El gobernador Jorge Sapag anticipó hoy que el próximo miércoles se planteará ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) “una cuestión de conflicto de poderes” por el referéndum realizado ayer en Loncopué, donde hubo un contundente apoyo a la ordenanza que impide la megaminería en el ejido urbano de esta localidad. El gobierno se presentará este miércoles ante el órgano judicial. Para Sapag, el artículo 311 de la Constitución Provincial “es muy claro” y no faculta a los municipios a convocar a consultas populares obligatorias y vinculantes.
Fuente: diario Río Negro
04/06/2012.Según consideró el mandatario provincial, el artículo 311 de la Constitución Provincial “es muy claro” y no faculta a los municipios a convocar a consultas populares obligatorias y vinculantes, informó el portal oficial del gobierno.
Para Sapag, la opinión del pueblo de Loncopué sobre la minería a gran escala es muy válida, pero “otra cosa es querer darle a esas opiniones un sentido vinculante y obligatorio”. También remarcó que los vecinos de esa localidad se pudieron expresar pero “en una forma abstracta”, porque la mina de Campana Mahuida está fuera del ejido de Loncopué.
Por la mañana, desde la Fiscalía de Estado se anticipó una presentación para invalidar los alcances del referéndum.
Raúl Gaitán, titular de este organismo, anticipó que el alcance de la consulta es “inconstitucional” y que tuvo “vicios de nulidad”.
El funcionario advirtió varios elementos negativos que invalidan el proceso.
Ayer los vecinos de Loncopué dieron un fuerte rechazo a la minería en gran escala. Unas 2.125 personas avalaron la ordenanza que prohíbe la actividad en la región.