de la UE, no sólo por las emisiones en su propio territorio, sino también por las actividades de sus empresas en el extranjero y por el consumo de bienes y servicios producidos fuera de la UE. Un claro ejemplo de ello se ubica en el hecho de que la UE es el mayor importador mundial de alimentos, en particular piensos para alimentación ganadera. En 2008, era el segundo mayor importador mundial de soja, con un volumen de importaciones de unos 13 millones de toneladas de habas de soja y más de 22,4 millones de toneladas de harina de soja, procedentes principalmente de Brasil y Argentina, provocando deforestación, pérdida de biodiversidad y desplazamiento forzado de población indígena y campesina. La firma de nuevos tratados no haría más que consolidar un modelo agroexportador que se caracteriza por un dramático vaciamiento del campo, un giro al latifundio, a la concentración de la tierra en pocas manos, a la industrialización de la agricultura con el consiguiente desabastecimiento y desaparición de los mercados locales, y la puesta en peligro de la alimentación de las personas más desfavorecidas.
Megaproyectos: las venas del libre comercio
Otro de los aspectos que se debe tener en cuenta en la puesta en marcha del sistema del libre comercio son las bases físicas que requiere. Las materias primas y las mercancías no se “tele-transportan” de los distintos lugares de producción a los centros de consumo, pasando por los de ensamblaje y almacenaje intermedios, sino que al contrario, requieren de corredores productivos que toman la forma de redes de infraestructuras económicas. Estas redes son establecidas desde una lógica de integración territorial transnacional y asimétrica, interfiriendo en el medio ambiente y en la vida de los pobladores locales. En América Latina, han tomado la forma del Plan Mesoamérica y de IIRSA, caracterizándose por la generación de deuda externa, de importantes conflictos sociales y ambientales, y la ausencia de transparencia y de participación social en todas sus fases de implementación. Entre las entidades que los promueven encontramos instancias públicas españolas tales como el Instituto Español de Comercio Exterior y el Instituto de Crédito Oficial de España; y capital privado como Endesa, Iberdrola y Abengoa que se han visto beneficiadas de distintas maneras por el gobierno español. También es destacable la presencia del Banco Santander que ha financiado hasta enero de 2010 uno de los proyectos de mayor impacto social y ambiental, el Complejo del Río Madera, destinado no solamente a la generación de energía para la industria, sino también a la construcción de rutas alternativas para la exportación de la soja brasileña hacia los mercados europeos.
Independientemente de la firma o no de Tratados de Libre Comercio, los megaproyectos siguen siendo puestos en marcha, puesto que están diseñados para servir los intereses de las empresas transnacionales en la extracción de recursos y el transporte de mercancías.
Denunciar los crímenes de las multinacionales y “enlazar alternativas”
La Red Enlazando Alternativas denuncia la responsabilidad de las transnacionales europeas en las violaciones continuas y sistemáticas de derechos humanos, económicos, políticos, sociales y culturales, así como la destrucción generalizada y a veces irreversible del ambiente, y el total desprecio por los medios de vida y bienestar de las comunidades indígenas.
Enlazando Alternativas exige a la Unión Europea que acometa una drástica reducción de su consumo de materiales y energía, reconociendo y reparando la Deuda Ecológica generada. Ello implica, entre otras cosas, renunciar a la firma de los Tratados de Libre Comercio.
En los pueblos latinoamericanos sí existe una voluntad para una integración regional, pero con una óptica completamente diferente: amplias redes de la sociedad civil, organizaciones campesinas, afro descendientes e indígenas que construyen la Soberanía Alimentaria, intentan recuperar la gestión pública sobre los recursos naturales y sectores estratégicos, así como promueven activamente derechos básicos como el agua, la salud o la educación.
Mónica Vargas, Observatorio de la Deuda en la Globalización. Tom Kucharz, Ecologistas en Acción
Publicado en la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas, nº1, 2010.
Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)
www.omal.info
