La Compañía Minera Nevada Ltda., subsidiaria de la canadiense Barrick Gold, es demandada durante la segunda sesión de la Audiencia 2012 del , por los daños socio-ambientales generados con el megaproyecto minero Pascua Lama, en la región fronteriza de Chile y Argentina.
Por Tribunal Latinoamericano del Agua
La Compañía Minera Nevada Ltda. ha sido demandada esta mañana por los presuntos daños socio-ambientales y la supuesta crisis de legalidad generada desde que, en el año 2000- que comenzó definitivamente a operar en 2009- empezara a proyectar una gran mina a cielo abierto en la Comuna de Alto del Carmen, valle del Huasco, región de Atacama, cuyos efectos podrían ser transfronterizos afectando a Argentina.
La demanda ha sido presentada por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), el Consejo de Defensa del Valle del Huasco y organizaciones del Alto Carmen (la Pastoral Salvaguarda de la Creación y el Comité Esperanza de Vida).
Los demandantes, representados por Lucio Cuenca, representante de OLCA; Jorge Guerrero, del Consejo de Defensa del valle del Huasco; por Rodrigo Villablanca del Comité Esperanza de Vida del Altor Carmen y por Valesca Urqueta han señalado que “la instalación del proyecto Pascua-Lama amenaza a los glaciares cordilleranos aledaños (Toro I, Toro II y Esperanza) ya han sido significativamente destruidos, según han reconocido el propio Ministerio de Obras Públicas chileno”.
“Esta amenaza -han señalado- proviene tanto por la cantidad de agua empleada por la mina (370 litros/segundo) como por el uso de la técnica de lixiviación con cianuro de sodio, la ubicación de desecho desechos sobre el lecho de los ríos, por la apertura de brechas y por el tránsito de camiones con materiales explosivos, combustibles y químicos”. Los demandantes señalan también que los ríos que son tributarios de los glaciares, como El Tránsito y El Carmen, también están sufriendo gran contaminación, razón por la que los habitantes de la comunidad del Alto Carmen tienen que ser sumistrados a través de la municipalidad para poder beber agua”.
“Esta situación-han puntualizado- amenaza la biodiversidad de la región y los derechos humanos, culturales y al modo de vida agrícola de los pobladores de la comuna de Alto del Carmen – que incluye la comunidad indígena Diaguita Huacoaltina, cuyo caso ya compareció en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. Además, los denunciantes han hecho hincapié en “la profunda fractura social que esta situación ha causado en la comunidad” y en que la empresa “no ha enmendado su actitud después de sanciones impuestas por las instituciones de vigilancia ambiental chilenas”.
En su exposición, Lucio Cuenca, también ha remarcado que “hay una herencia institucional del manejo de la minería y el agua de tiempos de dictadura por la Ley Minera Vigente. Se entrega en propiedad privada los derechos de subsuelo a las compañías y convierte el agua en una mercancía. Solo el 28% de la minería chilena la desarrolla el estado y un 72% empresas mineras. Además- ha recalcado- esta actividad apenas genera el 1% del empleo nacional”.
Por todas estas situaciones, los denunciantes ha demandado a la subsidiaria de Barrick Gold por los presuntos hechos de “promoción del debilitamiento de la institución ambiental chilena- al presentar informes de impacto ambiental fraccionados-; por corrupción y conflictos de interés tanto a nivel regional como nacional; y por incumplimiento de la Legislación Ambiental Chilena, que ha sancionado en múltiples ocasiones a la empresa por su manejo de residuos en el valle.
En este marco, los denunciantes han solicitado al Jurado del Tribunal que decrete la urgencia de una moratoria a la megaminería química en la naciente de las cuencas chilenas y argentinas, que respalde la exigencia comunitaria de retiro del proyecto binacional Pascua Lama; que interpele al gobierno de Canadá para que cese de respaldar este tipo de actividades, que solicite la revisión y derogación del Tratado Binacional Minero.
El Jurado del Tribunal Latinoamericano del Agua, integrado por Philippe Texier, magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Francia, Alexandre Camanho de Assis, Magistrado del Ministerio Público y Procurador de la República de Brasil, el muralista mexicano Ariosto Otero y Dra.Silvia Nonna, experta y asesora de la Nación Argentina en materia legal medioambiental y Giselle Boza Solano, destacada abogada y periodista costarricense, resolverá los casos y emitirá veredictos al término de las sesiones de la Audiencia Pública el día 9 de noviembre de 2012.
Mañana miércoles 7 de noviembre, a las 10.30 , se escuchará el contradictorio entre los Vecinos Autoconvocados de González Catán y la Coordinadora Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) por la posible afectación de los mantos acuíferos en González Catán, Matanza, Buenos Aires. En este caso, ambas partes se personarán a declarar.
Por la tarde, a las 14.00, se escuchará el contradictorio entre el Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo (Grufides) y la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC) contra el Estado Peruano y la empresa minera Yanacocha S.R.L. por ejecución del proyecto minero Conga, que amenaza al medio-ambiente y el derecho al agua en la región de Cajamarca, Perú, y ha provocado una importante crisis de gobernabilidad en todo el país andino.
Inés Giménez
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