La denuncia fue tomada por el fiscal general Gustavo Gómez, quien motorizó la causa pero luego fue apartado por una decisión del procurador general, Esteban Righi, y en su lugar quedó el fiscal Emilio Ferrer.
Fuente: Buenos Aires Económico
28/12/2010. La justicia federal tucumana tiene “paralizada” desde hace un año una investigación por supuesto ocultamiento de ganancias de la minera La Alumbrera por unos u$s40.000 millones en perjuicio de sus socios, la Universidad Nacional de Tucumán y la Gobernación de Catamarca, entre otras. Así lo definió el geólogo Guillermo Amílcar Vergara, que denunció a la empresa por declarar apenas tres minerales cuando exporta más de medio centenar de variedades sobre las que no hay tributación alguna.
“Aparentemente hay vocación de paralizar esta causa donde lo que debería definir es si efectivamente se produjo ocultamiento de ganancias de unos u$s 8.000 millones anuales durante más de cinco años”, señaló Vergara a BAE. La misma apreciación hizo una fuente judicial que conoce muy de cerca la investigación que tiene en sus manos el juez federal Daniel Bejas: “El expediente está paralizado”.
La causa se inició en febrero pasado a partir de una denuncia de los geólogos Vergara y Miguel Gianfrancisco, quien presentó un estudio sobre metalogénesis, donde señaló que en la minera La Alumbrera no sólo se extrae oro, cobre y molibdeno sino una gran variedad de metales y tierras raras. Según ese trabajo, lo producido –que superaría holgadamente lo declarado por la empresa– no se distribuyó entre los socios de la unión transitoria de empresas Yacimiento Minero Aguas de Dionisio (YMAD), que incluye a la Universidad Nacional de Tucumán.
La denuncia fue tomada por el fiscal general Gustavo Gómez, quien motorizó la causa pero luego fue apartado por una decisión del procurador general, Esteban Righi, y en su lugar quedó el fiscal Emilio Ferrer.
Los raros. La presentación de Vergara, que luego se convirtió en denuncia y causa judicial, nació a partir de unos estudios realizados sobre una muestra tomada de La Alumbrera. “Se hizo en un laboratorio multinacional, donde hicimos otras muestras, y aparecieron casi cincuenta metales”, indicó el geólogo.
Entre los metales que encontró estaba, por ejemplo, el escandio o el titanio, ambos utilizados en la industria aeroespacial. Este último cotizaba a u$s1.920 la tonelada en febrero pasado, cuando se dio curso a la denuncia. La semana pasada se ubicó en los u$s2.500 la tonelada.
La explicación que un vocero de la empresa dio a este diario es que “esos metales podrían estar pero en tan ínfima proporción que no interesan”, y destacaron que su negocio está centralizado en la explotación del cobre. Además, explotan oro y molibdeno.
Para Vergara, ésas son excusas: “Se llaman metales traza porque están en pequeñas proporciones pero tienen un valor muy elevado. El oro también es escaso y allí está, además de que es brillante, dorado y no se oxida, la explicación de su precio”.
Movimientos. La última movilización importante que tuvo la causa ocurrió en mayo pasado. Fue cuando el entonces fiscal Ferrer se acercó hasta la minera, muñido de una orden judicial y acompañado por personal de Gendarmería. Debía tomar muestras de las rocas que exporta la empresa para analizarlas y determinar si la denuncia tenía algún grado de certeza. Pero la negativa de las autoridades de la minera “impidió que se cumpliera con el procedimiento”, reconoció una fuente cercana a la investigación.
Desde la minera encontraron otra explicación a lo sucedido. Dijeron que no había sido notificada con la suficiente antelación de la decisión judicial. No sólo eso, la notificación del procedimiento se había “enviado a un domicilio equivocado”.
La misma fuente judicial que confió las dificultades para tomar las muestras indicó que “no hay movimientos desde hace meses”. Vergara agregó: “El juez Bejas aceptó que la empresa haga una entrega voluntaria de rocas, que está viciada de nulidad porque la empresa es la investigada”.
Como contrapartida al transito cansino de la causa, se produjeron movimientos en la estructura judicial que rodea al expediente. El juez Bejas fue confirmado en su cargo hace diez días por el Senado y el fiscal Ferrer se jubiló. En su lugar fue nombrado Carlos Brito, un funcionario que dejó registrado en su currículum “una posición contraria a impulsar la acción penal en los delitos ambientales”, precisó otra fuente judicial.
