Si algo faltaba para que esta forma de hacer minería en San Juan sea más entreguista, es reducir a la nada los controles fiscales de esta actividad. Las empresas mineras, muy agradecidas… Para la cofradía minera, todo el año es carnaval.
Fuente: Cerro Mercedario
18/12/2010. Recientemente, la Legislatura de la Provincia de San Juan (manejada a control remoto por el Gobernador José Luis Gioja) aprobó una nueva Ley para el Tribunal de Cuentas en la que se determina que este organismo autárquico no podrá objetar el cálculo de las regalías que el Estado cobra por las actividades mineras ni tampoco impulsar juicios responsables a los funcionarios estatales que estén involucrados, debiendo limitarse solamente a revisar el dinero que ingresa y el posterior destino de esos fondos.
Cabe destacarse que, desde el año 2006 hasta el el día de hoy, el Tribunal de Cuentas cuestionó la metodología para la determinación que las empresas mineras deben abonar al Estado Provincial. Según informa el sitio web Sanjuan8, hasta el momento la empresa Barrick Gold presentó 27 declaraciones juradas por un monto casi 232 millones de pesos en concepto de regalías. En tanto que Gualcamayo presentó 9 declaraciones juradas por un monto total cercano a los 22 millones de pesos. A Rentas de la Provincia le corresponde el 55% de la suma total percibida, al municipio en donde se desarrolla la actividad minera el 33% y para la Dirección de Minería queda el 12%.
Aunque se encargó de dejar en claro que no está de acuerdo con la nueva ley, el Dr. Isaac Abecasis, Presidente de dicho órgano, ya anunció que lo respetará afirmando “Yo tengo que cumplir la ley. Los legisladores son los que sancionan las leyes y los otros organismos que no tienen la capacidad de legislar deben acatar esas leyes. Eso es lo que va ser el Tribunal de Cuentas, seguramente”. A su vez, Mara Alcoba, asesora del Gobernador Gioja, declaró a Diario Huarpe que, según su entender, “Las modificaciones son muy pocas y casi inocuas” (¡!) y acusó al Tribunal de ser “desordenado y sin reglas claras”.
Acá en San Juan, influenciados por la prensa mayoritariamente oficialista, se piensa que la minería, tal como está planteada, es la panacea. Son muchos los periodistas y empresarios que aplauden a rabiar a Gioja por proteger (y censurar cualquier atisbo de oposición) a la minería, ya que está haciendo crecer a San Juan.
Pero nadie se anima a mirar un poco más allá y evaluar un poco más detalladamente el costo que estamos pagando todos los sanjuaninos, todos los argentinos para que unos pocos se estén llenando sus bolsillos y, como si fuera poco, todos tengamos que arrodillarnos ante ellos para agradecerles las migajas que nos dejan.
Lo cierto es que, actualmente, y gracias a un marco legal más que favorable, las empresas mineras pagan solo el 3% del valor de lo que extraen de las minas, para lo que previamante, deben deducirse los costos de transporte, fletes, seguros, comercialización, administración, refinación, fundición y molienda.
Lo escandaloso es que son las mismas empresas las que, sin ningún tipo de control, elaboran una “declaración jurada” de lo que obtienen de las entrañas de nuestros cerros. Todo gracias a la Ley 24.196 de Inversiones Mineras, sancionada en el año 1993, para que la que el entonces Senador de la Nación José Luis Gioja fue un gran promotor, en las que se establece, entre tantas ayuditas para los amigos mineros:
→ exenciones del Impuesto a las Ganancias, del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, del Impuesto a los Activos y a la Ley de Sellos;
→ exención de los derechos de importación y estadística de los equipos, maquinarias, repuestos y accesorios destinados a la explotación;
→ acceso al pago de reintegros por exportaciones no tradicionales, con reintegro adicional por exportaciones a través de puertos patagónicos;
→ devolución del IVA por las exportaciones realizadas;
→ los emprendimientos mineros gozarán de “estabilidad fiscal”, significando lisa y llanamente que ninguna ley o decreto podrá modificar en el futuro la situación impositiva existente.
→ las exportaciones mineras están exceptuadas de controles aduaneros,
Así, el Director de Minería de la Provincia Juan Bustamente podrá dormir tranquilo (más aún), ya que podrá eludir tranquilo los cuestionamientos que dicho organismo contralor le viene haciendo últimamente. Bustamente, como otros tantos funcionarios giojistas, podrá tranquilamente seguir trabajando para las empresas mineras transnacionales, pues nadie podrá poner en peligro su “honorabilidad”.
De esta manera, Gioja acaba de sortear acaso el último escollo que tenía para gobernar a gusto y piacere. Con una Legislatura que siempre le obra complaciente y un Poder Judicial totalmente sumiso, esta nueva Ley cercena cualquier “molestia” que pueda ocasionar el Tribunal de Cuentas. En San Juan, está prohibido pensar distinto y, menos, manifestarlo públicamente.
Seguimos regalando nuestras riquezas… ¡¡Aguante Gioja 2011!!
