Las 17 familias que se niegan a abandonar la comunidad de Salaverna, del municipio de Mazapil, Zacatecas, acudieron ante el relator de las Naciones Unidas, Michale Forts, y ante la Secretaría de Defensa Nacional, para denunciar el derrumbe de más de 80 casas y propiedades de su pueblo; incluso, presentaron como pruebas la bandera de México, papeles históricos y sus pertenencias.
Ver también:
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- Ahogamiento sobre Salaverna por parte del gobierno a favor de minera
- Pobreza y destrucción, herencia de la explotación minera en Zacatecas
Fuente: El Universal
Tras el operativo del 23 de diciembre, en el que el gobierno de Zacatecas anunció que los habitantes serían notificados del riesgo por una posible falla geológica, los pobladores denunciaron ser golpeados para entregar sus viviendas para la operación de la minera Tayahua, filial del Grupo Frisco, del que es propietario Carlos Slim.
Efraín Huerta, abogado de las 17 familias que desde 2014 solicitaron un juicio de amparo para evitar que la minera los reubique a un fraccionamiento cercano a su actual pueblo, explicó que la supuesta falla geológica —que el gobierno estatal afirma que existe en Salaverna— ha sido ocasionada por la operación de la empresa Tayahua, por lo que pidieron frenar de inmediato sus labores.
“Entregamos un escrito al gobierno del estado, en el que los jefes de familia, habitantes de Salaverna, le informan al gobernador que ellos, bajo su propia responsabilidad, deciden seguir viviendo en sus domicilios en la comunidad”, afirman.
En el estudio de impacto ambiental, presentado para la operación de la mina Calcosita en Salaverna y aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente, la empresa Tayahua argumenta que “la zona es estable”, y no es considerada como zona sismíca, según el Servicio Sismológico de la UNAM.
En mayo de 2016, tras la demanda pública hecha por los habitantes de Salaverna, el entonces subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, ordenó un nuevo estudio geológico para determinar la estabilidad de los terrenos. Sin embargo, los nuevos resultados no se han hecho públicos y el gobierno estatal afirma que las familias están en riesgo de un derrumbe.
El relator de la ONU aseguró que en los próximos meses entregarán un informe detallado sobre las posibles violaciones a los derechos humanos sufridas por la comunidad.
