En una audiencia pública en el Senado, la minera brasileña Vale reiteró que no seguirá con las obras para explotar el yacimiento Potasio Río Colorado. Informó que despedirá con pago de indemnización a sus empleados y cancelará deudas con proveedores.

 

Foto: el Ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, saluda a uno de los directivos de minera Vale.

Fuente: Página/12
La minera Vale reconoció que hace dos meses que busca compradores para su participación en el consorcio que lleva adelante la obra del yacimiento Potasio Río Colorado en la localidad mendocina de Malargüe. La empresa fue convocada ayer a una audiencia pública en el Salón Azul del Senado para que aclare el carácter temporario de la suspensión de las obras, el impacto de esa decisión en los más de 2800 trabajadores involucrados en la mina y la deuda con los proveedores y contratistas. La firma respondió que abandona la obra, para lo cual busca comprador de sus acciones, y aseguró que liquidará las indemnizaciones de sólo 400 empleados directos y las deudas con proveedores. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, quien asistió al recinto, confirmó que se mantendrá la conciliación obligatoria y que después se dictará el procedimiento preventivo de crisis, que implica la cobertura de los trabajadores por un plazo de 31 días más. Mientras, se espera por la cumbre que se llevará a cabo a fin de mes en Buenos Aires entre la presidenta Cristina Fernández y su par brasileña, Dilma Rousseff.

El salón se encontraba colmado a la espera de los directivos de Vale. No se descartaba un nuevo desplante, como ocurrió en audiencias previas que se realizaron en Trabajo. Junto a senadores y diputados de las provincias comprometidas en el proyecto se encontraban el gobernador de Mendoza, Francisco Pérez; el secretario de Minería, Jorge Mayoral, y el secretario general de la Uocra, Gerardo Martínez. El clima era tenso. «Si no aparecen de la empresa, esto va a ser una catarsis colectiva», señaló el asesor de uno de los senadores. Finalmente, arribaron Galib Chain, director ejecutivo de implementación de proyectos de capital; Roger Adema Barros Moura Felmo, director ejecutivo, y los asesores legales Claudio Avenas, Humberto Pinmeiro y Adolfo Duragnona. Este último fue el interlocutor para las preguntas.

Duragnona comenzó con la lectura de una carta del presidente de Vale, Sergio Leite, en la cual reitera las argumentaciones con las que justifican su salida del proyecto. La misiva reconoce una serie de obras a las que se habían comprometido en 2009, cuando se hicieron cargo del Consorcio Río Colorado (CRC), cuya inversión había sido estimada en un principio en 6000 millones de dólares. La empresa sostiene que las provincias pidieron obras que no estaban contempladas en el proyecto, lo que elevó el monto de la inversión en 1500 millones de dólares y que, por «otros motivos», se recalculó en 12.000 millones la suma final. La empresa insiste en que requerían de una serie de ventajas impositivas para que el proyecto «fuese atractivo».

La escueta nota plagada de alabanzas a la relación bilateral entre ambos países no fue a la cuestión de fondo, la que fue reiterada por el gobernador Paco Pérez. El mandatario aseguró que hubo reuniones periódicas con Leite, en las cuales «nunca se manifestó una situación anormal». «Lo que queremos que respondan es: ¿qué entienden por suspensión temporal? ¿Cuál será la responsabilidad con los 2876 trabajadores y con la deuda con los proveedores? ¿Qué figura adoptará jurídicamente? ¿Cuál será la reingeniería del proyecto?», interpeló Pérez. El gobernador aseguró que se le ofreció a la empresa sustituir y/o postergar toda obra que no tenga que ver con el proyecto, pero la decisión de irse ya estaba tomada. Los representantes de Vale solicitaron un minuto para analizar las preguntas, las mismas que se vienen haciendo desde que la empresa comunicó su salida. Los cinco minutos se transformaron en veinte, lo que sumó malestar entre los presentes. Duragnona leyó entonces las respuestas: «La obra está interrumpida y Vale no va a continuar con el proyecto. La empresa busca un comprador para poder vender su participación en el proyecto y mantenerlo vigente». Vale informó que mantuvo reuniones con veinte posibles inversores para vender su parte en el proyecto. A la vez, afirmó que sólo tiene 400 empleados, a los que les pagará su indemnización. «A los proveedores y contratistas se les está pagando según la ley», indicaron. Esto último fue desmentido por el abogado que representa a las pymes proveedoras en Mendoza, Carlos Ferrer (ver aparte). «Vale incurre en un doble vicio: el de falsedad de los datos y en el ocultamiento de información. El problema de Vale es estructural, ya que perdió 3000 millones de dólares por la venta de hierro y ahora reestructura sus negocios en todo el mundo», señaló Mayoral. Tomada aseguró que se mantuvieron «reuniones infructuosas y de gran desconsideración» y que hubo que forzar a la empresa a que dé explicaciones y, ante la falta de respuestas, se dictó la conciliación obligatoria por 15 días hábiles, que se extenderá hasta el 22 de abril», agregó. «Están dadas las condiciones para una revocatoria de la concesión», apuntó el senador mendocino Ernesto Sanz.

Carlos Tomada, Ministro de Trabajo de la Nación saludando a un directivo de lminera Vale

 El senador por Río Negro, Miguel Angel Picheto, dialogando con directivos de minaera Vale