Al ritmo de los nuevos cortes de ruta en San Carlos, generados por el proyecto para instalar una mina de oro y cobre en la zona, el Gobierno convocó este miércoles a una reunión al intendente departamental, Jorge Difonso, y le dio señales claras de que el proyecto no prosperará, a pesar de que un organismo oficial dio los pasos legales necesarios en la última semana para que avance. El derecho de cateo concedido a la minera Teck Cominco afecta el área de la reserva natural Laguna del Diamante, pero esa actividad está vedada por la legislación.
Fuentes: diarios Uno Y Los Andes
30/11/2011. El ministro de Gobierno, Félix González, convocó al intendente de ese departamento, Jorge Difonso, y lo habilitó para que objete ante el Consejo de Minería la apertura de una mina de oro y cobre, situada en la reserva natural.
El ministro de Gobierno, Félix González; el secretario de Ambiente, Pablo Gudiño; y la directora de Minería, Adriana Blesa, le abrieron la puerta al combativo cacique comunal sancarlino para que presentara su oposición legal ante el Consejo de Minería (órgano colegiado que otorga los permisos definitivos de exploración y explotación) y esperan que allí se termine de derrumbar la iniciativa de capitales canadienses, que comenzó en el 2000.
Pero más allá de este camino legal, tanto González como Gudiño dieron la señal política de que la minería en San Carlos, por ahora, no prosperará. Y menos, como en este caso, si se trata de un emprendimiento que está situado en una reserva natural protegida como es la Laguna del Diamante.
“Los permisos otorgados hasta ahora no habilitan la explotación y cuando el titular del proyecto quiera hacerlo, quedará en claro que hay un área protegida y por lo tanto, eso va a ser un impedimento significativo”, expresó González en coincidencia con el abogado especialista en el tema, Jerónimo Shantal, quien dijo en el programa Algo Personal, de radio Nihuil, que “en este caso hay un desconocimiento absoluto del derecho minero”.
Gudiño fue más allá. “Va a ser muy difícil que el proyecto avance a futuro”, remarcó.
Difonso, al término de la reunión con los funcionarios, fue más cauto. Anticipó que su Municipio presentará un recurso de oposición ante el Consejo de Minería y que, en caso de que sea rechazado, seguirá la vía judicial. En tanto, asumió el compromiso de enfriar las protestas en San Carlos que generaron cortes de ruta con el propio intendente al frente de esas manifestaciones.
Ayer la mina provocó reacción también en el Partido Demócrata. El diputado Hugo Babolene hizo una presentación ante la Cámara para suspender la concesión provisoria, por entender que no cumplió con requisitos legales previstos en el Código de Minería.
La clave de la discusión
Estos últimos días más de 300 manifestantes cortaron la ruta 40, en San Carlos, en protesta por un edicto publicado la semana pasada en el Boletín Oficial en el que se realizó una “manifestación de descubrimiento” para la empresa canadiense Teck Cominco en una zona rica en oro y cobre. Esa publicación fue considerada como el primer paso para la explotación y exploración de estos minerales en la zona, que además está comprendida por la Reserva Natural de la Laguna del Diamante.
La sola mención de la minería, encendió los reclamos de los vecinos autoconvocados de San Carlos y de Difonso, quien se terminó poniendo al frente de los cortes de ruta. Una situación similar a la vivida en 2007 en esa comuna y que desembocó en la sanción de la famosa ley 7.772, conocida como “ley antiminera”.
González llamó al intendente y ayer y le explicó los alcances de los edictos publicados a nivel oficial. Entre otras cosas, el Gobierno dijo que el Consejo de Minería avanzó con los edictos a pesar de estar en cuestión una zona protegida, ya que la empresa se presentó en el año 2000 y en esa época la Laguna del Diamante no tenía el status natural que sí tiene hoy. Y que en este caos, se debía avanzar desde el punto de vista legal, ya que así lo establece el Código de Minería.
Difonso escuchó. Después dijo que tratará de poner en el “freezer” los reclamos y se llevó un CD con una copia de todos los permisos mineros que están en trámite en su departamento. Y prometió volver con los recursos de oposición que terminarían frenando todo.
Consideran que es difícil que permitan exploración minera
Así lo manifestó el titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Pablo Gudiño, sobre el derecho de cateo otorgado a una firma canadiense, para el área de la reserva natural Laguna del Diamante.
Tras reconocer que el derecho de cateo concedido a la minera Teck Cominco afecta el área de la reserva natural Laguna del Diamante, el Gobierno ofreció toda la información necesaria al municipio de San Carlos para que elabore su oposición legal a la medida.
Incluso, el secretario de Medio Ambiente, Pablo Gudiño dijo que, de prosperar el aval dado por el Consejo de Minería a la firma canadiense, será su cartera la que tendrá que salir a exigir “que se respeten las leyes de áreas protegidas”.
“Veo muy difícil que se pueda explorar alguna vez en esa zona, pues está amparada por varias leyes”, expuso el funcionario de Jaque, una vez terminada la reunión que mantuvo ayer con el intendente Jorge Difonso. El sancarlino había pedido la audiencia la semana pasada, después de que se publicara en el Boletín Oficial el edicto que anunciaba la concesión de la mina de oro y cobre (bautizada ‘San Carlos’) a la empresa de Canadá.
La respuesta gubernamental llegó recién el martes, cuando más de 400 vecinos autoconvocados de ese departamento cortaron la ruta 40 pidiendo que se retirara ese derecho concedido. Ése fue el único punto del petitorio elaborado por los vecinos y presentado ayer por Difonso en la audiencia -de casi una hora- que mantuvo con Gudiño, el ministro de Gobierno, Félix González, y la directora de Minería, Adriana Blesa.
“Fue muy clarificante la reunión. Nos explicaron que los estudios para pedir este cateo se iniciaron en 2000, antes de que fuera sancionada la ley de ampliación de la reserva Laguna del Diamante (2005). Con la actual legislación provincial, cualquier actividad minera en la zona es un delito”, argumentó Difonso.
El jefe comunal anunció que antes de que venzan los plazos oficiales -durante diciembre- presentarán las acciones legales para oponerse al edicto.
De todos modos, y “para transparentar el proceso”, los funcionarios provinciales entregaron a Difonso una copia certificada del expediente, a fin de que la comuna o cualquier entidad que lo desee cuente con la información pública y fidedigna para presentar su oposición formal.
Gudiño volvió a descartar que se haya otorgado un permiso para explorar o explotar esa mina de oro y cobre. “Sólo se trata de un derecho provisorio frente a un potencial yacimiento. Ahora se abre una etapa en la que los que se oponen pueden presentar sus acciones de amparo ante el Consejo de Minería”, aclaró.
Este organismo funciona como cuerpo colegiado (con participación legislativa, ejecutiva y de distintos sectores) que aprueba los permisos y la Dirección de Minería los controla. Será el Consejo quien decidirá si da lugar a las oposiciones y retira el derecho concedido a Teck Cominco o se mantiene firme en su postura inicial.
El municipio sabe que su arma más eficaz radica en hacer valer las leyes que protegen estas áreas de montaña y glaciares reconocidas como reservas hídricas.
“Ése es un punto de distribución de agua para todo Mendoza. Cualquier accidente puede ser irreversible. Allí nace el arroyo El Gorro que alimenta a la Laguna y al Río Diamante, que riega al oasis Sur. También están las cabeceras de algunos de los afluentes del Río Tunuyán, que baña todo el Valle de Uco y la zona Este, -embalse Carrizal de por medio-“, había explicado durante el corte del martes, David Funes, un vocero de los autoconvocados.
Desde la secretaría de Medio Ambiente provincial, también reconocen la legislación que protege la zona y el propio Gudiño dice que la harán valer si las acciones del municipio caen. De todos modos, lo que precupa a los sancarlinos es el accionar del Ejército Argentino que ya ha presentado varias acciones de amparo ante la Justicia Nacional cuestionando la constitucionalidad de la ley 6.045 de áreas protegidas, entre otras.
