El Área de Delitos Contra la Administración Pública de la Procelac prestó colaboración al fiscal Brito en dos causas vinculadas. Se investigan irregularidades en contrataciones de la Universidad Nacional de Tucumán y el desvío de fondos millonarios por parte de las autoridades a patir de aportes de una empresa minera.
Fuente: Fiscales.gob.ar
El coordinador del Área de Delitos Contra la Administración Pública de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Milton Khaski, estuvo en Tucumán junto a los economistas que integran el plantel del organismo, Guillermo Bellingi y Carlos Castro, en virtud de un pedido de colaboración que hizo el titular de la Fiscalía Federal N° 1 de esa provincia, Carlos Brito.
El fiscal había solicitado asistencia técnica en el marco de dos causas vinculadas: en una se investigan irregularidades en contrataciones de la Universidad Nacional de Tucumán, mientras que el objeto de la otra son desvíos de fondos millonarios que hacían las autoridades de la universidad a partir de montos enviados por la empresa minera Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD).
Durante la visita, los funcionarios procedieron al análisis de la información remitida por los organismos como consecuencia de las recomendaciones y solicitudes que había sugerido la Procelac en una intervención anterior en abril.
El estudio permitió avanzar con claridad en el análisis del uso de los fondos provenientes de YMAD por la Universidad Nacional de Tucumán en dos dimensiones. Por un lado, se indagó en el gran caudal de documentación que reflejaba diversas aplicaciones de los ingresos provenientes del Yacimiento, principalmente vinculada con las obras enmarcadas en lo que se conoce como construcción de la Ciudad Universitaria. Por otro lado, se tomó contacto con la forma en que se originaron esos ingresos y la manera en que se dispuso su manejo hasta tanto se utilizaran para el pago de las diversas erogaciones.
A partir de ambos enfoques, se pudieron trazar los principales caminos seguidos por el dinero desde su origen hasta su materialización en obras, sus aplicaciones financieras, mecanismos de asignación y distribución, al mismo tiempo que se constató información detallada respecto de los procedimientos de ejecución, seguimiento, control y pago de las obras en cuestión.
En las próximas semanas, el Área de Delitos Contra la Administración Pública presentará el informe con el análisis de la documentación y las conclusiones técnico-jurídicas que servirán para avanzar en la invetigación.
