La irresponsabilidad de las empresas mineras en el cumplimiento de las normas vigentes es comparable a la del gobierno para hacerlas cumplir. En ese sentido, el pacto entre el gobierno y Barrick Gold tiene un claro rehén: al medioambiente.
Por Gerardo Morales*
Mientras en Chile, la compañía es fuertemente multada por violación de los estándares permitidos de impacto ambiental, en Argentina el silencio es total y la falta de política ambiental se hace evidente con la negación de cualquier engaño.
La empresa canadiense extrae oro y otros minerales en Pascua Lama, mina a cielo abierto que se extiende sobre Los Andes en San Juan, del lado argentino, y Atacama, en Chile.
Constatadas irregularidades y transgresiones en el saneamiento del agua y la ausencia de monitoreo sobre glaciares, BG viene siendo castigada por incumplimiento de las obligaciones ambientales asumidas como condición para la aprobación del proyecto minero binacional. Del otro lado de la cordillera, se le ha reclamado por falta de ponderación de las observaciones ciudadanas; por fallas en los puntos de captación de agua fresca y por el aumento de emisiones de material particulado, es decir la acumulación de polvo en glaciares que provoca derretimiento del hielo. También se verificaron incumplimientos vinculados al desarrollo y mejoramiento de caminos y rutas alternativas exclusivas para el proyecto que no perjudiquen las poblaciones; uso indebido de senderos autorizados excepcionalmente o inobservancias de formas y plazos para brindar información. Así como, entre otras fallas, almacenamiento de residuos peligrosos sin autorización en lugares que no cumplen con lo establecido por la normativa vigente.
Pensar que se incumplen puntos centrales del convenio de funcionamiento sólo de un lado de la Cordillera es de una ingenuidad garrafal.
Argentina no defiende los recursos naturales ni hace cumplir la ley como se revela en la falta del inventario de glaciares o la desprotección de las cuencas hídricas. El gobierno no fiscaliza ni controla, descuida el impacto ambiental abonando el claro desinterés de BG en cumplir con sus obligaciones, los estándares o las normas vigentes.
La comparación con Chile nos fuerza a denunciar el evidente acuerdo del Poder Ejecutivo con la mentada minería responsable, dejando el presente de las poblaciones cordilleranas y el futuro de las generaciones de todo el país, rehenes del desprecio por la vida de algunos irresponsables.
*Senador Gerardo Morales (UCR/Jujuy)
Integrante de la comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Cámara alta, ha pedido informes al Poder Ejecutivo (Cancillería, Secretarías de Medioambiente y Minería) sobre la inacción del Estado.
