Guatemala – 27/02/09. Los 500.000 habitantes de 33 municipios del occidente de Guatemala expresaron hoy su rechazo al posible otorgamiento de licencias para explotaciones mineras en sus comunidades por considerar que constituyen una amenaza a la integridad de sus territorios.
Fuente: Agencia EFE

Momento de la votación en consulta comunitaria (foto arvhivo 2006) El denominado Consejo de los Pueblos de Occidente, aglutinado por comunidades de Quetzaltenango, San Marcos, Totonicapán, Sololá, Quihcé y Huehuetenango, aseguró en un comunicado que sus miles de habitantes rechazan la concesión de licencias para la exploración y explotación de sus recursos naturales.

En las consultas comunitarias que se han realizado, la población ha expresado un rotundo “no” a la promoción de estos proyectos, explicaron en una rueda de prensa los representantes de los municipios de Cuilco y San Rafael Petzal (Huehuetenango), Milton Santos y Mario López.

“No queremos ver a nadie en nuestras comunidades porque para dar las licencias no se ha tomado en cuenta el consentimiento de la población”, advirtió Santos.

Por su parte, López afirmó que la exploración y explotación minera viola sus derechos como pueblo.

El pasado 22 de enero la Comisión de Energía y Minas del Congreso dio dictámen favorable a una iniciativa de Ley que busca reformar la legislación vigente de minería.

Las propuestas, según explicó hoy la diputada opositora Rosa María de Frade, incluyen privilegios en materia de impuestos a las empresas extranjeras y deja por fuera las consultas populares.

Según De Frade, las compañías deben pagar, como en otros países, un impuesto de hasta el 40 por ciento en Impuesto Sobre la Renta (ISR).

El obispo de la Diócesis de San Marcos, Álvaro Ramazzini, reiteró hoy en la misma rueda de prensa su rechazo a la exploración y explotación minera en Guatemala y dijo que hasta ahora 13 comunidades de ese departamento se oponen a los proyectos.

Ramazzini dijo que le causa “malestar” y “preocupación” que se haya dado un dictámen favorable a la iniciativa de ley sin tomar en consideración el rechazo de las comunidades.

“Lo que más me alarma e indigna es el alto nivel de desnutrición infantil que hay en estos pueblos (59 por ciento) porque tenemos un modelo económico excluyente y generador de más pobreza”, resaltó el jefe religioso.

El Consejo de los Pueblos de Occidente afirma en el comunicado que los proyectos de minería “lesionan los intereses de los mayas y vulnera los derechos humanos fundamentales”.