Aceleran juicio contra detenidos el 2 de abril en el paro preventivo antiminero

Azuay, Ecuador – 10/04/08. En el juzgado primero de lo penal del Azuay, el 3 de abril se realizó la audiencia de las y los detenidos durante el paro preventivo en la parroquia Victoria del Portete, siendo puestos en libertad al no ser procedente el pedido de prisión preventiva solicitada por el Fiscal Dr. Hugo Barros Arízaga. De los 17 detenidos 16 salieron inmediatamente, menos la estudiante Fernanda Campos, quien fue liberada el viernes 4, luego de que los decanos de las Facultades de Jurisprudencia y Medicina, junto con estudiantes de la Universidad de Cuenca iniciaran una huelga de hambre a la que se estaban sumando otros sectores, así como dirigentes de la Coordinadora Nacional.
Por Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía

En esta audiencia se resuelve iniciar la instrucción fiscal en contra de las y los compañeros detenidos, acusándolos de SABOTAJE A SERVICIOS PUBLICOS, y en forma acelerada se está adelantando el proceso, para lo que están siendo llamados los imputados a rendir sus declaraciones al igual que los miembros de la policía. Ayer dio su versión la policía, en el sentido que de ellos actuaron porque supuestamente los manifestantes cerca de las 12 del día 2 de abril, comenzaron a insultarles y agredirles con palos y piedras, pretendiendo como siempre mostrar a los comuneros como los agresores. Estas versiones dadas por los uniformados son totalmente falsas, pues el paro preventivo era absolutamente pacífico, además por qué razón habrían esperado hasta las 12 del día para agredirles, cuando el paro inició desde la 5 de la mañana. Lo único que busca la policía es justificar la represión brutal, ordenada por el Ministro de Gobierno, que les dio carta blanca para que se lanzaran contra la población en forma inhumana, en un operativo combinado con el ejército, utilizando bombas lacrimógenas, balas de goma, deteniendo a hombres y mujeres en forma violenta, con puñetes, patadas, lanzándolos al piso como vulgares delincuentes, donde continuaban golpeándolos, las huellas de los maltratos quedaron impregnadas en los cuerpos de los detenidos, en especial de las compañeras estudiantes, lesiones que fueron debidamente reconocidas por el medico legista, doctor Gabriel Tenorio Salazar, pruebas con las cuales es urgente iniciar demandas en contra de la fuerza pública. Además se ha denunciado que los detenidos han sido objeto de vejámenes y trato degradante, que han sido torturados, humillados, obligados a desvestirse, especialmente las mujeres, en el casino de la Policía Nacional, que han quedado en ropa interior a la vista de varios policías varones que ingresaban a ese local. Se conoce que fueron llamadas a declarar las mujeres policías que participaron en estos actos violatorios de los derechos humanos, pero para nuestra sorpresa han sido trasladas a otra provincia, por lo cual no se presentaron el día de ayer a la fiscalía.

Incluido el párroco de Victoria del Portete, quien no compareció a la audiencia del 2 de abril por encontrarse en una casa de salud, se dio inicio a la instrucción fiscal en contra de las y los compañeros: Julia Chuchuca, Lauro Aguilar, Angel Mayahuari, Luis Nugra, José Chimbo, Miguel Lituma, Luis Shiña, Miguel Suqui, Francisca Zhagüi, Juan Lata, Medardo Tenezaca, José Baculima, Jessenia Heras, María Merchán, Ignacio Pérez, María del Carmen Ordoñez, Fernanda Campos.

Este nuevo episodio es parte de la represión sistemática que el gobierno está empleando para evitar la protesta social en contra de las transnacionales mineras, y es otra muestra de la criminalización de la lucha que se viene dando en este gobierno, donde ya hay varios casos de enjuiciados por sabotaje, e incluso por terrorismo. Hace algunas semanas la Asamblea Constituyente aprobó una Amnistía general a las y los enjuiciados penalmente por “acciones de resistencia y de protesta que ciudadanos y ciudadanas han llevado adelante en defensa de sus comunidades y de la naturaleza, frente a proyectos de explotación de los recursos naturales, y que por ello han sido enjuiciados penalmente por delitos comunes tipificados en el Código Penal.” (Art. 1 de la Amnistía). Este reconocimiento de la protesta popular como legítima debe hacerse extensiva a los nuevos casos que se presentan y se seguirán presentando, pues los conflictos continúan, las comunidades están firmes en su decisión de defender su vida y la soberanía, frente a lo que el gobierno seguirá reprimiendo y criminalizando la lucha.

Hacemos un llamado a todas las personas y organizaciones que deseen solidarizarse con las y los compañeros injustamente procesados, pidiendo que se aplique lo establecido en nuestra Constitución, ya que ellos estaban haciendo uso de un derecho legítimo como es la defensa del medio ambiente, por lo tanto se declare sin lugar la instrucción que se les sigue, garantizando el legítimo derecho de los ecuatorianos a defender nuestros derechos. Pueden dirigir cartas al Agente Fiscal doctor Hugo Barros Arízaga, a la Fiscalía Distrital del Azuay, telefax 07 2 84 42 82, extensión 214, con referencia a la instrucción fiscal No.17 del 2008.