Ayer, el gobernador Juan Manuel Urtubey promulgó la Ley Nº 7.625 de Protección de Glaciares, formaciones que, según se indicó en una reunión anterior a la aprobación de la norma en la Legislatura, algunos sectores sostienen que no existen en la provincia. En esa línea se indicó que, por lo tanto, tampoco hay zonas periglaciares. El texto es permisivo para mineras y otras empresas.
Fuente: Nuevo Diario de Salta
En el plano nacional, el miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación quedó postergado una vez más el tratamiento de particular de la Ley de Glaciares, que indica los presupuestos mínimos sobre los que deben actuar las provincias.
Este proyecto, que fue vetado anteriormente por el gobierno nacional, es impulsado por el diputado nacional Miguel Bonasso, quien sostuvo nuevamente, que la postergación de la Ley tiene que ver con las molestias que genera dentro del Gobierno, algunos sectores de la oposición y, sobre todo, las empresas mineras.
Los proyectos de ley similares pero bajo jurisdicción de las provincias. surgieron tras una reunión que se mantuvo en la Casa de Salta con algunas mineras, y la visita que hicieron a Canadá (país de origen de las más importantes empresas mineras que están radicadas en Argentina), la presidente Cristina Fernández junto a los gobernadores de las provincias cordilleranas entre los que se encontraba el mandatario salteño, Juan Manuel Urtubey.
La normativa promulgada y publicada ayer en el Boletín Oficial provincial establece disposiciones tendientes al cuidado de los que sean incorporados a un inventario provincial, como así también a preservar sus funciones. El punto fundamental que se considera en la ley es que “los glaciares existentes en el territorio son bienes del dominio público provincial”. Este es el “federalismo ambiental” que dijo el ministro de Ambiente, Francisco López Sastre, se defenderá desde la provincia.
El inventario provincial de glaciares será confeccionado por la Secretaría de Recursos Hídricos, entidad que se entendió, contará con la ayuda de técnicos de la Universidad Nacional de Salta (UNSa). Para ello se tiene previsto firmar un convenio, para que el “inventario” de los glaciares el cual deberá estar listo antes del 5 de agosto de 2011.
La información será actualizada cada cinco años y todas las actividades proyectadas en los glaciares incluidos en el mencionado registro deberán ser autorizadas, previa evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica. El estudio de impacto ambiental que no cumpla con las disposiciones establecidas será rechazado “in limine” por la autoridad competente.
Las infracciones a los deberes impuestos por la normativa o por los reglamentos que se elaboren darán lugar al dictado de sanciones como apercibimientos, multas que se graduarán de acuerdo a la gravedad del hecho, suspensión de las actividades y cese definitivo de la actividad.
