Informe presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos busca establecer la responsabilidad extraterritorial de Canadá en la violación de derechos humanos producto de la actividad minera de gran escala, así como regular la facilidad con que se desarrollan las inversiones extranjeras. El caso de Pascua Lama, de la empresa Barrick Gold, es uno de los 22 proyectos analizados en nueve países de la región.
Fuente: Diario Universidad de Chile
A partir de la resistencia desarrollada por diversas comunidades en el contexto latinoamericano, se han visibilizado varios conflictos ligados a la minería de gran escala, cuyas consecuencias se constatan en el medio ambiente y en la vulneración de derechos humanos.
Así lo plantea un grupo de ONGs que presentó esta semana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe titulado “El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá”, en el que se identifican varios patrones sobre el actuar de las empresas de ese país, las que representan entre el 50 y el 70 por ciento del total de la actividad.
Además, el texto establece que a pesar de que las autoridades canadienses conocen las problemáticas de los casos estudiados, continúan entregando apoyo político, jurídico y financiero a los operadores de los proyectos.
En ese contexto, y con la finalidad de reflexionar y plantear estrategias comunes frente a los efectos de las trasnacionales, se constituye en 2010 el Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina, autores del informe.
Una de las siete organizaciones integrantes es el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), cuyo director, Lucio Cuenca, apunta tanto a la responsabilidad del Estado canadiense y sus empresas, como también a los gobiernos que no aseguran una legislación para garantizar los derechos humanos de la ciudadanía.
“En la mayoría de los países donde se ha intensificado la inversión minera canadiense, esto ha significado en muchos casos una serie de conflictos y vulneración de los derechos humanos. Hay que fortalecer una regulación que tiene que ver con la facilidad y los incentivos que hoy tienen las inversiones extranjeras. Incluso los gobiernos compiten para ver quien les da más garantías”, analiza.
Al momento de elaborar el documento, los datos del Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL) registraban alrededor de 198 conflictos activos ligados a la minería de gran escala. Con esa información se seleccionaron 22 proyectos altamente contaminantes, gestionados y ejecutados por 20 empresas canadienses, cuyas filiales han desarrollado trabajos en Argentina, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Perú.
Críticas contra Pascua Lama
En el caso de Chile, el estudio apunta a Pascua Lama, el proyecto de extracción de oro de la empresa Barrick Gold, instalado en la región de Atacama. Sus prácticas y funcionamiento son criticadas por la diputada Yasna Provoste, ex intendenta e integrante de la comisión de Minería y Energía de la Cámara.
“En lo que ha sido una mala política de Pascua Lama no solo hemos visto un deterioro desde el punto de vista de la calidad del ambiente, sino que también una fragmentación muy fuerte respecto del tejido social. Esto, porque algunas malas empresas entienden que la responsabilidad social es entregar dinero para dividir a comunidades, que es lo que hemos visto a partir del proyecto Pascua Lama. Y tampoco me parece justo extender las malas prácticas de Barrick Gold al resto de la gran minería”, explica.
Además de destacar los negativos impactos ambientales que se generan con la contaminación del aire, las aguas y el suelo, el estudio plantea otras condiciones ligadas a la actividad minera: existencia de marcos jurídicos deficientes; desinterés por los pueblos indígenas, reservas naturales y zonas protegidas; escasa participación ciudadana; y poca efectividad de los recursos judiciales.
En cuanto a los impactos socioeconómicos, se identifica la alteración de las fuentes de ingreso y de los modos de subsistencia, lo que genera un mayor empobrecimiento, y las promesas de prosperidad, empleo y soluciones rápidas a la situación de vulnerabilidad de las poblaciones que habitan las regiones mineras.
Asimismo, destaca la criminalización de la actividad de defensa de derechos, el cierre de espacios institucionales de diálogo y la exacerbación de la violencia, amenazas y hostigamientos, además de desplazamientos forzados y división de las comunidades.
Todos estos factores son constatados por Juan Carlos Labrín, coordinador del movimiento SOS Huasco, valle que ha sido afectado por los trabajos de Pascua Lama.
“La minera aún no empieza su proceso de extracción y ya ha causado daños irreparables en el ámbito social de los trabajadores, donde llegan muchos trabajadores, mucha droga, se masifica la prostitución, inclusive infantil. La megaminería promete muchas cosas en cuanto a progreso y desarrollo, pero en términos concretos de crecimiento de una sociedad no lo hemos visto. Incluso, cada vez vemos más pobreza en los distintos valles, ya que la gran minería va acabando rotundamente con la agricultura y la ganadería”, denuncia.
A esto se suma, de acuerdo al informe, la cesión o venta de tierras por parte de las comunidades que habitan las zonas de los proyectos, producto de engaños, maniobras fraudulentas o desalojos forzosos.
Por ello, el objetivo que se plantean las ONGs es abordar la responsabilidad extraterritorial del Estado canadiense respecto del comportamiento de sus empresas, considerando el apoyo económico y político que reciben, el blindaje que poseen a través de acuerdos de libre comercio, la injerencia en los demás países, además de un marco jurídico que no permite prevenir y sancionar las violaciones de derechos humanos ocasionadas por la actividad minera.
