La cámara de empresas mineras, el sector sindical y las provincias con potencial minero firmaron un acuerdo para redacatar un Código de Ética destinado a controlar la aplicación de mecanismos de transparencia y para el cuidado de los factores ambientales. En el anuncio aparecen frases bonitas que se hacen pedazos ante la realidad de la práctica de sector minero: “desarrollo en las regiones más alejadas e inhóspitas”, “procesos de participación y el diálogo”, “sustentabilidad ambiental y comunitaria” y “transparencia”. Un código para maquillar la actividad extractiva más depredadora ambiental, social y económicamente.
Fuente: Los Andes
El entendimiento -firmado en San Juan- cuenta con el apoyo de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), la Asociación de Obreros Mineros Argentinos (AOMA); el Consejo Federal de Minería integrado por las provincias; los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Energía a través de la Secretaría de Minería; el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar); el Colegio Argentino de Ingenieros de Minas (Cadim) y el presidente de la Comisión de Minería de Diputados, Eduardo Cáceres.
El titular de la CAEM, Marcelo Álvarez, dijo que la entidad busca “respaldar una política de apertura de puertas de las minas para crear confianza sumado a un Código de Ética que asegure reglas claras y logre vencer los prejuicios”.
“El núcleo vital del Desafío CAEM 20/21 es la constitución de un organismo privado y multidisciplinario de contralor minero, que articulará con el sector público, orientado al desarrollo regional, y de las comunidades, medio ambiente y transparencia”, enumeró el ejecutivo.
El documento sostiene que la minería “representa trabajo de calidad, infraestructura e innovación; generación de industrias, comercios y servicios locales, además de desarrollo en las regiones más alejadas e inhóspitas”.
“Por su ubicación y magnitud, la actividad minera surge como un factor incomparable de desarrollo regional y si proyectamos su potencial transformador en el largo plazo reconoceremos que juega un rol fundamental para descentralizar el país en términos socioeconómicos, políticos y poblacionales”, agregó el documento.
Lo expresado “será posible mejorando y profundizando los procesos de participación y el diálogo para lograr un efectivo beneficio de las comunidades cercanas a los proyectos mineros y trabajando con responsabilidad social de forma tangible, efectiva, previsible y con proyección a futuro”, sostiene el compromiso.
Álvarez destacó la decisión de la empresa canadiense Fortuna de poner en producción en Salta el proyecto aurífero Lindero en 2018, lo que implicará una “una inversión inicial de 200 millones de dólares para su construcción”.
“Hablamos de inversión, trabajo, exportaciones, aportes fiscales pero también de la cara humana de este desafío, que implica la sustentabilidad ambiental y comunitaria, sumando a todo ello la transparencia”, aseguró.
El sector minero cuenta con un gran potencial y llegó el momento de que la actividad recupere su lugar entre los motores productivos del país que, a partir de los cambios en los esquemas impositivos, se abrió un período de posibilidades, definió el titular de la CAEM.
“La inversión en minería es sinónimo de desarrollo regional, y significa nuevos puestos de trabajo en zonas donde existen pocas alternativas laborales y un impulso al sector pyme, causando un efecto multiplicador”, concluyó.
El compromiso rubricado por la cadena minera sostiene que “el desarrollo humano y regional, el medio ambiente y la transparencia conforman los ejes de una nueva visión de la actividad minera argentina”.
