Tras el triunfo de la gobernadora Alicia Kirchner y a través de una nueva ley provincial, el oficialismo de la provincia de Santa Cruz eliminó el impuesto minero santacruceño. Dos meses después Mauricio Macri anunciaba el fin de las retenciones a nivel nacional.
Fuente: La Izquierda Diario
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Fue una de sus promesas de campaña durante 2015. Alicia Kirchner y el Frente para la Victoria Santacruceña consiguieron la eliminación del mísero impuesto del 1 % a las mineras apenas fue elegida como la nueva Gobernadora de la provincia.
“Tal como lo manifestamos en el debate parlamentario y a través de la abstención por parte del bloque de diputados que conformamos el Frente para la Victoria Santacruceña [cuando se votó el impuesto], es que consideramos oportuna la derogación del Impuesto al derecho real de propiedad inmobiliaria minera”. Así decía el proyecto de ley N° 377/15 firmado por los diputados kirchneristas Alexis Adrián Quintana, Silvio Rubén Suarez, Rubén Contreras y Roberto Ignacio Fernández, y que consiguieron que se aprobara en la última sesión del año, el 4 de diciembre de 2015.
El impuesto a las mineras en Santa Cruz fue sancionada y promulgada en septiembre de 2013 como Ley provincial N° 3.318, la que incorporó como Título VII el “Impuesto al derecho real de propiedad inmobiliaria minera”. Este impuesto fue una iniciativa presentada por el gobernador Daniel Peralta, por entonces enfrentado a CFK, y pretendía solventar el gasto público provincial. Sin embargo, la medida ocasionó resistencia por parte de las compañías mineras con intereses en Santa Cruz, cuando al menos dos compañías elevaron un recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para frenar el cobro del tributo por considerarlo violatorio de la Ley de Inversiones Mineras, sancionada a principios de los 90, que otorgó estabilidad fiscal por 30 años a las empresas extractoras de metales.
Imagen: GoldCorp.
La idea del gobierno de Daniel Peralta se basaba en que las provincias recibían poco y nada de lo que genera la minería, porque además de que el sector tiene varias exenciones, el 80 % de los impuestos del sector se los queda el Gobierno nacional, y el resto queda para ser repartido entre las provincias. Al no poder modificar la distribución de los recursos, Santa Cruz agregó un nuevo impuesto, con el que las mineras debían pagar en total alrededor de 150 millones de pesos anuales, los que ingresarían a las arcas provinciales y entre otras cosas permitirían aumentar sueldos de trabajadores públicos.
Las mineras afectadas por la aplicación del Impuesto Inmobiliario en Santa Cruz eran Cerro Vanguardia, controlada por la sudafricana AngloGold Ashanti, Minera Triton, de Pan American Silver, y Minera Santa Cruz, que responde a la peruana Hochschild y la canadiense Minera Andes. El tributo también había alcanzado a Goldcorp y Minera IRL.
El 9 de diciembre de 2015, cinco días después de la aprobación en la legislatura santacruceña de la derogación del impuesto, el ahora ex gobernador Daniel Peralta firmó un decreto por el cual vetaba en todos sus términos la derogación aprobada por diputados. Sin embargo, ya bajo la gestión de Alicia Kirchner, en el decreto 0144/15 del 23 de diciembre, la gobernadora dejó sin efecto la decisión de Peralta.
Casi dos meses después, el 12 de febrero de 2016, Mauricio Macri anunció el fin de las retenciones para la actividad minera metalífera y no metalífera, que tributaban un 5 % sobre las ventas. El anuncio lo hizo en plena cordillera de Los Andes de la mano de los gobernadores del PJ Sergio Uñac, de San Juan, y Lucía Corpacci, de Catamarca.
