El Gobierno de la Provincia convocó a una audiencia pública 20 de octubre bajo la exigencia de que la empresa entregue estudios hídricos satisfactorios antes del 6 de setiembre. Es para analizar el proyecto minero San Jorge para explotar cobre y otros metales ubicado próximo a Uspallata. La población se opone a la explotación.

 

 

Fuente: diario Los Andes
24/07/2010. “Por resolución 64 de la Dirección de Minería y 229 de Protección Ambiental se ha fijado la fecha de la audiencia pública para el 20 de octubre, pero previo a eso la empresa tiene 45 días hábiles para completar y presentar estudios técnicos que fueron solicitados en el marco del procedimiento ambiental como condición para ir a la audiencia pública”.

Así lo anunciaron en forma conjunta el director de Protección Ambiental, Ricardo Debandi, y su par de Minería, Adriana Blesa.

Sobre los estudios hídricos que exige el Gobierno a la empresa para definir si la cuenca del arroyo El Tigre está o no conectada a otros acuíferos vinculados al Río Mendoza, los funcionarios hicieron notar que este informe “lo solicitó el Departamento General de Irrigación a la autoridad ambiental y ésta se lo hizo extensivo a la empresa. Irrigación dispone qué estudios son necesarios como organismo competente. Es todo competencia de Irrigación”, enfatizaron.

También subrayaron que “la audiencia pública está condicionada a los estudios y a la evaluación de esos estudios”, ratificando claramente que si no se presenta el informe requerido o si se presenta y no es aprobado, automáticamente se caerá la fecha de la audiencia pública.

“Entendemos que por lo que dice la empresa esto no sería un inconveniente, pero una vez que presente los estudios los veremos y de acuerdo con eso se irá a la audiencia pública”, subrayaron.

También hicieron notar que “estamos recién en la etapa de recopilación de la documentación necesaria para el llamado formal a la audiencia pública, en el marco del procedimiento de evaluación ambiental”.

“Evitar abusos”

La definición de una fecha de una audiencia pública no convocada aún formalmente (por falta de documentación exigida) muestra la doble intención del Gobierno provincial de mantener su disposición a los emprendimientos mineros y de remarcar -al mismo tiempo- la exigencia de cumplir los requisitos ambientales.

“Si las cosas no se ordenan de entrada después con el emprendimiento en marcha todo se hará más difícil. Si ahora incumplen una exigencia ambiental, luego habrá abusos”, aseguran en el Gobierno provincial.

El gobernador Jaque debió ratificar la autoridad del secretario de Medio Ambiente, Guillermo Carmona, apuntado por lo que en la Casa de Gobierno consideran “fuertes operaciones de prensa de la empresa”.

En la minera San Jorge se considera “superfluo” el estudio exigido por el Gobierno, al tiempo que la Asamblea Popular del Agua asegura que el proyecto presenta “numerosos impactos negativos cuestionados por los dictámenes de la Universidad Nacional de Cuyo, el Departamento General de Irrigación y el Consejo Provincial del Ambiente”.

Precavidos y arriesgados

En el propio seno del Gobierno provincial existen sectores más “precavidos”, que quieren salvar dos temas antes de la aprobación del impacto ambiental, y los más “arriesgados” que no los consideran necesarios.

Uno es el estudio hídrico de la cuenca del arroyo El Tigre para saber si es “abierta o cerrada”. Y el otro se desprende del informe de la UNCuyo, que acota que el método de extracción a usar en la mina podría contradecir la ley 7.722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas.

Esto es así porque con la descomposición del xantato en forma permanente se genera disulfuro de carbono, una sustancia “altamente tóxica…que es considerada similar al cianuro, al mercurio y al ácido sulfúrico”, por lo que se incumpliría con la ley 7.722 e incluso “no se cumple con la ley 24.051 de residuos peligrosos”.

Abogados que abordan temas ambientales suponen que esto podría dar pie a presentaciones judiciales tendientes a dirimir la legalidad del uso del xantato.

Por lo tanto, antes de la audiencia pública en el Gobierno hay quienes proponen exigir no sólo los estudios hídricos por el arroyo El Tigre, sino también “alguna certeza sobre los sistemas de extracción”, para evitar conflictos legales posteriores.

Según una respuesta dada por el comisionario de Medio Ambiente, el eslovaco Janez Potocnik, a una pregunta planteada por un ciudadano a través de Internet (1), y sin que aún se conozca en detalle la resolución oficial, la Comisión rechazó la iniciativa del Parlamento Europeo emitida en mayo pasado requiriendo que la Unión Europea prohíba la minería a base de cianuro en los países que la conforman.