El secretario de Ambiente de la provincia, Guillermo Carmona, busca remediar algunos de los innumerables mamarrachos y horrores que presentó Minera San Jorge por su proyecto minero San Jorge, en Uspallata. Mantuvo una reunión con las autoridades de las universidades de la UTN y la UNCuyo, en virtud de uno de los requisitos fijados: que las dos casas de altos estudios coincidan en su evaluación de la iniciativa. Los discursos que van abriendo camino y justificación al permiso con algunos requisitos.
Fuente: Mendoza On Line
20/11/2010. El secretario de Ambiente indicó que, hasta aquí, ninguna iniciativa minera ha sido autorizada sin que el gobierno le imponga “requisitos o condiciones”. Ayer, el funcionario se reunió con autoridades de UNCuyo y UTN para trabajar en un informe que elimine las diferencias que tienen sobre la iniciativa.
Y si bien evitó adelantar en qué puede desembocar el trámite oficial en torno al proyecto minero, prácticamente descartó su aprobación “lisa y llana”, es decir, sin recomendaciones para adecuarlo en alguno de sus aspectos a la protección del ambiente.
La convocatoria a las universidades se debe a que los informes vertidos por una y otra casa de estudios difirien. El de la UTN es favorable a la extracción de cobre y oro en la localidad cordillerana, mientras que la UNCuyo se ha manifestado en contra.
En este sentido, la obtención de un informe científico conjunto de las universidades nacionales ha sido marcado por Carmona como uno de los requisitos principales para definir la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
Carmona estuvo en su despacho ayer junto al rector de la UNCuyo, Arturo Somoza; el Decano de la Facultad Regional Mendoza de la UTN, Eduardo Balasch; y el subsecretario de Hidrocarburos, Minería y Energía, Walter Vázquez.
En este encuentro, las autoridades universitarias manifestaron su disposición a conformar una comisión especializada, con profesionales de distintas disciplinas, a fin de realizar un “dictamen que aporte mayor certidumbre científica sobre los núcleos temáticos que presenta el proyecto minero San Jorge”, se informó oficialmente.
El siguiente paso, según precisó Carmona, se dará el martes, cuando desde Ambiente se envíe a las universidades un “documento sintético” con los aspectos en los cuáles UNCuyo y UTN muestran diferencias. También se enviará información surgida de la audiencia pública que se realizó hace un mes en Uspallata.
Al respecto, el secretario de Ambiente indicó que el impacto del proyecto minero sobre las fuentes de agua de la zona sigue siendo uno de los puntos centrales de la discusión.
Políticamente Carmona es visualizado en los últimos tiempos como un obstaculizador del proyecto San Jorge, al cual debe dotar de una DIA y enviarlo a la Legislatura para su aprobación definitiva. Sin embargo, el funcionario indicó este viernes a MDZ: “No vamos a dilatar el proceso, simplemente queremos tener elementos de juicio”.
Carmona tampoco quiso estimar cuánto tiempo más demorará en liberar el proyecto para su tratamiento en la Legislatura –más allá de las versiones que indicaban que esto podría ocurrir en diciembre- y ni siquiera dio una pista de cuál será el calibre del informe ambiental en proceso: “La decisión política se toma a partir de fundamentos técnicos”, aclaró.
Al respecto, el gobernador de la provincia Celso Jaque indicó hace una semana a este diario que la idea del Poder Ejecutivo es “cumplir con la ley y mandar el proyecto (San Jorge) a la Legislatura”.
Y en este sentido Carmona, que sigue avanzando con pie de plomo, sugirió que puede pasar de todo en esta historia a la hora del informe final, menos que San Jorge sea autorizado sin la exigencia de un requisito extra.
“Tenemos tres alternativas: aprobación lisa y llana; aprobación con condiciones o recomendaciones y negativa (no aprobación). No hay hasta aquí casos en los que se hayan autorizado proyectos sin requisitos o condiciones”, expresó el funcionario, dando así una pista del posible desenlace.
La suerte de San Jorge dependerá también de las deliberaciones de un comité interdisciplinario llamado Comisión evaluadora interdisciplinaria ambiental minera (CEIAM), el cual reúne quince organismos científicos oficiales y no oficiales que intervienen en la discusión de la iniciativa minera.
La minera San Jorge denuncia a Carmona de dilatar la evaluación ambiental
La firma de capitales canadienses publica una solicitada en los diarios impresos hoy. Se trata de un comunicado crítico donde advirte que el secretario de Ambiente con sus exigencias no hace más que dilatar el estudio ambiental y que puede estar alterando el proceso legal. ¿A qué le teme la empresa? Entrá y conocé la opinión de la minera y su conclusión de la audiencia pública del 26 de noviembre.
El directorio de la empresa minera se adelantó a la reunión de la comisión interdisciplinaria que se realizará el martes que debe dar un dictamen previo a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) sobre el proyecto de explotación de cobre y oro en Uspallata. La firma de capitales canadienses a través de un comunicado publicado como solicitada en los diarios impresos de hoy deja en claro quién cree que está dilatando todo el proceso de estudio sobre el impacto ambiental de la iniciativa.
Concretamente San Jorge apunta a la interpretación que hace la Secretaría de Ambiente sobre el procedimiento que establece el decreto gubernamental que habilita la evaluación del proyecto. Y más precisamente, sin mencionarlo señala al titular de Ambiente, Guillermo Carmona.
Ya se sabe también el disconformismo y la tensión que genera dentro del gobierno de Celso Jaque el desempeño de Carmona en este asunto donde todos esperan que él termine el tránsito del estudio ambiental para que el proyecto minero metalífero sea remitido a la Legislatura. Este malestar político alrededor de Carmona fue reflejado por MDZ el domingo pasado con el informe titulado Minería, ambiente y política: para quién juega “Deportivo Carmona”, donde trasciende las sospechas de los mismos funcionarios oficialistas sobre el accionar de Carmona y su propia proyección política con este caso.
El resultado de la audiencia, según San Jorge y la resolución de Carmona
Sobre el proyecto ya fue observado por la Audiencia Pública el 26 de noviembre. A propósito, la minera revela en su comunicado público que de aquella compulsa el 64 por ciento de las ponencias fueron a favor de la instalación de la minera en la zona cordillerana de Las Heras.
La empresa remarca que las medidas que propenden a la dilación de la definición están contenidas en la resolución de Carmona del 6 de diciembre donde el secretario establece dos requerimientos: que el Departamento General de Irrigación (DGI) defina si la provisión de agua afecta a otros usuarios y si ese recurso alimenta a una cuenca cerrada o abierta; por otro lado le pide a las universidades –UNCuyo y UTN- que opinaron sobre el proyecto que emitan un informe científico único dadas las divergencias que hay entre una y otra posición. El informe ambiental de la empresa es rechazado por la UNCuyo y avalado por la UTN.
Quizá este último punto sea el más grave y donde el comunicado oficial de la empresa toma un cariz amenazante sobre la decisión de Carmona de llamar a las universidades para que se pongan de acuerdo en un mismo informe. El funcionario ya se reunió con los rectores de ambas casas de altos estudios el viernes para que conformaran una comisión de estudio, revisión y contraste de datos para buscar un consenso.
Sobre esto la minera remarca que se podría estar haciendo una mesa paralela de estudio a la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM) que empezará a sesionar el martes.
Textualmente San Jorge dice: “Asimismo, se pretende lograr (y poner como condición sine qua non) un pretendido consenso científico-académico por parte de ambas universidades, lo que supone (en el mejor de los casos) posibilidades de postergar el procedimiento al crear una comisión interuniversitaria paralela a la CEIAM y cuyas resoluciones en un plazo indefinido serán nulas a los efectos administrativos. Pero lo que es aún peor: implicaría una clara violación al procedimiento, ya que se trataría de una instancia no prevista en la ley”.
Por eso la empresa desvirtúa la opinión de la UNCuyo, utilizando los argumentos del Colegio Argentino de Ingenieros en Minas, que la misma empresa se encargó de difundir antes de publicar su opinión en los diarios. San Jorge considera que la UNCuyo emitió “un informe testimonial, presentado fuera de término por un grupo de profesionales”. Dice además que ese documento está “sin la firma de ningún especialista responsable”. Por eso advierte que “oportunamente” la empresa se reservara su derecho “a impugnarlo por extemporáneo y de cuyo rigor científico también se podría abundar en particular”.
Sobre el requerimiento de Carmona al DGI sobre la disponibilidad del agua dulce que sería utilizado para la producción minera San Jorge dice que se vuelve “una vez más” sobre este asunto cuando hubo ya suficientes estudios privados y públicos que fueron avalados por Irrigación que “ha concluido la no afectación tanto de la cantidad como de la calidad del recurso hídrico”.
Por lo demás San Jorge advierte todo lo que Uspallata y Las Heras pueden perder si el proyecto minero no prospera. “Las Heras recibirá la inversión más importante de su historia y del sector de trabajadores mineros y de terceras actividades y servicios que podrían verse involucrados con empleos dignos y bien remunerados” se promociona la empresa.
Y luego menciona como si fuera una advertencia para el Estado provincial y nacional todo lo que puede quedar fuera si los requerimientos de Carmona siguen obstaculizando sus planes. “El Proyecto San Jorge supondrá sólo en regalías para la provincia de Mendoza más de 150 millones de dólares; 500 millones de dólares en retenciones a las exportaciones y más de 1.200 millones de dólares en impuesto a las ganancias. Asimismo, privilegiará la contratación de mano de obra local, que entre la construcción de la planta y la posterior explotación, significará trabajo directo para 2.400 mendocinos y beneficios económicos para otros 3.400 de manera indirecta”.
Está claro que las exigencias de Carmona retrasan la remisión del proyecto a la Legislatura que establece la ley 7722 que fija esta obligación para la explotación de minerales como el oro y el cobre.
El temor de la empresa y sus aliados dentro del mismo gobierno es que la ley que autorice esta explotación en Uspallata termine siendo tratada durante el año electoral, un factor nuevo en el análisis del caso que podría influir en el voto de los legisladores. Se espera para ese momento un gran looby de parte de las asambleas vecinales y ambientalistas y como contraparte las movidas de la misma empresa y los sectores mineros que la impulsa.
El siguiente es el comunicado de San Jorge publicado en los diarios de papel hoy
Ante la próxima reunión de la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM) que se realizará el próximo martes 23 de noviembre de 2010 para analizar el proyecto de explotación de cobre y oro que Minera San Jorge S.A. desea desarrollar en Uspallata, Las Heras, Mendoza, la compañía advierte que las diferencias de interpretación del procedimiento previsto por el decreto 820/06 por parte de la Secretaría de Ambiente del Gobierno de Mendoza, podría significar una instancia dilatoria pese al estricto cumplimiento de la ley que este proponente ha demostrado.
Para fundamentar esta apreciación se toma en consideración algunos hechos recientes que indicarían señales contradictorias con la legislación vigente y la voluntad política manifestada reiteradamente por el gobierno provincial y nacional a favor del desarrollo minero responsable y con altos estándares técnicos como el que pretende llevar adelante San Jorge S.A. Estas exigencias implican tanto en su construcción como en la operación, la implementación de normas y estándares del Banco Mundial, en estricto cumplimiento de los Principios de Ecuador, con una máxima preocupación por el medio ambiente y la protección y preservación del agua.
Principalmente se advierte que la resolución 614/10 de la Secretaría de Ambiente, emitida tras la histórica audiencia pública en la que el 64% de las 639 presentaciones orales y escritas se manifestaron a favor del proyecto, modificaría las reglas del juego.
En esta disposición se intenta plantear –una vez más- el asunto del agua, materia sobre la que tanto en los diversos pasos previstos por la ley como (a posteriori) con la realización por parte de consultoras acreditadas internacionalmente de estudios reconfirmatorios avalados por el Departamento General de Irrigación, se ha concluido la no afectación tanto de la cantidad como de la calidad del recurso hídrico.
No conforme con ello, se intenta poner en un pie de igualdad jurídica el dictamen técnico de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) con un informe testimonial, presentado fuera de término por un grupo de profesionales de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), sin la firma de ningún especialista responsable y que San Jorge S.A. oportunamente reservara su derecho a impugnarlo por extemporáneo y de cuyo rigor científico también se podría abundar en particular.
Asimismo, se pretende lograr (y poner como condición sine qua non) un pretendido consenso científico-académico por parte de ambas universidades, lo que supone (en el mejor de los casos) posibilidades de postergar el procedimiento al crear una comisión interuniversitaria paralela a la CEIAM y cuyas resoluciones en un plazo indefinido serán nulas a los efectos administrativos. Pero lo que es aún peor: implicaría una clara violación al procedimiento, ya que se trataría de una instancia no prevista en la ley.
Minera San Jorge confía plenamente en que las instituciones y la autoridad ambiental velarán por la seguridad jurídica que deberá imponerse en el procedimiento para beneficio de la provincia, pero particularmente del departamento de Las Heras, que recibirá la inversión más importante de su historia y del sector de trabajadores mineros y de terceras actividades y servicios que podrían verse involucrados con empleos dignos y bien remunerados.
Es importante recordar que, con los actuales precios de cobre y oro, a lo largo de sus 16 años de vida útil, el Proyecto San Jorge supondrá sólo en regalías para la provincia de Mendoza más de 150 millones de dólares; 500 millones de dólares en retenciones a las exportaciones y más de 1.200 millones de dólares en impuesto a las ganancias. Asimismo, privilegiará la contratación de mano de obra local, que entre la construcción de la planta y la posterior explotación, significará trabajo directo para 2.400 mendocinos y beneficios económicos para otros 3.400 de manera indirecta.
Como se verá, un largo proceso del que los mendocinos podrán ser testigos, pero en especial los uspallatinos, con quienes nos hemos comprometido a involucrarlos en el monitoreo del proyecto en cada una de sus fases como ya lo estamos haciendo.
Queremos desarrollar un proyecto minero moderno para beneficio de todos los mendocinos y esperamos que este compromiso sea compartido por el Gobierno, en todos sus niveles.
Directorio Minera San Jorge S.A.
