El presidente Otto Pérez Molina ordenó el estado de sitio por 30 días en cuatro municipios en el sureste de Guatemala después de que fuerzas de seguridad se enfrentaron con los opositores de un proyecto de propiedad canadiense de oro y plata.
Por Alexandra Pedersen* publicado por TeleSur
Más allá de la nueva ley minera, Canadá se posicionó favorablemente en el Acuerdo Canadá-Honduras de Libre Comercio de 2014, que beneficia las relaciones comerciales de las industrias con el Estado.
Las empresas mineras canadienses representan el 75 por ciento de las empresas extractivas del mundo. Canadá está literalmente desenterrando el planeta.
El Ministro de Relaciones Exteriores Ed Fast dice, “el sector minero de Canadá… es líder mundial en prácticas mineras responsables y estamos orgullosos de la prosperidad que este sector está creando en el país y en todos los rincones del globo”.
Sin embargo, los costos políticos, sociales y ambientales son mayores que los que el gobierno o las corporaciones mineras canadienses quieren hacernos creer.
En América Latina, Canadá y su industria extractiva son vistos como los nuevos conquistadores; tienen sed de tierra y minerales y están hambrientos de poder. Las empresas mineras canadienses a menudo se sitúan en el epicentro de los conflictos de las comunidades, tanto en las comunidades indígenas como no indígenas, y están vinculadas con la violencia, la degradación ambiental, la corrupción y el asesinato. Una investigación realizada por la propia firma canadiense ‘Prospectors and Development Association of Canada (PDAC)’ encontró que las empresas mineras canadienses son responsables por la mayoría de abusos contra los Derechos Humanos y ambientales a nivel mundial. Ejemplos terribles en Guatemala, El Salvador y Honduras erosionan aún más las alegaciones de Canadá de que está llevando lo “bueno” al mundo.
Las violaciones de Derechos Humanos y ambientales de las empresas mineras canadienses han sido bien documentados por las comunidades afectadas, organizaciones no gubernamentales y grupos de solidaridad transnacionales. Tales injusticias son ejemplos tangibles de la profunda violencia estructural con la que extractivas canadienses están inextricablemente vinculadas. Sus acciones, bajo el disfraz de “desarrollo”, han socavado la gobernanza en los países donde la democracia se puede describir como “desigual”, escribe la erudita legal Debbie Johnston:
“La industria extractiva de Canadá busca rutinariamente recursos naturales no explotados ubicados en los países subdesarrollados que presentan debilidad, o en su defecto gobiernos a menudo opresivos que, a su vez, dependen de la inversión extranjera de capital y tecnología para explotar sus recursos y prosperar, y en algunos casos para quedarse en el poder”. Las empresas canadienses eligen operar activamente en los países de Centroamérica con gobiernos corruptos y con un apoyo público a menudo limitado.
Guatemala, por ejemplo, está actualmente envuelta en un escándalo de corrupción de alto nivel. Miles de personas de todo el país inundan las plazas de los municipios y la capital cada fin de semana, exigiendo el fin de la corrupción, la impunidad e incluso la renuncia del ex- general del ejército y actual presidente Otto Pérez Molina.
Mientras que el presidente permanece en el cargo, muchos de sus ministros han dimitido. Entre estos el ministro de Energía y Minas, Erick Archila, quien supervisó la concesión de licencias a los proyectos de exploración y explotación de muchas compañías mineras canadienses. Archila ahora enfrenta cargos criminales por haber concedido una licencia de explotación a la empresa canadiense Tahoe Resources Inc. “sin la debida consideración de las más de 250 quejas de la comunidad contra el proyecto”, escribe Ellen Moore de NISGUA. En 2012, Tahoe Resources abrió su mina de plata en el municipio de Santa Rosa a pesar de la amplia oposición de los indígenas Xinca y los residentes campesinos. Desde 2005 aproximadamente 1 millón de guatemaltecos han votado “no” a la minería en sus territorios a través de las consultas comunitarias. “Consultas” llevadas a cabo en los territorios indígenas que están protegidas por la Organización Internacional del Trabajo, el Convenio 169 de la OIT, que establece los derechos de la comunidad al consentimiento libre, previo e informado respecto a las políticas y proyectos de desarrollo que afectan las formas de vida de los indígenas. A pesar de la abrumadora oposición, numerosas extractivas canadienses continúan operando en el país.
La empresa minera canadiense Goldcorp Inc., cuya Mina Marlin opera en los territorios indígenas Mam y Sipakapense Maya, continúa su décimo año de operación en Guatemala a pesar del abrumador rechazo a su mina de oro por los lugareños. Goldcorp ha criminalizado implacablemente a indígenas y campesinos, hombres y mujeres que se oponen al megaproyecto e incluso ha evadido una orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para suspender las operaciones después de que los Derechos Humanos y las preocupaciones ambientales fueron llevados a esta instancia internacional.
En Honduras, Canadá jugó un papel crucial apoyando el golpe militar respaldado por Estados Unidos en el 2009. Negándose a sancionar al régimen militar de facto que tomó el poder. Poco después, la Embajada de Canadá presionó para que haya reformas a la Ley de Minería de Honduras, pese a la oposición general de la sociedad civil a las operaciones de minería a cielo abierto. Según un informe del 2012 de Mining Watch Canada, desde “enero 2010 – enero 2013, los representantes canadienses trabajaron fuertemente para ayudar a allanar el camino hacia una ley que sea más favorable a los intereses de las empresas canadienses”. Del mismo modo, el Consejo de Asuntos Hemisféricos encontró que Canadá influenció de manera clave en el establecimiento de la Asociación Nacional de Minería Metálica de Honduras (ANAMINH), la misma que permite la concesión de por vida, exenciones de impuestos y derechos al subsuelo de la tierra a las empresas mineras canadienses. Canadá ha inclinado la balanza a su favor con su cabildeo por mayores concesiones para la inversión extranjera en el sector minero de Honduras.
Más allá de la nueva ley minera, Canadá se posicionó favorablemente en el Acuerdo Canadá-Honduras de Libre Comercio de 2014, que beneficia las relaciones comerciales de las industrias con el Estado. El ‘Consejo de Canadienses’, un grupo de defensa de la justicia social, cree que el TLC “debilita la capacidad del gobierno para legislar por el bien público y socava los derechos de la comunidad tanto laborales como del medio ambiente”. En Honduras, el 52 por ciento de todos los conflictos se deben a la gestión de los recursos naturales. La presencia de Goldcorp en el Valle de Siria ha atraído una considerable preocupación sobre el uso multinacional y la contaminación de los suministros locales de agua y los problemas de salud posteriores relacionados con la extracción metálica. A pesar de ser reportadas estas violaciones ambientales y de derechos humanos, la empresa continúa operando con impunidad.
En el vecino El Salvador, el gobierno colocó una moratoria a la minería en 2008 en respuesta a una protesta pública abrumadora para prohibir los procesos de extracción y proteger los escasos suministros de agua potable del país. Tras la ejecución, licencias mineras concedidas previamente fueron revocadas, poniendo fuera del negocio a los extractivos en un momento en que el precio del oro llegó a más de US $ 1.000 la onza.
En respuesta, la canadiense Pacific Rim Mining Corp. (ahora OceanaGold) demandó a El Salvador por US $ 301 millones, más o menos el equivalente a un 5 por ciento del PIB del país. Sin lugar a dudas, demandas como éstas amenazan los procesos democráticos de toma de decisiones en El Salvador (y otros países), así como la capacidad financiera del país para proveer fondos para el cuidado de la salud y la educación. Estos casos se escuchan cada vez más en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un tribunal de arbitraje del Banco Mundial. Según Mining Watch Canada, el número de demandas de inversionistas al Estado ha pasado de sólo tres en 2000, a 169 en 2013; 50 por ciento de los cuales son presentadas en contra de naciones Latinoamericanas. En última instancia, las empresas tienen la capacidad de remover el poder de decisión de los ciudadanos por demandas financieramente fuertes a las naciones más pobres en los tribunales internacionales.
El papel de Canadá en América Central ha socavado la democracia en la región. Las empresas mineras canadienses a menudo están apoyando administraciones menos responsables y propagando corrupción a nivel local y nacional. Más allá de su terrible historial con los indígenas, los Derechos Humanos y el medio ambiente, las transnacionales canadienses corren el riesgo de contaminar a generaciones futuras con gobiernos aún más caracterizados por la corrupción y la impunidad y que continuarán colocando los intereses del capital extranjero sobre los intereses del pueblo.
Al socavar los esfuerzos basados en los derechos de comunidades, organizaciones y gobiernos, las empresas extractivas canadienses están desestabilizando países que salen de conflictos ya frágiles como Guatemala, Honduras y El Salvador.
*Alexandra Pedersen es una crítica canadiense y candidata al doctorado en la Universidad de Queen.
