Guatemala – 25/02/09. Álvaro Ramazzini, obispo de San Marcos, y habitantes de comunidades que se oponen a la actividad minera solicitaron ayer al Congreso legislar a favor de una moratoria de dos años en la entrega de licencias de explotación y exploración de metales, mientras se resuelve en definitiva la propuesta que dispone reformas a la Ley de Minería. En Cuilco y San Rafael Petzal, Huehuetenango, se efectuaron consultas comunitarias, y por unanimidad los pobladores rechazaron la actividad minera. Los resultados fueron presentados ayer en rueda de prensa.
Fuente: diario Prensa Libre
El religioso afirmó que la petición se ha hecho desde años atrás y resaltó: “La moratoria sería lo más sensato, por toda la conflictividad generada con el tema de la minería”.
Explicó que el objetivo de aplazar el otorgamiento de licencias es dar tiempo a que se discutan las reformas a la Ley de Minería, cuyo dictamen fue emitido en el 2008 por la Comisión de Energía y Minas, pero que, a juicio del obispo, no atiende las recomendaciones planteadas por una multisectorial de la que él formó parte.
El religioso denunció que la iniciativa dictaminada eliminó el apartado específico para efectuar consultas comunitarias y con ello se dejó de lado la aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Agregó: “Comparé los resultados con lo que trabajamos en la multisectorial, y vi que hay cosas importantes que no tomaron en cuenta; por ejemplo, lo que se refiere a las regalías”.
Ramazzini y pobladores de Huehuetenango y San Marcos se presentaron en el Legislativo, y después de unos minutos el religioso fue recibido por el presidente de ese organismo, Roberto Alejos, quien le ofreció que trasladaría la solicitud a los jefes de bloques.
Rechazan minería
En Cuilco y San Rafael Petzal, Huehuetenango, se efectuaron consultas comunitarias, y por unanimidad los pobladores rechazaron la actividad minera. Los resultados fueron presentados ayer en rueda de prensa.
Milton Santos Veláquez, dirigente comunitario de Cuilco, informó que votaron 17 mil 703 personas de cien comunidades, y el cien por cien votó en contra de la minería.
Según Mario Margarito López, de San Rafael Petzal, en ese municipio votaron tres mil 500 habitantes de 10 comunidades, y todos rechazaron aquella actividad.
Francisco Rocael, del Consejo de los Pueblos de Occidente, expuso que con esas dos consultas se completan 23 en Huehuetenango y nueve en San Marcos, donde se rechaza la actividad minera. Es por ello que piden al Estado no otorgar licencias de exploración ni de explotación en esas áreas.
Respalda iniciativa original
Rosa María de Frade, diputada de la Bancada Guatemala, propuso a principios de este mes una prórroga de seis meses en la extensión de licencias de exploración y explotación de metales. Destacó que urge retomar el espíritu original de la iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo al Congreso en agosto del 2006, cuyo contenido fue modificado el año pasado en la Sala de Energía y Minas.
El obispo destacó que la propuesta de la Multisectorial era elevar las regalías a un 12 por ciento, y la reformas dictaminadas intentan dejarla en un 3 por ciento, sin tomar en cuenta la opinión de las comunidades ni tratar el problema del agua, entre otros aspectos.
Calificó de indignante que mientras el país presenta un 49 por ciento de desnutrición infantil, se promueve un modelo económico que beneficia actividades como la minería, que genera más pobreza y desigualdad.
De Frade comentó que la nueva ley de minería debe tomar en cuenta el desarrollo humano y la participación de las comunidades, por medio de la consulta. Solicitó aprobar normas ambientales estrictas, en especial cuando se trata de extraer oro y plata.
Afirmó que no debe haber excepciones en el pago de Impuesto Sobre la Renta, y las regalías deben ser iguales a las que se pagan en otras partes del mundo.
“El yacimiento se puede terminar en 15 años, y las poblaciones deben recibir los recursos para un desarrollo sostenible cuando ya no estén esas empresas, porque de lo contrario la riqueza se irá al extranjero y en el país solo quedará daño ambiental”, enfatizó la legisladora.
