“Estamos en un momento crucial para el destino de Mendoza. El proyecto minero ha ingresado a la Legislatura y dependerá de ustedes para la ratificación de la aprobación administrativa dictada por el Poder Ejecutivo para que el megaproyecto minero comience a funcionar”, advierte el titular de la red ambiental Oikos.
Por OIKOS
14/02/2011. No es una tarea fácil la que les espera. A las conocidas maniobras que tanto la empresa como el gobierno provincial realizarán para convencerlos de las bondades del proyecto, se sumarán instituciones y personas que tienen fuertes intereses en que este proyecto se lleve adelante, ya que pretenden obtener parte de los beneficios anunciados a viva voz por los voceros de la empresa minera y hasta del propio gobierno provincial. Del otro lado, los ciudadanos y las instituciones de la sociedad civil convencidas de que este proyecto debe ser resistido por las razones que más adelante detallaré, y que no las impulsa otro interés que la defensa de sus derechos a un ambiente sano y la convicción ética de la imperiosa necesidad de que esta provincia le permita a sus habitantes una mejor calidad de vida, y no restrinja a las generaciones presentes y futuras la habilidad para satisfacer sus necesidades, tal como reza el postulado del desarrollo sustentable. Intereses privados o intereses públicos, poder corporativo o poder ciudadano, esa es la dicotomía que deberán resolver en el recinto legislativo.
Muchos de ustedes tendrán una opinión formada sobre el proyecto minero, otros, votarán de acuerdo al mandato partidario, pero si tuvieran dudas e independencia de criterio como para reflexionar seriamente sobre las implicancias del voto, esta carta abierta busca convencerlos de que con Minera San Jorge se juega mucho más que la mera aprobación de un proyecto minero, se juega un modelo de provincia y un modelo de toma de decisiones políticas, que puede resultar altamente peligroso y riesgoso para la calidad de la democracia a la que aspiramos los mendocinos.
Sabido es que la empresa San Jorge pretende llevar adelante este proyecto minero sin el suficiente capital de respaldo que le permita obtener los créditos necesarios para ejecutar la explotación de la mina; más bien se trataría, ni más ni menos, de una especulación financiera que busca, con la ratificación legislativa de la Declaración de Impacto Ambiental, obtener un alza de los valores que cotizan en bolsa, a fin de conseguir un comprador para el proyecto, de la misma manera que sucedió con el proyecto Potasio Rio Colorado y el ingreso de la empresa minera VALE al negocio que inició la minera Rio Tinto. NADIE EN EL MUNDO DE LOS NEGOCIOS PUEDE OBTENER UN PRESTAMO SI NO PUEDE RESPONDER SIQUIERA POR EL 10 % DE LA INVERSION PRETENDIDA, y esto es lo que sucede hoy con Minera San Jorge, subsidiaria de la canadiense CORO Mining.
Por otra parte, es sorprendente el inusitado y desproporcionado interés del Poder Ejecutivo Provincial en la aprobación del proyecto, a pesar de la sólida argumentación técnica sobre sus consecuencias negativas, no solamente desde la dimensión social y ambiental, sino del casi nulo efecto sobre la economía regional y la demanda laboral, entre muchos otros puntos oscuros que presenta el pretendido emprendimiento minero. Tan poderoso es este interés, que el propio Gobernador de la Provincia adelantó la aprobación del proyecto sin haber esperado el dictamen de una comisión técnica evaluadora, además de haber ninguneado públicamente al propio Secretario de Medio Ambiente frente a la decidida embestida de funcionarios más afines a la minería, obligándolo a tener antes de fin de año el proyecto aprobado. Tan decidido está el apoyo irrestricto al proyecto minero que el Poder Ejecutivo no investigó seriamente ninguna de las denuncias que se realizaron a lo largo de los dos años que duró este proceso, mismas que se encuentran no solamente en el expediente sino también en la justicia.
Este proyecto minero llega a su etapa final tan cuestionado, que el propio organismo técnico que realizó la evaluación integradora (CEIAM) recomendó la elaboración de tal cantidad de estudios nuevos, que equivale en la práctica a la realización de un nuevo estudio ambiental de la obra, es decir, se aprueba un proyecto de envergadura mientras se le pide que realice un nuevo estudio ambiental porque el evaluado contiene enormes deficiencias técnicas.
Tal es el estado de la situación al día de hoy, que nuestra institución no ha tenido otra opción que recurrir a la justicia penal para que evalúe la posible comisión de delitos de falsedad ideológica por parte de quienes tuvieron la responsabilidad de elaborar los estudios ambientales y defenderlos desde la empresa, como de delitos de la función pública a algunos funcionarios sobre los que recae la obligación indelegable de actuar frente a las denuncias y no lo hicieron. Nadie les pidió que se transformaran en acusadores, solo que dedicaran parte de su tiempo a ordenar una investigación sobre las serias y fundadas denuncias de tergiversación de la información en los estudios ambientales, destinados a favorecer la aprobación del proyecto, o las denuncias de profesionales que niegan haber participado de los estudios presentados por la empresa, siendo que esta los incluye como integrantes de sus equipos, lo cual está penado por la ley.
No puedo dejar de mencionar las groseras irregularidades en que incurrieron algunos de los profesionales que elaboraron los estudios de impacto ambiental, como los numerosos vicios del procedimiento administrativo que tornan nula cualquier decisión sobre el caso, y las inauditas maniobras gubernamentales para permitirle a la empresa el oxígeno necesario para continuar, cuando sus falaces argumentos tambalearon frente a los argumentos sostenidos desde otros ámbitos. Todo esto se configura en uno de los más bochornosos ejemplos de corporativismo de estado, que dejó de lado los reclamos populares desoyendo lo manifestado en la audiencia pública de octubre de 2010, donde el pueblo mendocino se pronunció en forma contundente en contra del proyecto minero, con razones suficientes de orden técnico, sociales y legales.
Así llega el proyecto minero San Jorge a la legislatura en busca de la última etapa, con los funcionarios y empresarios en la justicia, con masivo rechazo de la ciudadanía, y con interminables cuestionamientos técnicos que, sin animarse a decir que el proyecto merecía ser archivado por sus notables desaciertos, intentaron mejorarlo hasta donde fuera posible, sin darse cuenta quizá que con esto solo avalaban las apetencias económicas de un pequeño grupo de políticos y empresarios, que no buscan sino su beneficio personal en desmedro de las amplias mayorías.
Con la aprobación del proyecto San Jorge se sentará un dudoso precedente sobre la manera en que Mendoza maneja sus asuntos. Si el proyecto prospera, a pesar de sus tamañas irregularidades, entonces otras empresas sabrán que aquí no es necesario cumplir con las leyes, que al final todo puede solucionarse a través del lobby corporativo, que somos una sociedad que no puede distinguir entre empresarios honestos y los otros, que se puede llevar adelante cualquier emprendimiento, por escandaloso que sea, con la seguridad de contar con un sistema político permeable que atenderá sus razones antes que las obligaciones que el mandato ciudadano les impone. En definitiva, si Uds. ratifican el proyecto que el Poder Ejecutivo les ha enviado, habrán avalado uno de los procesos más escandalosos de la historia provincial, poniendo en juego los valores democráticos que representan con su investidura.
Sé que esta carta será respondida en duros términos por funcionarios gubernamentales, empresarios mineros, miembros de cámaras mineras y hasta por algunos legisladores oficialistas, que irán por ustedes por la aprobación apelando a las mismas mentiras de siempre, que el proceso fue transparente, que en la audiencia pública hubo paridad de opiniones, que los mal nombrados “antimineros” son pagados por la industria vitivinícola, que el CEIAM hizo su trabajo sin presiones, que la resistencia al proyecto tiene pocos adherentes y otras falacias que solo la mente inquieta de un legislador podrá dilucidar, si visita los expedientes de las causas penales y el expediente administrativo del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, donde está toda la información que sostiene mis dichos.
Quienes solo hacemos lo que creemos correcto y admitimos que aun así podríamos estar equivocados, defendemos nuestras convicciones frente a empresas con gran poder económico, con gran llegada a los medios de comunicación a través de sus pautas publicitarias, y con gobiernos que en lugar de defendernos nos acorralan con aprietes, grupos de choque y llamadas a los medios para evitar que la protesta social sea evidenciada. Afortunadamente, existen buenos periodistas y personas que observan que esta cruzada contra la negligencia e ineptitud gubernamental es cada vez más grande. Desde lo más profundo de mi ser espero que ustedes adviertan lo que está pasando y lo que se juega aquí con la ratificación del proyecto minero. Nuestro destino como provincia está en sus manos.
Lic. Eduardo Sosa
Presidente de OIKOS red ambiental
