Como si fuera una consulta de verdad, el Ministerio de de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones somete a consulta pública el ante proyecto de ley Código de Minería y le da un plazo de 30 días a la gente para que haga llegar las observaciones con “la respectiva justificación técnica o legal en idioma español”. Una visión general y una primera lectura del anteproyecto crea de inmediato la sospecha de que detrás del mismo están las transnacionales mineras que lo están impulsando, respaldados por los representantes del ejecutivo claramente identificados con la actividad minera. Veamos algunas razones:
Por Marco Tulio Araya
Costar Rica – 01/08/09.
Proyecto código de minería: ¡otro ridículo del gobierno!
Como si fuera una consulta de verdad, el Ministerio de de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones somete a consulta pública (de a mentirillas) el ante proyecto de ley Código de Minería y le da un plazo de 30 días a la gente para que haga llegar las observaciones con “la respectiva justificación técnica o legal en idioma español”.
Una visión general y una primera lectura del anteproyecto crea de inmediato la sospecha de que detrás del mismo están las transnacionales mineras que lo están impulsando, respaldados por los representantes del ejecutivo claramente identificados con la actividad minera. Veamos algunas razones:
La declaratoria de interés público y de conveniencia nacional, ahora de toda la actividad minera está en el artículo tercero en donde obliga al país a fomentar la minería mediante políticas públicas y programas orientados a atraer inversiones en un proceso que culminaría, cáigase usted de espaldas, con la creación del Ministerio de Minas. Es decir, lo que quieren es equiparar la actividad minera con la agricultura, el comercio, la educación, la salud o el turismo.
Este proyecto de nuevo código de minería convierte al presidente de la República en amo y señor del subsuelo elevándolo a la categoría de un dios (muy apropiado para alimentar el ego del Presidente Arias), con facultades de otorgar concesiones a quien quiera incluso para crear zonas de reserva minera con el fin de realizar las investigaciones pertinentes y luego hasta entregarle en bandeja, literalmente en bandeja de plata o de oro, los descubrimientos a las empresas para que exploten los yacimientos.
Y así como se destinan suelos especialmente a la agricultura o al urbanismo se obliga a las municipalidades a incorporar áreas de vocación minera en los planes reguladores para que el cambio de uso de suelo no obstaculice, como ahora, los planes de explotación de las empresas extractivas. (Art. 6)
El extremo del entreguismo a las empresas mineras se demuestra en el proyecto cuando no hace diferencias entre la minería metálica de la no metálica, las echa en un mismo saco. Esto significa que les da lo mismo que una empresa saque tres vagonetas de arena de un tajo en un día, que otra empresa saque 2 mil vagonetas de roca a 60 metros de profundidad a punta de dinamita y utilice químicos altamente tóxicos para extraer los metales. Esta conveniente ignorancia de los terribles impactos de la minería metálica que lixivia con cianuro y otros químicos, provoca que no se legisle esta actividad de manera rigurosa dejándose al vacío y encomendándole a la Secretaría Técnica Ambiental la responsabilidad de “determinar el instrumento de evaluación pertinente de acuerdo al proyecto propuesto”.
Fortalecer la investigación geológica y minera es un compromiso que asume el Estado en el proyecto propuesto, pero muy bonito, esa información puede ser vendida o donada a las personas físicas, jurídicas o instituciones privadas que lo soliciten. En otras palabras, el Estado con recursos de todos los costarricenses paga las investigaciones luego llegan las empresas y mediante una cartita solicitan se les done la información y la Dirección General de Geología y minas está facultada para donar o podrá cobrar por estos servicios.
Si hasta ahora a usted le sorprende que funcionarios públicos en el marco de la política Paz con la Naturaleza redacten este tipo de proyectos, aún falta: las concesiones se dan por un plazo de 40 años; el concesionario puede solicitar servidumbres y hasta expropiaciones además suspender las labores hasta por tres años sea porque no tienen el equipo o porque surja una crisis financiera. Imagínese qué derecho protegería a los trabajadores de una mina si ante una crisis como la actual, la empresa puede detener los trabajos hasta 4 años y ese periodo no se contabiliza en el plazo de la concesión.
Las multas que le aplican por incumplimiento son ridículas al grado que a la empresa minera le conviene más pagarlas que cumplir la ley; y como si fuera poco las exoneran los impuestos de importación de equipo y maquinaria.
Para rematar a las empresas de minería metálica medianas y grandes (no explica que se entiende por mediana y grande) le ponen un impuesto del 1.5 % cuando en otros países están exigiendo hasta el 40 por ciento y más.
Lo que más irrita es que funcionarios públicos gasten recursos elaborando un proyecto que deja por fuera lo que piensan las comunidades en relación a cualquier proyecto minero; entonces si no toman en cuenta a la gente en la ley, la consulta que hace el MINAET por internet sobre este proyecto, es de mentirillas, una pantomima que demuestra una vez más que el servilismo y la actitud pordiosera hacia las transnacionales es lo que los mueve. Servilismo porque hacen el ridículo de someter un proyecto de ley que arrodilla al país ante las transnacionales y actitud pordiosera porque esperan rejuntar unas cuantas migajas que se caigan de la mesa del saqueo de las riquezas públicas.
La esperanza es que el pueblo se informe y tome conciencia de lo que se está cocinando y no solo les impida salirse con las suyas sino que además en las próximas elecciones, les quite el apoyo expulsándolos de los puestos de poder que nunca han merecido.
