El Secretario de Minería de la Nación llegó a Perito Moreno donde, desde las 11:30 hs se lleva adelante lo que en los medios se difundió como un “debate minero”, pero que fuentes de OPI aseguraron que se trata de una reunión convocada de urgencia, ante la protesta y fuerte presión ejercida por las empresas mineras que ven que el Estado avanza sobre los acuerdos pre-existentes, vulnerando lo que para ellas son reglas básicas, redactadas en los instrumentos legales que dan forma a la ley minera.
Fuente: Agencia OPI Santa Cruz
La reunión se lleva a cabo en Perito Moreno. Asiste el Secretario de Minería de la Nación Jorge Mayoral, pero lejos de constituir una convocatoria para delinear estrategias productivas, el evento concentra quejas y protestas por la falta de “estabilidad jurídica” en la provincia y en el país y porque, a partir del desfinanciamiento de Santa Cruz, se busca que las empresas aporten por fuera de los convenios pre-establecidos. El proyecto de asociación con Fomicruz, en el centro del debate ¿Será genuino el reclamo empresario?.
El Secretario de Minería de la Nación llegó a Perito Moreno donde, desde las 11:30 hs se lleva adelante lo que en los medios se difundió como un “debate minero”, pero que fuentes de OPI aseguraron que se trata de una reunión convocada de urgencia, ante la protesta y fuerte presión ejercida por las empresas mineras que ven que el Estado avanza sobre los acuerdos pre-existentes, vulnerando lo que para ellas son reglas básicas, redactadas en los instrumentos legales que dan forma a la ley minera.
Existieron acciones fundamentales que encendieron las alertas y fueron, por un lado la exigencia de los Intendentes de que las empresas conformen un fondo fiduciario con aporte del 1% de sus ganancias, la provincia que solicitó a las mineras fondos para sostener el sistema de salud, el proyecto de la diputada Selsa Hernández que pretende gravar con un 10% la venta de proyectos mineros entre empresas y el último y más cuestionado proyecto del diputado Leonardo Álvarez, por el cual se pretende que las mineras cedan el 10% de sus acciones a favor de Fomicruz, transformando así al Estado en socio de facto de las operadoras.
Si bien contra todas estas iniciativas, las multinacionales se quejan en privado, para no aparecer contradiciendo su mensaje público de que son generadoras del crecimiento regional y beneficiarias directas de la población que impactan, rápidamente llevaron el problema al escritorio de la Secretaría de Mayoral, pidiendo que mediara en una situación que para las mineras, la Cámara minera y las empresas de servicio que reúnen las mineras, atenta contra la rentabilidad de esta actividad, hecho que están decididas a resistir, entendiendo que ceder en estas circunstancias es permitir que en el futuro el gobierno siga avanzando sobre otros acuerdos firmados con la Nación y los derechos consagrados en la Ley minera, por la cual se rigen.
Fuentes de Perito Moreno, señalaron a esta Agencia, que la discusión ha sido “muy fuerte” y que hubo participantes que amenazaron con levantarse del encuentro. Lo más resistido es la participación forzada de Fomicruz en asociación con las empresas, proyecto que podría ser tratado en la próxima sesión.
Sin embargo, otro de los participantes al “debate”, señaló que lo propuesto por el diputado Álvarez es “impracticable, inconstitucional, delirante y no resiste el menor análisis”, remarcando que a su criterio “está puesto allí para embarrar la cancha y eso las mineras lo saben. Es doblar la apuesta, por lo del canon, llevando las pretensiones al extremo del ridículo. Hacen un gran escándalo sobre lo que ya saben que nació muerto, pero aprovechan el revuelo para anular cualquier otro intento por sacarles un peso, entre ello, el pedido del Ejecutivo de que aporten 14 millones de pesos mensuales para la salud o la participación comunitaria con el aporte del 1% de su rentabilidad en los municipios”, señaló la fuente a OPI.
Observado de esta manera y de acuerdo a la interpretación que se hace del escenario que han planteado las mineras, gran parte de este “acting” estaría armado para, precisamente y valga la redundancia, “desarmar” todas las iniciativas tendientes a quitarles parte de la rentabilidad a las mineras; en definitiva, un logro de los mismos diputados de La Cámpora que interfirieron con el proyecto de gravar con el canon minero, la venta de los yacimientos, una iniciativa – comparativamente – más viable y práctica que forzar inconstitucionalmente a una empresa privada a que ceda acciones a favor del Estado provincial. Pero las empresas entienden que este delirio podría hacerse realidad en el recinto y luego obligar a todas ellas a recurrir a la justicia, lo cual llevaría tiempo y dinero, cuestionamientos que terminarían, sin duda, en la Corte Suprema. Es por todo esto que Mayoral viajó a Santa Cruz y habilitó el “debate minero” cuyo resultado aún es una
