La empresa canadiense Barrick Gold pidió la nulidad de la causa judicial que tiene en Argentina y que lleva adelante el juez federal Sebastián Casanello, luego que la justicia anunciara la posibilidad de cerrar una de sus minas por derrames de agua cianurada, anunciaron a Sputnik fuentes judiciales.
Fuente: Sputnik
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El magistrado había adelantado la posibilidad de cerrar la mina aurífera Veladero, en la provincia de San Juan (oeste), donde desde septiembre de 2015 la compañía tuvo al menos tres derrames de agua con cianuro.
La solicitud de nulidad corrió a cargo de uno de los directores de Barrick en Argentina, Fernando Hugo Giannoni, quien además pidió desplazar al juez, ya que Casanello adelantó que las pruebas recogidas, los derrames de agua cianurada, y la violación a la Ley de Glaciares en la que incurre la multinacional “obligan a considerar de modo definitivo su cierre”, en referencia a Veladero.
Casanello había sido apartado de la denuncia original, pero luego su juzgado volvió a impulsar otro expediente por la presunta violación de la Ley de Glaciares, vigente desde 2010, que prohíbe la explotación minera sobre ambientes glaciares y periglaciales, como en el que se encuentra el yacimiento.
El juez comenzó a investigar en 2015 la supuesta responsabilidad de funcionarios provinciales y nacionales por la falta de control de la explotación de la mina.
La Corte Suprema de Justicia, sin embargo, le retiró el expediente tras considerar que el caso debía trasladarse a la justicia provincial de San Juan.
La querella original contra Barrick se encuentra prácticamente paralizada en un juzgado de esa provincia, por lo que la asamblea ambiental “Jáchal No Se Toca”, que denunció los derrames de Barrick Gold, volvió a presentarse ante Casanello para ampliar la denuncia original en relación a la Ley de Glaciares, cuya violación constituye un delito federal.
A comienzos de abril el juez señaló en relación a Veladero que “la producción de eventos contaminantes, no uno sino varios, obliga a considerar de modo definitivo su cierre pues son los hechos en su más cruda realidad lo que demuestran que las medidas de prevención fracasaron y los pronósticos fueron equivocados”.
La firma canadiense volvió a cuestionar al magistrado y recordó que la Corte ya había señalado que la investigación era competencia del juzgado provincial, por lo que interpretó su actuación como un “alzamiento” hacia el máximo tribunal del país.
“Dicho alzamiento lo pondremos en conocimiento del alto tribunal”, sostuvo el abogado de la empresa, León Carlos Arslanián.
Barrick Gold también acusó a Casanello de ser un juez parcial al indicar que los denunciantes lo eligieron “a dedo” para que tramitara la ampliación de su querella en lugar de realizar la presentación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional (conocida como Cámara Federal) para que se procediera al sorteo.
“Ya tiene preconcebida la decisión de disponer el cese definitivo de la actividad, es decir, la máxima sanción prevista por el ordenamiento legal”, objetó la compañía.
Contexto
El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, ordenó el 30 de marzo pasado suspender temporalmente las actividades de Veladero tras detectarse el tercer derrame de la compañía en los últimos 18 meses.
La gobernación de esta jurisdicción tomó la misma resolución el pasado 15 de septiembre de 2016, cuando la compañía reconoció, con una semana de retraso, que se había producido un nuevo vertido de cianuro tras resultar dañada una cañería por la caída de un bloque de hielo.
Uñac había asegurado por entonces que la multinacional no tenía “más margen de error”.
Barrick Gold volvió a sus actividades 24 días después del vertido, el 4 de octubre de 2016.
En aquel momento se cumplía el primer aniversario del peor accidente minero que haya sufrido Argentina en su historia, del que también fue responsable la compañía canadiense al romperse la válvula de una tubería en la mina aurífera.
Aquel incidente, ocurrido el 12 de septiembre de 2015, provocó que se volcaran cinco millones de litros de agua cianurada sobre la cordillera y el río Jáchal, cuyas aguas desembocan en las provincias vecinas de San Luis (oeste) y Mendoza (centro-oeste).
El vertido alcanzó otros tres ríos de la zona Blanco, Palca y Las Taguas, según confirmó un informe de la Policía Federal de finales de 2015.
