La ley de protección de glaciares y las presiones ambientalistas multiplican el trabajo de los abogados especializados. Qué puede pasar en el sector según un artículo centrado en las opiniones de asesores de grandes mineras trasnacionales que operan en Argentina.
Fuente: Apertura
21/12/2010. Alrededor de la actividad de la minería dan vuelta muchas palabras en los últimos tiempos. Cianuro, impacto ambiental, uso del agua, lobby empresarial son algunos de los términos a los que apelan, en forma frecuente, referentes políticos y formadores de opinión. La presión mediática sobre el sector también es legislativa: con la reciente sanción de la ley de protección de glaciares, que prohíbe la exploración y explotación minera en zonas glaciares y peri glaciares, se agregó otro factor de interrogante para el accionar de las empresas. Las posibles implicancias de la norma –que al cierre de esta edición no había sido promulgada– encabezan hoy las consultas más urgentes a los abogados especializados en minería. Pero no son las únicas que reciben.
“Tal como fue sancionada la ley, el principal problema que desata es el de la incertidumbre sobre su alcance”, sentencia Luis Lucero, socio de Cárdenas, Di Ció, Romero, Tarsitano & Lucero y uno de los expertos de renombre en el mercado, con clientes como Xstrata (Minera Alumbrera), AnglogoldAshanti, Cerro Vanguardia y Río Tinto, entre otras compañías. “La existencia de leyes provinciales, que son dueñas de los recursos naturales según la Constitución, y de una ley nacional sobre la misma cuestión, no hará más que potenciar escenarios judiciales innecesarios y contraproducentes”, anticipa Lucero, para quien la norma que salió del Congreso el 30 de septiembre último fue sancionada “con una inmadura finalidad contraria a la explotación de recursos naturales”.
Para Hernán Zaballa, socio de Brons & Salas –estudio que también figura en el primer nivel de la práctica según las guías internacionales, con clientes como Barrick Gold, según se sabe en el mercado–, hay que esperar la reglamentación para dar una opinión definitiva. De todos modos, sostiene que las críticas se sustentan en tres ejes. El primero, el “exceso de facultades” en que incurre el Congreso, al establecer prohibiciones directas como presupuestos mínimos, en contraposición con las atribuciones provinciales; el segundo, el establecimiento de “una nueva auditoría ambiental sobre actividades en ejecución que ya cuentan con aprobación”; y el tercero, “imprecisiones técnico jurídicas en la definición del bien tutelado”, es decir, de los glaciares y zonas peri glaciares que se busca proteger.
El desenlace, según Zaballa, es previsible: una sucesión de reclamos que deberá dirimir la Corte Suprema. “Es altamente probable que algunas provincias cordilleranas que ya contaban con una ley provincial de protección de glaciares deduzcan demandas de inconstitucionalidad contra la ley nacional de glaciares, por considerar que altera los preceptos del artículo 41 de la Constitución”, afirma. Las empresas también podrían recurrir a la justicia, al ver afectados sus derechos, agrega.
“Hay un avasallamiento de las jurisdicciones provinciales. El presupuesto mínimo dice que no se puede hacer la actividad en áreas glaciares y peri glaciares. El problema es con estas últimas, que no se sabe bien hasta dónde abarcan”, dispara Adolfo Durañona, socio de Baker & McKenzie, estudio que asesora, entre otras, al gigante brasileño Vale (que opera el proyecto de Potasio Río Colorado, en Mendoza). Durañona remarca que son los informes de impacto ambiental, que elabora cada provincia, los que determinan si una actividad se puede hacer o no. “Y la minería tuvo una ley ambiental antes que otra industria”, refuerza. Ignacio Celorrio, socio de Quevedo Abogados, se ubica en la misma línea: la nueva ley, tal como fue sancionada, no se ajusta a la Constitución y los derechos que tienen las provincias sobre sus recursos naturales, según su opinión. “Del texto de la ley se ve que hay una clara intencionalidad distinta de lo que la ley dice proteger. Da para objeciones constitucionales muy claras”, afirma. “Si es promulgada tal cual está, tiene potencialidad de conflictos”, comparte.
Viento de cola
La incertidumbre sobre la nueva legislación aceleró las consultas de las multinacionales a los estudios con expertise en minería. No obstante, el flujo de trabajo relacionado con el sector viene creciendo en los bufetes desde que se despejó la crisis financiera internacional, a mediados de 2009. La vuelta del financiamiento –las empresas obtienen fondos para sus proyectos en Londres y Toronto, principalmente– y la suba de las commodities tornan atractiva la exploración en todas las plazas, indican los abogados.
“La tendencia general es de continuidad. No hay que perder de vista –contra lo que el discurso supuestamente ambientalista pregona– que no puede haber ninguna clase de desarrollo a ningún nivel sin minería”, subraya Lucero. “China, la India y Brasil están haciendo un trabajo impresionante para dar acceso a necesidades básicas a cientos de millones de personas, y eso no se logra sin cobre, ni zinc, ni hierro”, sentencia.
La prohibición relacionada con los glaciares, entonces, no alteró el interés, pero puso en stand by varios proyectos, hasta que se despeje un poco el panorama. “Con este contexto mundial, las inversiones continuarán, pero centradas en las que ofrezcan una mayor tasa de retorno, por el costo de la incertidumbre. Si en Chile buscan ganar 10, acá piden 15. Es lo que termina sucediendo y no entienden los legisladores”, se queja un abogado.
Lo mismo ocurrió con la imposición de las retenciones del 10 por ciento fijadas en 2007. La ley de promoción de inversiones mineras sancionada en los ’90 prevé la estabilidad fiscal por 30 años para los proyectos, a partir de la presentación del estudio de factibilidad. Mientras las explotaciones ya establecidas recurrieron a la justicia por la alteración de las reglas de juego, los proyectos posteriores a 2007 debieron sumar las retenciones en sus cálculos. “Con los metales en alza, las cuentas les dan. El problema surgirá si algún día bajan”, observa un lawyer.
Las consultas que genera la minería presentan un fuerte componente administrativo, vinculado con las regulaciones locales. “La obtención de todos los permisos para explorar es un tema de preocupación, porque se están demorando en algunos casos”, apunta Durañona. El otro componente que pesa sobre el sector es el ambiental. Puesto en el ojo de la tormenta por ONGs y algunos referentes políticos, los abogados refutan varios de los planteos que se escuchan a diario, sin dejar de reconocer que existen evidentes fallas en la comunicación sectorial.
“El tema se politizó mucho. Mientras que en el resto del mundo la preocupación ambiental gira en torno al cambio climático, en la Argentina se vincula directamente con la actividad minera”, sostiene Zaballa. Y agrega que, en el caso del uso del agua –una de las objeciones medulares de los ambientalistas–, la minería consume el 1 por ciento de lo destinado a la agricultura, según un estudio del Departamento de Hidráulica de San Juan, provincia con alto desarrollo minero.
“Hay un tono más alarmista que real. Muchas de las críticas tienen fundamento en lo sucedido en otros países hace 30 años, cuando no había una conciencia del impacto ambiental como la que existe hoy. Los niveles de control son mucho más sofisticados”, opina Celorrio, quien asesora a empresas como The Grosso Group y varias firmas juniors (las que realizan exploración), además de bancos de inversión que financian proyectos.
Intereses en pugna
“Las grandes mineras operan con estándares internacionales porque tuvieron muchos problemas en otros países. Pero, no deja de ser verdad que el activismo de las ONG hizo que mejoren sus políticas y estén muy controladas hoy”, matiza Matías Sicardi, asociado senior de Hope Duggan & Silva. “Lo que viene es la minería sustentable: que las empresas no sólo cuiden el medio ambiente mientras operan, sino que prevean un plan específico de retiro ordenado, cuando el mineral se agota”, complementa.
Florencia Heredia, socia de HOLT Abogados y otra de las referentes de la práctica minera, con clientes como Anglogold, First Quantum Minerals, Eldorado Gold, Potasio Río Colorado y Pan Global Resources, pone las cosas en contexto. “Mucho de lo que sucede en la Argentina pasó en otras partes del mundo. El gran problema que enfrenta la minería, y que en el país se agrava especialmente, es una intersección temporal de intereses, entre el manejo de expectativas de las comunidades, las empresas y los gobiernos”, explica. Esto significa que la falta de políticas públicas de largo plazo colisiona con la duración de entre 20 y 40 años de un proyecto minero. “Planificar el desarrollo de una comunidad a tan largo plazo, cuando faltan esas políticas de parte de los gobiernos, puede generar una mezcla explosiva e incontrolable. El principal problema que enfrentan las empresas es ése”, sostiene.
El otro tema relacionado con las expectativas que afecta a las mineras, según Heredia, es demostrar su verdadera contribución a la renta del lugar. “Que después ese dinero se distribuya como corresponde en la comunidad es otro problema. Pero, a escala internacional, se está trabajando en que sean las comunidades del lugar las que reciban el beneficio del proyecto”, afirma.
Para aplacar el nivel de ebullición que despierta el sector, la abogada cree que la mejor solución pasa por profundizar la interacción entre empresas, gobiernos locales y comunidades. “La Argentina sigue teniendo un esquema jurídico estable. Pero como las relaciones entre las partes son muy dinámicas, y el mundo evoluciona muy rápido, los marcos deben ir adaptándose”, concluye.
