La decisión de la Nación de subastar 7 mil hectáreas en Campo los Andes puso en pie de guerra a vecinos de la zona, que ayer cortaron la ruta. Los vecinos de la zona piden que respeten su historia en el lugar, que las tierras no se vendan y exigen explicaciones oficiales. “La Remonta es del pueblo”, “Más de tres generaciones vivimos y cuidamos estas tierras”, “Acá están nuestras raíces” rezaban algunos de los carteles que ayer cortaron la ruta 92, a la altura del Puente del Río, que vincula Campo los Andes con La Consulta. Por qué rechazan el plan de desarrollo propuesto.
Fuente: Los Andes
“Mi mamá me parió allá adentro, en La Remonta. Mis abuelos eran ‘carreros’ de la mercadería que se producía. Mis hijos se han criado aquí”, dice con nostalgia don Rafael Segura (56).
Entonces, señala hacia los cerros que aparecen detrás del regimiento militar: “¿Ve aquellas manchas amarillas? Son tierras que nosotros producíamos y están abandonadas. Nos prohibieron cultivar allí y ahora vienen de afuera, con todo servido, y nos sacan sin más”.
La polémica y los reclamos explotaron en el Valle de Uco después de que la Nación anunciara que subastará 7.216 hectáreas militares en Campo los Andes y la Provincia hiciera lo propio con su millonario proyecto de desarrollo vitivinícola, con el que planea irrigarlas y dotarlas de caminos, energía y demás infraestructura.
De la incertidumbre inicial; los lugareños pasaron a la bronca y a exigir explicaciones en reuniones, asambleas y hasta con cortes de ruta.
Ayer -mientras los productores, arrendatarios y distintos sectores de la comunidad se reunían con los autores del proyecto en la sede de la Sociedad Rural del Valle de Uco- un centenar de vecinos de Campo los Andes cortaron la ruta 92, a la altura del río Tunuyán, para gritar que su “hogar no se vende”.
El revuelo popular también hizo que ciertos legisladores y funcionarios rompieran su silencio expectante y salieran a dar declaraciones y elevar pedidos de informes.
Las redes sociales explotaron con opiniones sobre la venta. Y en la región ya empiezan a hablar de la “licencia social” que deberá tener el Gobierno para “avanzar sobre los bienes de todos”, algo que recuerda y mucho a la lucha del Valle de Uco por la ley 7722.
En resumen, los argumentos de la bronca se basan en haber ignorado los planes locales de ordenamiento territorial, el desconocer a las familias y producciones históricas de la zona, el descreimiento de que los pequeños y medianos productores puedan participar de la subasta, las nulas expectativas de generar mayor empleo y porque para muchos, el plan significa agudizar el desmonte, el monocultivo y la inequidad en las economías regionales.
Sin embargo, el centro de la cuestión es el agua y todos lo saben. La Remonta es un sitio de recarga de acuíferos y arroyos que alimentan a las dos subcuencas del río Tunuyán, que riegan a unas 143 mil hectáreas empadronadas desde San Carlos -con El Carrizal mediante- hasta La Paz.
Su principal valor reside en los recursos hídricos, de allí que los intendentes del Este provincial también hayan manifestado su preocupación.
Los regantes valletanos también han librado la voz de alerta. Temen que no se esté atendiendo a la crisis hídrica que rige en el Valle.
Plantean que ellos y sus padres llevan décadas tributando a Irrigación, mientras que los nuevos “regantes vip” gozarán de los beneficios que siempre han solicitado y nunca lograron, por lo que “siguen regando como aborígenes”.
La iniciativa
Dicen que era un proyecto kirchnerista que craneaba el ex general Milani (hoy detenido por delitos de lesa humanidad) y que enseguida despertó interés en el macrismo.
En realidad, son 15.500 las hectáreas que el Ejército Nacional tiene en Córdoba y Mendoza que saldrán a la venta “para apuntalar las economías regionales y generar empleo”, según promociona la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) encargada de la privatización.
Según el proyecto de desarrollo que impulsa Mendoza, el Estado cobraría unos $ 1.800 millones por la venta de 3.900 hectáreas de La Remonta.
“Las otras 3.300 has. quedarían como área de protección”, dicen desde el gobierno. La inversión tiene un componente público (infraestructura de riego, eléctrica y caminos) y privado (compra de hectáreas, mejora de viñedos y construcción de cuatro bodegas).
Frente a los dichos del gobernador Alfredo Cornejo, que comparó el rechazo ciego a la propuesta con el de la minería, los productores valletanos señalaron que su oposición responde a que no se han atendido cuestiones locales.
“Se percibe que los autores del proyecto desconocían la realidad de La Remonta”, dijeron los actuales arrendatarios, después de la reunión mantenida ayer con funcionarios. Ellos siguen reclamando que la AABE no les permitió regularizar su situación, razón por la cual ahora los desalojarían.
Alberto Carletti -titular de la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio de Tunuyán- dijo que la comunidad y los productores quieren que las tierras queden en manos del Estado y se preserven como patrimonio paisajístico, hídrico e histórico.
Voces del sector también señalaron que “es mentira que las economías regionales -incluso la vitivinicultura- necesiten más tierras para crecer, cuando las que hoy están en producción son absolutamente deficitarias”. Y cargaron las tintas contra las malas políticas públicas.
El funcionario que está al frente del proyecto y que ayer visitó el Valle, Alejandro Gennari, dijo a Los Andes que todos opinan desde el desconocimiento.
“Estamos recién en la etapa de prefactibilidad y vamos a hacer rondas de consultas”, apuntó. Y tras la reunión se comprometió a buscar la forma para que los productores (la mayoría actuales arrendatarios) puedan acceder a la compra de tierras.
El proyecto buscará financiamiento internacional, pero aún no lo tiene. “El Gobierno podría aventajar a cercanos -como se hizo en la anterior gestión- pero lo hará a través de un concurso público y fraccionado en pequeñas parcelas para dar ventaja a productores locales y empresas del país”, expresó Gennari.
También señaló que la iniciativa busca aprovechar, con sistemas de canalización y reservorios, el agua de riego que hoy se pierde en el lugar y está subaprovechada.
“Nos preocupa un manejo discrecional del agua superficial y la inequidad. Que los cambios afecten a los pequeños y medianos productores, que llevan décadas haciendo esfuerzos para tecnificar su riego ante la falta de ayuda del Estado”, apuntó Marcelo Romano, representante de los regantes locales.
El abogado indicó que, según la Constitución, no se pueden sumar nuevos derechos sin realizar un aforo previo de estos afluentes del Tunuyán y sin perjuicio de los derechos definitivos preexistentes.
Otro de los reclamos apunta a que el Gobierno no tuvo en cuenta el trabajo que vienen haciendo las comunas para definir su plan de Ordenamiento Territorial.
El problema aluvional salta como prioritario. Tunuyán debió encarar millonarias obras de infraestructura para evitar que se inunde Vista Flores, tras el borrado de los cauces aluvionales que hicieron emprendimientos privados cercanos a lo que hoy se va a privatizar.
“Tienen que explicar cómo van a mitigar el impacto. Vivimos en un oasis y hemos trabajado mucho para definir cómo proteger la zona de recarga y favorecer los cultivos que mejoran el suelo. Hay estudios y decisiones de la comunidad y han sido ignorados”, acotó Andrea Avena, titular de Ordenamiento Territorial de Tunuyán.
Paradójicamente, hace tiempo que el municipio tiene un proyecto para construir la Terminal y otros edificios en instalaciones del ferrocarril y la AABE responde “con burocracia”.
El tema también generó alarma en San Carlos, porque hubo anuncios que involucraron a la Estancia Yaucha, donde hace tiempo puesteros vienen enfrentándose con el Ejército por la tenencia de las tierras.
Ellos prevén hacer una manifestación esta semana. El intendente Jorge Difonso fue uno de los primeros en oponerse a esta iniciativa. “Tenemos un plan de ordenamiento trabajado con puesteros y prestadores turísticos y no pueden pasarlo por alto”, apuntó.
“No tenemos la plata para comprarlas”
“La Remonta es del pueblo”, “Más de tres generaciones vivimos y cuidamos estas tierras”, “Acá están nuestras raíces”. Esto rezaban algunos de los carteles que ayer cortaron la ruta 92, a la altura del Puente del Río, que vincula Campo los Andes con La Consulta.
Los vecinos de la zona piden que respeten su historia en el lugar, que las tierras no se vendan y exigen explicaciones oficiales. Pasado el mediodía y reunidos en asamblea, los pobladores decidieron convocar a las autoridades para una reunión mañana, a las 18, en la conocida como “rotonda de Intendencia”.
“Hemos trabajado toda la vida en las chacras de ahí. Desde el año pasado, el Ejército empezó a sacar gente y destruían las casas para que no volvieran. Ahora quieren hacer lo mismo con los que quedan. Nos dicen usurpadores a nosotros que nacimos aquí y después vamos a tener que ir a pedir agua a los extranjeros”, reflexionó emocionado Germán Mariscal.
A su lado estaba su mamá Matilde (88), quien hace 50 años que vive en el paraje y aún no consigue tener luz.
La angustia de la gente de Campo los Andes, que ayer cortaba pacíficamente la ruta 92, se entiende por su historia. Dicen que los desalojos llevan años.
Que mendigaron por décadas para comprar un trozo de tierra para hacer un barrio para civiles y el Ejército siempre se los negó. Ahora, muchos de los antiguos pobladores viven en el barrio Obreros de Vista Flores.
También dicen que hace tiempo que los militares dejaron morir La Remonta por falta de producción. “Había unas alamedas hermosas y se secaron, cuando el agua anda ociosa por los campos incultos”, dijo don Segura.
Además del haras de mula argentina -que funciona con gran nivel de deterioro y el proyecto oficial quiere reflotar- antes había en el lugar muchas construcciones importantes, hasta una capilla y una cárcel.
La zona en cuestión arranca, hacia el oeste, desde los mentados torreones que están sobre la ruta y sirven de pórtico al regimiento desde 1902. Limita al norte con el emprendimiento francés Clos de los Siete. Viven allí unas 600 personas, según los propios vecinos. Adentro, hay una decena de empresas agrícolas arrendatarias que siguen produciendo en el lugar.
El sitio también guarda connotaciones históricas. Hay documentos que confirman al menos una visita de San Martín, en 1815, a lo que entonces era la estancia Melocotón, cuando evaluaba cruzar la cordillera por el paso Portillo. Sin embargo, hay investigadores que sostienen que allí el General tenía sus caballerizas y aún hay restos.
“Muchas veces han querido vender los militares, pero no pudieron porque estas tierras eran donadas”, arremete una vecina y se ríe: “Yo subasto con mi marido si hace falta para quedarme con un pedacito de mi terruño. De aquí no me sacan”.
Por su parte, Fabián Escobar aclaró que los pobladores no se oponen al progreso de La Remonta, “pero pedimos que no se toque a la gente lugareña. Obviamente, no tenemos la plata para comprar estas tierras que hemos trabajado años para cuidarlas”.
Repercusiones
Vecinos. Este lunes a las 18 se reunirán. Convocan a las “autoridades que quieran explicar los alcances del proyecto”.
Pedidos de informe. Varios legisladores solicitaron información sobre el proyecto al Gobierno. Entre ellos los justicialistas Jorge Tanús, Lucas Ilardo y Patricia Fadel.
Autoconvocados. Las Asambleas por el Agua Pura del Valle también han pedido información a funcionarios y legisladores.
Audiencia. El diputado del FIT Lautaro Giménez adelantó que convocará a una audiencia en la Legislatura para que los productores y pobladores de La Remonta se expresen.
