La Facultad de Derecho de la UNCuyo en la ciudad de Mendoza, fue la sede ayer de un encuentro entre profesionales para analizar los aspectos jurídicos del derrame de cianuro en la mina Veladero. La postura general fue una crítica hacia la gestión del derrame generado en San Juan durante el 12 y 13 de setiembre de 2015.
Fuente: Los Andes
El primero en tomar la palabra fue el geógrafo Marcelo Giraud para hacer una introducción. Después de recordar lo que consideró “una tragedia con suerte” por no haber dejado víctimas humanas, criticó cómo se quiso minimizar el tema: “Tuvimos que soportar mentiras sistemáticas de la empresa, algunos funcionarios e ingenieros diciendo que no se violaban leyes ni se dañaba el medio ambiente”.
El aula O de Derecho tenía un público diverso entre estudiantes, profesionales, activistas ambientales e incluso vecinos de San Juan. Una bandera argentina con las palabras “Jáchal no se toca” adornaba la mesa de los expositores, la mayoría abogados.
Después de la introducción, las computadoras se conectaron para que vía on line hablara Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Consideró histórico que, después del derrame, un grupo de expertos independientes pudieran subir a la mina, aunque después ese proceso fue interrumpido por un dictamen de la Suprema Corte de Justicia.
“Las corporaciones son como Tyson, cuando creíste que los acorralabas consiguen escaparse”, ilustró Viale. A modo de cierre, afirmó que la minería es considerada fundamental para el nuevo gobierno nacional y que “la resistencia debe mantenerse”.
Uno de los oradores que más llamó la atención fue Diego Segui, venido desde San Juan por la Asamblea “Jáchal no se toca”. Tras aclarar que se trató de “un derrame de metales pesados en una solución cianurada”, describió las dos causas judiciales que se generaron, una en Jáchal y otra en el juzgado federal de Sebastián Casanello.
“En breve síntesis, lo que ha quedado claramente demostrado a través de la investigación no solo judicial sino de otros organismos como la UNCuyo, que con la facultad de Ingeniería hizo más de cinco secuencias de análisis, es que ha habido una alteración en el recurso hídrico”, sintetizó a Los Andes.
Con un tono menos crítico, Andrés Ugarte -director del Instituto Mendocino de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados- habló sobre la Ley 26.639 de protección de los glaciares y del ambiente periglacial.
“La pregunta debería ser qué se le exige a la empresa minera y cómo el Estado hace el control”, definió. Para Ugarte, el problema actual está en que falta hacer el inventario total de glaciares: “Hay informes parciales muy buenos pero todavía no tenemos uno que abarque todo el territorio del país. Se tiene que culminar el trabajo y para ello se necesita presupuesto”.
Algo llamativa fue la presencia de vecinos de Jachal afectados por el derrame de 2015. Bernabel Gomez recordó cómo en la madrugada del 13 de setiembre un empleado les avisó de la fuga. “Yo estoy en esta lucha desde 2004. Hemos trabajado pero siempre tapados, con medios comprados, amenazados u oprimidos que no contaban lo que pasaba”, narró.
Otro jachalero presente fue Carlos Ibarde, que se definió como un pequeño productor con dos hectáreas de tierra que no puede trabajar por el problema con el agua. Afirmó que desde la asamblea de vecinos se niegan a que cualquier empresa contamine el río: “En la localidad interna de Tamberías, el agua potable de la canilla está contaminada con más elementos que la convencional”.
