Con el objetivo de quebrar las resistencias sociales que se acrecentaron en los últimos tiempos y alcanzar la tan ansiada estabilidad para los inversores, el gobierno de Mauricio Macri intentará aprobarlo en marzo para avanzar a paso firme con el extractivismo en Argentina. Las regalías (3%) y la carga impositiva a favor de las provincias resultan insignificantes para un verdadero desarrollo local.
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Por Pablo Quintana publicado en El Extremo Sur
El Extremo Sur analiza el borrador del proyecto del “Acuerdo Federal Minero” que el Poder Ejecutivo Nacional enviará al Congreso en los próximos días.
Con el objetivo de quebrar las resistencias sociales que se acrecentaron en los últimos tiempos y alcanzar la tan ansiada estabilidad para los inversores, el gobierno de Mauricio Macri intentará aprobarlo en marzo para avanzar a paso firme con el extractivismo en Argentina. Las regalías (3%) y la carga impositiva a favor de las provincias resultan insignificantes para un verdadero desarrollo local.
El borrador del proyecto, al que tuvo acceso El Extremo Sur lleva el sello de “confidencial” en sus páginas, y será enviado por el Gobierno al Congreso en las próximas semanas, con el propósito de que su tratamiento se lleve a cabo en las sesiones ordinarias de marzo.
El Acuerdo promueve la incorporación de la temática minera a gran escala en la currícula de los niveles primarios y secundarios, propone una alianza con el sector agroindustria –menciona “el uso compartido y complementario de recursos naturales”– y alienta un presunto “Programa Minero para el Desarrollo Local”, tratando de incentivar a las comunidades.
“Educar” para la minería
Varios aspectos llaman poderosamente la atención en el borrador elaborado por el gobierno de Cambiemos. En el plano educativo, pretende generar espacios para “concientizar” y “adoctrinar” sobre la necesidad de desarrollarla minería a gran escaña por parte de las grandes corporaciones mineras.
En otro punto se propone conseguir una “alianza” con el sector agroindustrial–seguramente el único sector beneficiado por la gestión de Macri en su primer año de gobierno– para promover estrategias y compartir la información que se genere sobre el territorio nacional y sus bienes naturales.
En el tercer apartado, el proyecto habla de “aspectos educativos y formativos” y establece que “con el objetivo de que la comunidad educativa reciba conocimientos sobre la actividad minera y (que) estos tengan fundamento científico –lo que contribuirá a una mejor y certera información de la sociedad–, las Partes se comprometen a llevar adelante acciones con los Ministerios de Educación Nacional y Provinciales para lograr la incorporación, dentro de la currícula de los niveles primario y secundario, de contenidos sobre la constitución geológica del territorio nacional y provincial; los productos mineros que se generan en el país y en las provincias, su utilización en la vida cotidiana y la importancia del sector minero en la economía nacional y regional, así como la regulación ambiental de la actividad minera”.
Universidades y provincias como objetivo
El proyecto reserva también una tarea específica para la articulación permanente con las universidades e institutos de investigación locales.
Es más, planifica la conformación de un Centro de Información Minera Nacional en que las provincias compartirán con la Secretaría de Minería de la Nación la información de que dispongan y que periódicamente obtengan respecto de la actividad minera en sus respectivos territorios, incluyendo, entre otras, informaciones de índole geológica, socio-ambiental, catastral minera, económica y de proyectos.
En el octavo apartado, en tanto, aporte una disquisición acerca de la agroindustria y la minería. “Teniendo en cuenta la importancia estratégica para el país del sector agropecuario, ganadero, energético y alimenticio, las Partes adoptarán medidas que privilegien y profundicen la interrelación y complementariedad entre los sectores agroindustriales y minero”.
Para ello, el proyecto del gobierno nacional sostiene que trabajarán en forma coordinada con el Consejo Federal Agropecuario y el Ministerio de Agroindustria de la Nación para elaborar estrategias de desarrollo y encadenamiento productivo; con la generación de “clusters” en ubicaciones estratégicas para la provisión de insumos minerales al sector agroindustrial.
Los “clusters” son una modalidad de organización industrial con capacidad de coordinar recursos y desarrollar conocimientos de forma cooperativa entre empresas y ganar “eficiencia colectiva” concentrándose geográficamente dentro de un mismo sector o actividad.
Agua y suelo para la industria
Lo más destacado es que en esa “virtuosa” provisión de insumos para el sector minero se destaca “el uso compartido y complementario de recursos naturales”, en los que se hace directamente mención al agua y al suelo.
Añade, además, la promoción de las condiciones necesarias para la producción de minerales de uso agrícola, con el objeto de contribuir al mantenimiento de la sostenibilidad del sector agroindustrial.
En un país con una fuerte resistencia social, sumada a los impactos ambientales generados especialmente por la empresa Barrick Gold en San Juan –lo que dejó al descubierto la ineficacia total del control que puede ejercer el Estado– las consideraciones y premisas del nuevo acuerdo que se propicia entre las provincias y Nación vuelven a aparecer como un puñado de buenas intenciones en busca de un solo rédito: el negocio a cualquier precio.
La “zanahoria” y las migajas
En sus considerandos, el proyecto promete mayores beneficios para las comunidades en las zonas mineras y su adecuada participación en un marco de diálogo y transparencia, altos estándares de gestión y control ambiental, mayor participación en los ingresos que genera la actividad minera para las provincias dueñas de los recursos minerales o promoción del desarrollo sectorial, consensuando medidas necesarias para atraer inversiones. Sin embargo, no explica cómo lograrlo.
En el apartado 2, sostiene que se promoverán “beneficios sustentables de la actividad minera a partir del financiamiento de acciones estratégicas de desarrollo y de minimización de posibles impactos negativos, así como la mejora en el diálogo y las relaciones entre comunidades, empresas y Estado”. Con una multinacional como Barrick Gold que lleva tres derrames en su proyecto minero binacional y que está violando eficazmente la ley de Glaciares, cuesta creer en ninguna de esas promesas.
Compre local, pero poco
El acuerdo propiciado entre Nación y provincias busca fortalecer en los papeles el desarrollo económico local que no logró conseguir en territorios mineros como San Juan, Catamarca o Santa Cruz.
En Iglesia, comuna del departamento de San Juan en que se encuentra la mina Veladero, la desocupación trepó al 60% en2016.
Mientras tanto, el promedio de desempleo en municipios con actividad minera como Calingasta, Jáchal, Sarmiento y Valle Férti es del 25%, según el Diario Huarpe.
La iniciativa habla del “Programa Minero para el Desarrollo Local (PMDL)” que se implementaría en las áreas de influencia de los emprendimientos mineros que se pretenden desenvolver.
Uno de los objetivos del PMDL será financiar estudios, planes de capacitación, obras y “demás acciones estrictamente relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos, con expresa prohibición de destinar fondos para el financiamiento de gastos corrientes”.
Virtudes dudosas
Está claro que el programa tiene como eje principal la exposición de presuntos beneficios de la actividad minera “a partir del financiamiento de acciones estratégicas de desarrollo y de minimización de posibles impactos negativos, así como la mejora en el diálogo y las relaciones entre comunidades, empresas y Estado”.
Se propone como objetivo promover y articular planes de capacitación con colegios profesionales, instituciones gremiales, universidades y otras instituciones educativas tanto del orden municipal, provincial y nacional, a fin de desarrollar las capacidades requeridas por la industria minera.
Sin embargo, “la minería de gran escala se caracteriza por ser una de las actividades económicas más capital-intensivas (emplea más capital que otros factores de producción).
Cada 1 millón de dólares invertido, se crean apenas entre 0,5 y 2 empleos directos. Cuanto más capital-intensiva es una actividad, menos empleo se genera, y menor es la participación del salario de los trabajadores en el valor agregado total que ellos produjeron con su trabajo: la mayor parte es ganancia del capital”, según reza el libro “15 Mitos y Realidades de la Minería Trasnacional en la Argentina”.
El Estado tutelado
En su apartado 12, el nuevo Acuerdo incorpora acciones tendientes a paliar uno de los déficits más expuestos frente a esta actividad extractiva: la incapacidad del Estado de fiscalizar y controlar las acciones.
Por ello promete un equipo consultivo en gestión ambiental minera. “Las Partes acuerdan la creación, en el ámbito del Consejo Federal de Minería (COFEMIN) y del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), de un equipo consultivo que se denominará “Equipo Consultivo de Gestión Ambiental Minera” (“ECGAM”), cuyos objetivos centrales serán generar y promover la adopción de las mejores prácticas en la gestión ambiental minera en todas sus etapas, incluyendo las de prospección, exploración, construcción, producción y hasta post-cierre; propender a estandarizar y homogeneizar las prácticas a nivel nacional y fomentar una cultura productiva en el sector minero con criterio de sustentabilidad integrada en sus procesos, decisiones y acciones”.
En los números, más miseria
Entre sus aspectos económicos y tributarios, en lo que refiere a las regalías, el proyecto sostiene que “las Provincias que deseen aplicar regalías se comprometen a cobrar, por tal concepto, hasta el tres por ciento (3%) sobre el importe total de los ingresos brutos devengados por todo concepto derivados de la comercialización de las sustancias minerales extraídas, y sin deducción de suma alguna. El débito fiscal del impuesto al valor agregado no formará parte de la base de cálculo”, y aclara: “Las regalías no tienen carácter tributario”.
En otro punto, el borrador sugiere que dentro de las facultades propias de cada Provincia las administraciones procurarán que las regalías: “se asignen en forma prioritaria al desarrollo de proyectos productivos en general o a servicios asociados a la producción, a la concreción de obras de infraestructura social básica, a la educación y capacitación, y a la fiscalización y control ambiental; privilegien a las localidades ubicadas dentro de la zona de influencia del emprendimiento minero que las origine; y sean objeto de rendición de cuentas periódica y auditoría anual por parte de los organismos competentes de contralor”.
En el punto 21 habla de fondos provinciales de infraestructura y allí sostiene que las provincias que suscriban el acuerdo, “podrán establecer un porcentaje no superior al uno y medio por ciento (1,5%) sobre el importe total de los ingresos brutos devengados en el año, por todo concepto y sin deducción de suma alguna, derivados de la comercialización de las sustancias minerales obtenidas en sus respectivos territorios, con el que constituirán uno o más Fondos Fiduciarios Públicos de Infraestructura (los “Fondos Provinciales de Infraestructura”). El débito fiscal del impuesto al valor agregado no formará parte de la base de cálculo”.
Finalmente, añade que esos Fondos Provinciales de Infraestructura serán destinados a financiar el desarrollo de obras de infraestructura provincial y/o municipal, la investigación aplicada a la actividad, el control ambiental y al desarrollo sustentable, con expresa prohibición de utilizar las sumas que lo compongan para el financiamiento de gastos corrientes.
