La Corte Suprema de Argentina definió hoy que decidió que la justicia provincial de San Juan debe determinar la responsabilidad de los directivos de la empresa y de los funcionarios del Gobierno provincial por la posible violación a la Ley de Residuos Peligrosos y que el juez federal Sebastián Casanello debe investigar la conducta de los exsecretarios de Minería y de Ambiente de la Nación. De esta forma, será la Justicia de la provincia de San Juan la que tenga la competencia principal en la causa que investiga la posible contaminación en ríos de esa zona del país por un derrame de solución cianurada. El abogado de la Asamblea Jáchal No Se Toca, Diego Seguí, confirmó que a pesar de este fallo “el pedido de cierre de Veladero está intacto”. 

Fuente: EFE y FM Kalewche
El alto tribunal determinó que la justicia provincial es competente para investigar el derrame de cianuro en el río Potrerillos que se produjo desde la mina Veladero, operada por la empresa Barrick Gold, ubicada en el departamento de Iglesia, en San Juan.

A raíz de este episodio, se originaron dos procesos penales, uno en la justicia provincial y otro en la federal de la ciudad de Buenos Aires.

En la justicia local de San Juan se investiga a los directivos de Barrick Gold y a funcionarios provinciales, mientras que en la justicia federal de Buenos Aires se investiga el comportamiento de Sergio Lorusso, exsecretario de Ambiente de Argentina, y Jorge Mayoral, exsecretario de Minería, así como el de funcionarios provinciales y directivos de la citada empresa.

Pablo Oritja, juez de Jáchal, en San Juan, le solicitó a Santiago Casanello, magistrado a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal número 7 de la capital argentina que se inhibiera de intervenir en la causa.

Sin embargo, el juez federal rechazó ese pedido porque entendía que a él le correspondía seguir investigando, señaló hoy el Centro de Información Judicial (CIJ).

Este conflicto de competencia fue resuelto hoy por la Corte Suprema, que decidió que la justicia provincial debe determinar la responsabilidad de los directivos de la empresa y de los funcionarios del Gobierno provincial por la posible violación a la Ley de Residuos Peligrosos y que Casanello debe investigar la conducta de los exsecretarios de Minería y de Ambiente de la Nación.

La Corte Suprema también exhortó a los jueces a cargo de las investigaciones mencionadas a que adopten «las medidas necesarias para asegurar una rápida y buena administración de Justicia».

Por último, el alto tribunal enfatizó la importancia de «resguardar la jurisdicción de los jueces provinciales», dado que la Constitución Nacional garantiza como principio «fundacional del federalismo» el reconocimiento de su autonomía.

La causa investiga la supuesta contaminación de las aguas cercanas a la localidad sanjuanina de Jachál tras el derrame de solución cianurada a mediados de septiembre pasado, que según Barrick Gold fue de 1.072 metros cúbicos.

La querella pidió a la Justicia la clausura de la mina, pero antes de tomar una decisión, Casanello ordenó una evaluación sobre cómo funciona el establecimiento.

Por el derrame, el Gobierno de San Juan ya impuso una multa a la multinacional canadiense por valor de 145,7 millones de pesos (unos 10 millones de dólares), después de que Oritja procesara a nueve responsables de Barrick Gold por el derrame en Veladero.

Según el magistrado, hubo contaminación de los ríos Potrerillos, Las Taguas y La Palca, ubicados en la zona cercana a la mina de extracción de oro.

El derrame se produjo supuestamente debido a una falla en una tubería de transporte de solución cianurada, que habría ocurrido a última hora de la tarde del sábado 12 de septiembre de 2015, según la investigación de la operadora minera.

La solución llegó a uno de los canales de desvío de aguas, que cuenta con una compuerta derivada a un estanque de emergencia y debía haber estado cerrada, pero se encontraba abierta.

Barrick Gold ha sostenido que el derrame no supuso un riesgo para la población.

“El pedido de cierre de Veladero está intacto”

jachalAsí lo manifestó el abogado de la Asamblea «Jáchal No Se Toca», Diego Seguí después que la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidiera dividir la competencia en la causa por el derrame de cianuro en San Juan. El máximo órgano estableció que el juez provincial de Jáchal debe investigar la responsabilidad de los directivos de la empresa y funcionarios locales y el juez federal Sebastián Casanello a los funcionarios nacionales. Seguí, adelantó en la radio comunitaria Kalewche que Robert Moran elevará la semana próxima el informe como parte de uno de los integrantes de la Comisión de Especialistas, tras lo cual Casanello deberá resolver si accede al pedido de cierra de la mina.

Escuhcá la entrevista a Diego Seguí