En esta carta, distintas organizaciones y actores sociales se pronuncian en contra de la resolución del Consejo Superior de la UNC de aceptar fondos derivados de la explotación minera.
Fuente: diario digital 8300
Neuquén, Argentina – 07/09/09. La educación es una de las armas más valiosas con las que cuenta un pueblo para defenderse de los atropellos y los intentos de dominación de aquellos que ostentan el poder. Y detrás del poder político, se sabe, siempre se esconde el económico.
Entonces el saber no debería estar sujeto a presiones o intereses de ningún tipo que condicionen qué conocimientos se deben transmitir o qué resultados debería arrojar una investigación. Lo que es imperioso salvaguardar como una herramienta de defensa se convierte así en un instrumento más de sujeción y manipulación.
La decisión, votada por amplia mayoría en el Consejo Superior, de la Universidad Nacional del Comahue de aceptar fondos provenientes de la explotación minera en el yacimiento “Bajo La Alumbrera” en Catamarca, aún a sabiendas de las nefastas consecuencias derivadas de esta actividad, no hace más que poner en evidencia la desidia y la carencia total de ética de quienes manejan una institución que, en un ámbito democrático, debería estar al servicio del pueblo y no de intereses privados.
Más allá de lo inmoral de esta decisión, apenas unos meses antes el mismo órgano se había manifestado en contra del proyecto de explotación minera en Campana Mahuida debido, entre otras cosas, a su carácter contaminante, lo que torna aún más incomprensible su proceder.
En este documento dirigido a los Consejeros Superiores que votaron afirmativamente por la aceptación de los fondos provenientes de La Alumbrera, y respaldado por más de 300 firmas -entre las que figura la adhesión de 8300-, organizaciones, docentes, escritores, artistas y ciudadanos en general repudian categóricamente la resolución y solicitan su revocación.
Entre otros puntos, los firmantes exhortan a los responsables a devolver dichos fondos y sentencian: “No estamos dispuestos a seguir soportando una expertise que, como la de los años ’90, solamente busca su propio bienestar”.
A continuación, la carta completa:
Neuquén, 7 de setiembre de 2009
En la agenda de los últimos tiempos, a raíz del deterioro de la calidad de vida en la mayor parte del mundo, la problemática ambiental ha comenzado a ser una de las dimensiones de debate más importantes. Prueba de ello fue la emergencia, en los años 60, de una atmósfera cultural preocupada por los problemas que degradaban el ambiente, la cual hizo posible una gran cantidad de eventos internacionales relacionados con esa problemática. Uno de ellos sentó las bases para la Educación Ambiental. Se trató de la “Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano” (Estocolmo, Suecia, 1992). Y si bien es cierto que esta Conferencia no tuvo demasiado eco en América Latina y en la Argentina del “menemato”, es importante tener presente el siguiente párrafo de la declaración:
“Es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales, dirigida tanto a las generaciones jóvenes como la de adultos, y que presente la debida atención al sector de la población menos privilegiada, para ensanchar las bases de una opinión pública bien informada y de una conducta de los individuos, de las empresas y de las colectividades, inspirada en el sentido de la responsabilidad en cuanto a la protección del medio en toda su dimensión humana. Es también esencial que los medios de comunicación masiva eviten contribuir al deterioro del medio humano y a su vez, difundan información de carácter educativo sobre la necesidad de protegerlo y mejorarlo, a fin de que el hombre pueda desarrollarse en todos sus aspectos.” (Los subrayados son nuestros).
Paradójicamente, los países más industrializados, allí presentes, fueron los que dieron comienzo a un proceso de fuerte visión ecologista. Aquí, es meritorio recordar el fuerte impacto denunciativo que, previo a dicho encuentro (1962), tuvo en EEUU la publicación por parte de la bióloga marina Rachel Carson, del libro Silent Spring (Primavera silenciosa, o mejor que su traducción literal y en función del contenido del mismo: Primavera silenciada), quien a partir de sus investigaciones pudo probar que el DDT, entre otras cosas, al incorporarse a la cadena alimentaria y concentrarse por último en los animales superiores, producía disfunciones reproductivas, tales como delgadez en las cáscaras de los huevos de algunas aves.
De este modo, fueron tomando vigor numerosas organizaciones civiles que comenzaron a llamar la atención contra los ecocidios/genocidios en contra del ambiente, todos ellos producidos más que por fenómenos naturales, por el modelo económico de desarrollo y en complicidad con el carácter “esencialista” de la ciencia que había comenzado a cultivarse en los programas de Innovación y Desarrollo (I+D), en especial a partir de los “éxitos” obtenidos por el “Proyecto Manhattan”, responsable de llevar a cabo la construcción de las primeras armas de destrucción masiva (la bomba atómica “A”, arrojada sobre Hiroshima y Nagasaki). Un Programa del que participaron muchos eminentes científicos: Enrico Fermi, Richard Phillips Feynman, Edward Teller, Julius Robert Oppenheimer, entre otros.
Cómo olvidar que en la década del 60, estos crímenes contra el ambiente (lo humano + lo ecosistémico), dio origen al surgimiento de una de las primeras ONGs: Science for the People (Ciencia para el pueblo).
Poco a poco, se fue tomando consciencia del ecocidio/genocidio que traía aparejado, no solo el modelo de desarrollo imperante, sino, también, buena parte de los programas I+D aplicados a la industria armamentística. En el primer caso, “el norte desarrollado”, para no dañar más sus ecosistemas comenzó a desplegar sus industrias más contaminantes en los países del Tercer Mundo.
Volvamos ahora a la Educación Ambiental. Tres años después de la Conferencia de Estocolmo, la UNESCO y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), establecieron el “Proyecto Internacional de Educación Ambiental” (PIEA) como una herramienta indispensable para pensar la re-orientación de los sistemas educativos.
Varios años antes, 1974, se había publicado el estudio “Los límites del crecimiento”, conocido como el “Informe del Club de Roma”. Fue a partir del mismo que la cuestión ambiental despertó un especial interés en la América Latina eurocéntrica (creemos necesario hacer esta aclaración ya que los pueblos originarios, cualquiera sea su cosmología, habían desarrollado modelos productivos en equilibrio con los ecosistemas). Como resultado de ello, en el año 1975 las NNUU convocan en Cocoyoc, México, al “Seminario sobre Modelos de Utilización de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Estrategias de Desarrollo”.
Allí, vuelve a ponerse en tela de juicio el modelo de desarrollo de los países centrales y se generan otros conceptos para analizar y actuar dentro de un creciente contexto crítico (algo que creemos no han podido lucir quienes en la sesión del C.S. de la UNCo del 23 de agosto ppdo. votaron a favor de la aceptación del dinero proveniente de la “megaminería”).
Lo cierto es que en Cocoyoc la problemática ambiental comienza a definirse como una cuestión compleja donde confluyen procesos socioeconómicos, culturales, sociales, tecnológicos y ecológicos.
A estos primeros antecedentes, hay que agregar que el PIEA realiza en Belgrado un Seminario con la intención de afirmar la necesidad de que los estados miembros de las NNUU pongan en marcha proyectos de Educación Ambiental. Este Seminario, celebrado en 1975, promulga la “Carta de Belgrado”, e insta a un Nuevo Orden Económico Mundial: más justo y solidario, respetuoso del medio ambiente, de la diversidad cultural y regional, y postula la eliminación de la pobreza, de la contaminación, del analfabetismo y de la dominación. A su vez, se profundiza el programa del PIEA y para ponerlo en marcha se convoca a la Conferencia Intergubernamental de Educación Ambiental, en Tbilisi, Georgia, para octubre de 1977.
A pesar de lo protocolar, de los dobles discursos, de los dobles mensajes y de las dobles morales, la Conferencia de Tbilisi dio lugar a un salto cualitativo en lo referente a la Educación Ambiental. Se puede afirmar que se trató de una bisagra sustantiva para que, especialmente en América Latina, comenzara a cobrar importancia la Educación Ambiental. Nos parece especialmente importante citar uno de los párrafos de la Declaración de Principios:
“El desarrollo no puede ser ya la simple aplicación en todo el mundo de modos de pensamiento, experiencias, conocimientos y modos de vida propios de una región o de una cultura. Por el contrario, la orientación y el ritmo del desarrollo deberán definirse de modo endógeno por cada sociedad en función de las necesidades, los objetivos socioeconómicos y las particularidades de su medio ambiente, así como las consecuencias del desarrollo sobre la bioesfera. Significa también estimular la participación efectiva de los sectores activos de la población en el proceso de concepción, decisión y control de las políticas inspiradas por las nuevas ópticas del desarrollo”.
Nuevamente, en ambos casos el subrayado es nuestro. ¡Contundente, ¿no?! En particular cuando en la misma Declaración de Principios se lee:
“Tomar en cuenta la totalidad del ambiente natural, cultural, tecnológico y social, económico, político, moral y estético…Subrayar la complejidad de los problemas ambientales y la necesidad de descubrir los síntomas y causas reales para el desarrollo de un sentido crítico y de las aptitudes que sean precisas para la resolución de problemas”.
Compárese lo que se acaba de leer hasta el momento con la decisión adoptada por aquellos le dieron el visto bueno a uno de los modelos de extracción mineral más devastadores que se conocen.
Muchos creímos, algunos ingenuamente, que transcurrida la década de los años 70, en una Argentina signada por una de las más feroces dictaduras militares, el retorno a la democracia conformaría una atmósfera sociocultural más abierta y receptiva alrededor de estos asuntos; en particular en estos lares, pues fue grande el entusiasmo cuando la propia UNCo, a partir de un convenio de mutua cooperación firmado en 1998 con la Escuela “Marina Vilte” de CTERA (Ord. C.S. Nº 0543/98), dio inicio, ¡en 14 jurisdicciones educativas!, a la carrera de posgrado (dirigida a docentes de enseñanza media, terciaria y universitaria): “Educación en Ambiente para el Desarrollo Sustentable”, colocando a la UNCo y a la Argentina al tope de todas estas recomendaciones. Pero cuán grande es hoy la decepción: una mayoría circunstancial toma la decisión que es de público conocimiento: legitimar el dinero proveniente de la “megaminería”; todo lo cual nos retrotrae a la infame década del 90, a la infeliz ignorancia, a la infeliz avaricia, a la infeliz despolitización de las UUNN, a la impotencia, a la maldita impunidad, a la maldita injusticia, o la combinación explosiva de estos u otros elementos. Decisión que echó por tierra, además, las promesas de la Conferencia de Río de Janeiro (ECO’92), las Resoluciones de los Estados Miembros de la ONU, la Cumbre Social (Copenhague), la Cumbre sobre la cuestión de la Población (El Cairo), la Cumbre sobre el Hábitat (Estambul), la Conferencia Internacional sobre Ambiente y Sociedad: Educación y Sensibilización del Público para la Sustentabilidad (celebrada en Tesalónica, Grecia), el Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental de 1992 en Guadalajara (México), el Taller Regional sobre Educación e Información en Medio Ambiente, Población y Desarrollo Humano Sustentable (Santiago de Chile, 1994), el Iº Congreso de Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable de la República Argentina (Embalse, Córdoba), etc. Cabe señalar que en estos últimos encuentros la participación de la Argentina contó con la presencia de innumerables delegaciones de docentes de todos los niveles educativos.
De todas estas y otras reuniones fue que surgió una impronta latinoamericana para la Educación Ambiental, algo así como una cartografía pedagógica y cognitiva que comenzó a dar respuestas a la crisis suscitada desde la perspectiva neoliberal en educación. Podríamos decir: una cosmovisión latinoamericana absolutamente antagónica a la de los países responsables de esta crisis civilizatoria que es la crisis ambiental.
No es fácil olvidar algunos de los principios aprobados en la ECO’92, incluso por Argentina, editados en el informe conocido como “Agenda 21”, en cuyo apartado 36 se lee:
“Garantizar una educación para el medio ambiente y desarrollo a todas las personas de todas las edades…Desarrollar los conceptos sobre medio ambiente y desarrollo, inclusive los problemas de las sociedades en todos los programas educativos, analizando los problemas y sus causas. Debe darse especial atención a la capacitación de los tomadores de decisiones y de los docentes…Involucrar a los niños en los estudios relacionados con la salud del medio ambiente, en los ámbitos local y regional, incluyendo el cuidado del agua potable, el saneamiento, la alimentación y los impactos económicos y ambientales de los recursos utilizados…Trabajar de acuerdo con los medios, los grupos teatrales y mediante la publicidad para estimular una discusión más activa entre la población…Rescatar y recuperar las experiencias indígenas para mejorar la comprensión de la educación y la capacitación…“.
Por este motivo, Sres. Consejeros Superiores de la UNCo -por la mayoría-, una política ambiental pasa a ser un proyecto estratégico para cualquier Estado-nación, sea cual fuere el sistema de gobierno. De allí que se hace necesario pensar el desarrollo sostenible desentrañando, a través de la Educación Ambiental, los factores que puedan alterar la diversidad ecosistémica, la identidad y la riqueza cultural de los pueblos.
Claro que un proyecto estratégico de esta naturaleza, indefectiblemente va a colisionar con las políticas económicas que implementan modos de producción que modifican radicalmente las condiciones materiales y subjetivas de existencia de los pueblos. El objetivo principal, y Uds. lo saben, es dominar como-sea la naturaleza, hacer lo propio con la humanidad a través de la alienación y proceder a homogeneizar la cultura imponiendo el “fin de la historia” y la consagración del “pensamiento único” (el “no pensamiento”, al decir de Saramago).
Así pues, lo primero que comienza a hacerse visible son conflictos que impiden el diálogo y el desarrollo de políticas públicas, de políticas económicas y políticas de I+D que satisfagan las expectativas del conjunto de la sociedad, mas no únicamente la de un minúsculo sector de la misma. Y créannos, que estamos persuadidos de que dentro de ese minúsculo sector de la sociedad están Uds.
Dos últimas reflexiones:
1) Entendemos que el ser humano, más allá de su linaje meramente biológico, es fundamentalmente un ser cultural. Decimos esto porque lo humano surge en la culturización del Homo sapiens sapiens. Si se dan cuenta de esto, si Uds. Sres. Consejeros Superiores que legitimaron con su voto la devastación del ambiente porque solo creen en vuestro linaje biológico, pues los hacemos responsables de un devenir histórico muy poco prometedor para esta y las próximas generaciones.
2) Consecuentemente, por todo lo dicho, entendemos que hay obligación de castigar. Recordemos que el 10 de diciembre de 1948 se proclamó la Declaración Universal de los DDHH y se realizó la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (CPSDG); también recordemos el carácter imperativo de las Convenciones y, muy especialmente el artículo II de la (CPSDG): “En la presente Convención se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo”. En conformidad con el artículo III, inciso (e) de la misma Convención, entendemos que la actitud tomada por Uds. da cuenta, eventualmente, de “La complicidad en el genocidio” y, en conformidad con el artículo IV es que hay obligación de castigar: “Las personas que hayan cometido genocidio o cualquiera de los otros actos enumerados en el artículo III, serán castigadas, se trate de gobernantes, funcionarios o particulares”. Para ser aun más precisos y contundentes: en diciembre de 1946 la ONU aprobó la Resolución 96 sobre genocidio, calificándolo como la negación del derecho de existencia de grupos humanos, agregando que tal negación conmueve la conciencia humana, causa una gran pérdida a la humanidad en el aspecto cultural y otras contribuciones representadas por estos grupos humanos, y es contraria a la ley moral y al espíritu de las NNUU.
POR TODO ESTO:
1. LAS PERSONAS Y LAS ORGANIZACIONES ABAJO FIRMANTES, REPUDIAMOS LA DECISIÓN ADOPTADA POR LA MAYORÍA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNCo.
2. LES EXHORTAMOS A DEVOLVER LOS FONDOS PROVENIENTES DE LA CONTAMINANTE MINERA “BAJO LA ALUMBRERA”.
3. NO ESTAMOS DISPUESTOS A SEGUIR SOPORTANDO UNA EXPERTISE QUE, COMO LA DE LOS AÑOS ’90, SOLAMENTE BUSCA SU PROPIO BIENESTAR.
ADHESIONES:
Augusto Bianco (Escritor); Jorge Cardelli (Universidad Nacional de Río Cuarto – Diputado Nacional Electo por “Proyecto Sur”); Colectiva Feminista “La Revuelta”; Edgardo Datri (Área “Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología” – UNCo); Rubén Dri (UBA); Carlos Falaschi (Universidad Trashumante Sur); Gustavo Giuliano (Compilador de la Revista del Instituto de Formación y Estudios de la CTA, “Ciencia, Tecnología y Sociedad”); Pablo Imen (UBA); Laura Nuguer (Sec. Gral. De la Asociación de Docentes de la UNCo) Martín Properzi (Docente de Neuquén) Eduardo Rosenzvaig (Univ. Nac. de Tucumán); Oscar R. Vallejos (Cátedra “Ciencia, Tecnología y Sociedad” – Universidad Nacional del Litoral) … Siguen más de trescientas firmas de ciudadana/os pertenecientes a diferentes ONGs., Organismos de DDHH, círculos científicos, escritores, artistas, etc., etc.
