Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México 18/10/08. Campesinos e indígenas de la región serrana se manifestaron hoy para exigir detener la explotación minera en Siltepec, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Porvenir, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero, Motozintla y otros municipios de la entidad. Acudieron a la cabecera municipal de Motozintla para denunciar que más empresas de Canadá y Estados Unidos –además de algunas mexicanas– exploran sus regiones con el propósito de intensificar el usufructo de los recursos minerales y demandaron a los gobiernos federal y estatal cancelar de inmediato los permisos y concesiones otorgados.
Fuente: diario La Jornada
En sus reclamos señalan que “las compañías hacen previsiones sin tomar en cuenta el grado de contaminación y destrucción que ocasionan a las personas y el medio ambiente”.
Agrupados en el Frente Regional Contra las Privatizaciones (FRCP), integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), dijeron que su hábitat ya fue severamente da- ñado por los huracanes Mitch, en 1998, y Stan, en 2003, pero la llegada de las mineras genera otro peligro mayúsculo en la zona, considerada de alto riesgo ante potenciales desastres naturales.
“La explotación que proyectan es una grave amenaza para el agua y los campos de cultivo, pues contaminará el medio ambiente y nos dejará más pobres y expuestos a riesgos de salud”, afirmaron.
Campesinos e indígenas acusaron a empresarios mineros de darles migajas a cambio de sus recursos minerales y de amedrentar a quienes rechazan la entrada de las compañías. “Está el caso de nuestro compañero Elpidio Morales Díaz, del ejido El Carrizal, Motozintla, quien por el solo hecho de oponerse al saqueo de la transnacional canadiense Linear Gold, ha recibido constantes amenazas de muerte”, revelaron.
Según la Dirección de Minas de la Secretaría de Economía federal, en Chiapas hay vigentes al menos 55 permisos de exploración y extracción minera, 42 de los cuales se otorgaron durante la adminis-tració n foxista; cinco son anteriores y siete corresponden al gobierno de Felipe Calderón: todos gestionados por particulares en favor de empresas nacionales y extranjeras, que vencen en 2056 en su mayor parte, y abarcan desde oro y plata hasta otros metales altamente tóxicos como plomo y titanio.
Sólo en 2004 se autorizaron 20 permisos a extranjeros
Sólo en 2004 se autorizaron 20 nuevos permisos de explotación minera en la entidad, la mayoría para zonas sierras y costeras, que cuentan con los ecosistemas más vulnerables por deforestación, laderas inestables y mayor población en áreas de riesgo.
El informe oficial detalla que al menos 20 concesiones fueron otorgadas a particulares mexicanos, pero las empresas que las detentan son extranjeras. Por ejemplo, el señor Tristán Canales Reyna aparece como titular de 11 explotaciones en Chicomuselo y Acacoyagua, y según pobladores del ejido Grecia –donde existe una de las minas de barita concesionadas– en 2006 la colombiana Compañía Minera Caracol vendió los derechos a Blackfire Exploration, de origen canadiense, mientras Canales Reyna sigue como titular.
Otras concesiones fueron otorgadas a particulares como Ricardo Carraño Peñaloza, Diana Luna Hernández, Neftalí Bruno Sánchez Gálvez y Joel Castillejos Ordóñez; pero ninguno de ellos tiene registro como socio de empresas mineras, y lo que se aprovecha es la riqueza del subsuelo consistente en oro, plata, cobre, hierro, zinc, plomo, titanio, antimonio, molibdeno y woltramco; aparte de sustancias conocidas por siglas como BAR, POT, TUN y GRA, casi todas usadas en la industria petrolera.
Los 55 permisos abarcan predios de 19 municipios; pero en particular la extracción de oro, plata y cobre en Motozintla, Siltepec y Chicomuselo se concentra en una región serrana considerada de alto riesgo por los frecuentes deslaves; mientras la de barita se encuentra “a cielo abierto” y se obtiene escarbando montañas y reduciéndolas hasta dejar superficies planas.
Otros permisos son para municipios de la zona norte como Coapilla, Pichucalco, Rayón, Tecpatán, Solosuchiapa e Huixuatán, donde hay un alto grado de hundimientos por la porosidad del terreno, lo que incluso ha obligado a reubicar poblados como el de San Isidro Las Banderas en 1999; o los de Tecpatán y Coapilla en noviembre de 2007.
Más concesiones son para zonas costeras como Tapachula, Pijijiapan, Mastepec y Cacahoatán, en constante alerta por los desbordamientos.
