Antonio Gustavo Gómez es fiscal general de Tucumán. Es el responsable de haber procesado a los directivos del emprendimiento minero La Alumbrera por contaminación. Dice que el único parámetro legal a considerar es la ley de delitos ambientales. Y que cualquier otra norma, es un pasaporte para contaminar.
Fuente: 8300
Neuquén – 24/11/2009. Dice que él es sólo un pequeño engranaje de un gran movimiento que se resiste a la contaminación de las empresas mineras. Pero también que la única forma de evitarla, es a través de jueces o fiscales que se animen a enfrentarse al enorme poder de estos emprendimientos. Antonio Gustavo Gómez es el fiscal general de Tucumán, y jefe de fiscales Federales de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero.
“Minera La Alumbrera es una empresa que contamina el medio ambiente de una forma importante. Fue procesada por el delito de Contaminación Ambiental por la Cámara Federal de Tucumán. Los hechos que acreditamos y que acreditó la propia empresa es la cantidad de sustancias tóxicas y químicas que se están tirando no sólo a la cuenca del río Dulce, sino que llega hasta Córdoba, porque la explotación se hace en Catamarca, por un mineroloducto llega a Tucumán, se secan los barros de Cobre, se sube a un tren, se lleva a San Lorenzo y de ahí se exporta”, explica en pocas palabras un hecho que lleva casi cuatro años investigando.
En una entrevista realizada esta mañana en el programa La Palangana, no dudó en afirmar que “la actividad es contaminante”. Se basa en los informes de impacto ambiental de las propias empresas. “Para nosotros no hace falta ni siquiera ir a tomar una muestra. Si toma la ley de delitos ambientales con los índices de contaminación que tienen, uno prueba lo que es un delito instantáneo”.
Algunos datos escalofriantes
La Alumbrera consume un promedio de 5 millones de litros de agua por hora. Y tanta electricidad como puede consumir la ciudad de Neuquén en este instante. “Toda esa agua se contamina porque se usa para separar los minerales de la roca sin valor. Se tritura la roca y se mete en piletones donde se produce el separado de las sustancias. Esto provoca un grado de contaminación impresionante. Contaminan cinco millones de litros de agua por hora. Eso sin pensar en los gases y las nubes de gases en función de los materiales explosivos por las voladuras” explica el fiscal.
La causa por contaminación, está en este momento en manos del juez federal I de Tucumán, con una directiva de la Cámara de Casación Penal de ampliar la investigación.
“Esto fue un éxito del pueblo -dice Gómez. “Cuando este expediente llegó a la Cámara Penal en el año 2005, con el fallo de un juez de primera instancia que decía que La Alumbrera era un ejemplo de producción, los fiscales apelamos. Pero el poder económico hace que los platillos de la justicia pesa mas. Tuvimos varias reuniones e hicimos que la gente afectada se reuniera con los jueces y le mostraran cómo lo estaba afectando. Enfocaron su reclamo al poder judicial porque es quien puede resolver un conflicto de esta naturaleza”.
El caso de Neuquén
Gómez explica que no le gusta involucrarse en cuestiones políticas. Pero que si -como ocurrirá en Neuquén- se aprueba una ley (como la ley Goncalves) que pone como condición que los emprendimientos no estén en las nacientes de los ríos, “es una autorización para contaminar lo que se les antoje”. El fiscal lo explica en forma sencilla: “Puede ser que no esté en la naciente de un río, pero de algún lado tienen que sacar el agua dulce. Si como consecuencia de esta actividad voy a volcar agua contaminada, tengo que decir adónde va”.
Por eso le advierte a los pobladores de Neuquén que abran los ojos. “Si el gobierno de Neuquén dice que (la minera) no contamina, tiene que tener un informe de impacto ambiental. Nosotros podríamos mostrarle los informes de La Alumbrera, donde ella misma dice los niveles de contaminación que tiene”.
Afirma que existe un procedimiento que utilizan las mineras en varias provincias. “Ellos, antes de abrir un emprendimiento, piden una resolución o una ley provincial pidiendo que se les autorice a contaminar el ambiente por encima de los niveles de la ley nacional. Luego se agarran de esa resolución, diciendo que ellos no contaminan. Pero una cosa es comparar la actividad extractiva en base a una ley provincial que le permite contaminar por encima de los índices por los cuales está establecido el delito ambiental, y otra cosa es contaminar por los índices de la ley 24151. Estén atentos: los únicos índices de contaminación permitidos son los que establece la ley penal ambiental”.
Cómplices
Otro aspecto interesante de la charla de La Palangana con Gómez, es el hecho de que el fiscal también ha imputado a funcionarios por complicidad. “Nosotros acá le estamos imputando el delito de complicidad a las autoridades nacionales y provinciales. Porque quien permite este tipo de maniobras, comete un delito. Acá condenamos a un intendente un año de prisión por contaminar un basural con residuos patogénicos. También a quienes cometieron el delito”.
Sostiene que los delitos penales ambientales “son muy concretos”, pero que exige “un trabajo compartido de fiscales generales y de una ciudadanía comprometida con el ambiente”.
“Tanto el caso de La Alumbrera como el del glifosato u otros temas de contaminación, es una cuestión de tomar una decisión judicial. El poder político y económico son cómplices. Ellos no tomarán medidas porque son cómplices. Hoy la plata se gana donde se pueda contaminar mas. En el último crack, las únicas acciones que subieron fueron de las empresas mineras y de las que venden armas”, dice.
También se preguntó por qué motivo no se instala un emprendimiento como La Alumbrera en los Alpes Suizos. “Es notable cómo todos estos grandes emprendimientos se dirigen al hemisferio sur y los países del tercer mundo”.
