Argentina – 21/02/09. Pocos están al tanto de las estrategias llevadas a cabo por gobiernos provinciales y empresas transnacionales, con el aval del Estado nacional, que incluyen convenios con universidades públicas, en busca de una “legitimidad social” que les es negada por las propias comunidades afectadas. Así, la renuencia sistemática a abrir un debate público sobre el modelo minero, por parte de sectores políticos y empresariales, nos plantea preocupantes interrogantes sobre la cuestión de la democracia en Argentina. ¿Habrá que esperar que distintos gobiernos provinciales, como en La Rioja, apelen a la salida represiva para finalmente colocar en la agenda pública esta problemática central de nuestra sociedad?
Por Maristella Svampa * publicado en Página/12
Son numerosas las resistencias sociales que ha venido generando la minería transnacional, en diferentes localidades y provincias, erigidas hoy en verdaderos territorios de resistencia. Así, existen unas setenta asambleas contra la megaminería a cielo abierto, nucleadas en la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), entre las cuales se encuentran las emblemáticas asambleas de Chilecito y Famatina, en La Rioja, cuyos vecinos luchan desde 2006 contra la instalación de una minera, a cargo de la transnacional Barrick Gold, en el antiguo distrito minero La Mexicana, y mantienen desde 2007 un corte de acceso al campamento de la empresa.
La historia reciente de la cuestión minera en La Rioja está atravesada por grandes escándalos de corrupción y violación de procesos ciudadanos. Junto con Catamarca y San Juan, La Rioja forma parte del núcleo duro del modelo minero. El ex gobernador Maza fue secretario de minería de Menem, en los ’90, cuando se dictaron las actuales leyes mineras, que favorecen al capital transnacional y la depredación ambiental.
Los vecinos autoconvocados de Chilecito y Famatina no ignoraban que su acción se insertaba en un campo asimétrico, dado los grandes intereses económicos y políticos en juego. Sin embargo, la crisis política provincial abierta en 2007, asociada a una feroz interna peronista, abrió el espacio a nuevas oportunidades políticas, dando visibilidad a estas demandas. El escándalo hizo públicas las vinculaciones entre el entonces gobernador Maza, la Barrick Gold y la antigua empresa pública Yamiri, rebautizada como sociedad anónima, Yamiri Gold and Energy Inc. En los ’90, los derechos de explotación de siete proyectos mineros importantes de La Rioja habrían sido transferidos gratuitamente a la sociedad anónima con sede en Canadá, donde reside la Barrick, que más tarde se convertiría en su principal socia.
La crisis institucional terminó eyectando a Maza de la gobernación, sustituido por el vicegobernador, Luis Beder Herrera, quien se apropió de modo oportunista del discurso ambientalista y sancionó poco después una ley de prohibición de la minería a cielo abierto con cianuro. Pero una vez consolidado por la vía electoral, el flamante gobernador derogó la ley que prohibía la megaminería, y aquella que llamaba a una consulta popular por el tema, un reclamo ineludible de la comunidad movilizada.
El escandaloso hecho de la derogación de la ley antiminera, ocurrido en julio de 2008, tuvo varios corolarios; por un lado, el nombramiento del presidente de la Cámara Empresarial de Minería como nuevo secretario de Minería provincial; por el otro, el silenciamiento de docentes y periodistas que se oponen a este tipo de minería. El último y más reciente es la apuesta por la represión abierta, dada la resistencia de los vecinos, que hoy encuentran el apoyo de otras asambleas, surgidas en La Rioja capital y Sanagasta.
Pocos argentinos están al tanto de que la megaminería a cielo abierto involucra directa o indirectamente a 15 provincias argentinas. Pocos saben acerca de las características de la nueva minería y de sus gravosas consecuencias en términos sociales, económicos y ambientales, ya puestos de manifiesto por el caso de La Alumbrera, en Catamarca. Pocos están al tanto de las estrategias llevadas a cabo por gobiernos provinciales y empresas transnacionales, con el aval del Estado nacional, que incluyen convenios con universidades públicas, en busca de una “legitimidad social” que les es negada por las propias comunidades afectadas. Así, la renuencia sistemática a abrir un debate público sobre el modelo minero, por parte de sectores políticos y empresariales, nos plantea preocupantes interrogantes sobre la cuestión de la democracia en Argentina. ¿Habrá que esperar que distintos gobiernos provinciales, como en La Rioja, apelen a la salida represiva para finalmente colocar en la agenda pública esta problemática central de nuestra sociedad?
* Socióloga.
