El espacio nació manchado porque el gobierno presentó como un camino para la búsqueda de un modelo minero “sustentable”, algo que no existe en la variante metalífera del extrativismo, según los estudiosos de las consecuencias de ese tipo de minería. En la primera convocatoria no cambió la grieta entre los promotores de volar la montaña para sacarle los metales con valor de mercado y los defensores del ambiente.
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Fuente: Explícito
“Queremos que se genere confianza nuevamente entre los actores después de muchos años de lucha. Esperamos que en estos seis meses intentemos encontrar entre todos una minería sustentable”, expresó Vaquié, pero los ambientalistas presentes lejos de estar más confiados se declararon emboscados en la primera convocatoria. Negaron que las condiciones del encuentro hayan contemplado los requisitos básicos para el inicio de un diálogo, sino más bien instauraron un clima de imposición de la minería metalífera.
Desde el sector minero volvieron a instalar la necesidad de rediscutir la Ley 7.722, mientras desde los sectores de protección del ambiente no sólo defendieron la norma que restringe el uso de sustancias venenosas en el proceso minero.
La mesa organizada por el gobierno tuvo un tinte prominero: los expertos extranjeros convocados son empleados de empresas mineras metalíferas, tanto de Chile como de Australia. No hubo entre los invitados ninguna víctima de los desastres ambientales provocados por las mineras en distintas regiones del mundo.
“Nosotros planteamos que la minería no es sustentable, donde se instala una minera queda un agujero o desaparece la montaña o desaparece el agua. Entonces, les planteamos que para la próxima la parte de minería sustentable la eliminen de la convocatoria porque sino no hay diálogo”, contó Sergio Onofrio, integrante de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza, entrevistado en la radio de la UTN.
El activista agregó que los expositores que buscó el gobierno para la reunión convocada en el Auditorio Bustelo el miércoles “eran todos mineros” y advirtió que “así no se conforma un diálogo”. Desde el sector de los ambientalistas razonaron que el gobierno debió invitar expositores de todas las perspectivas que hay sobre el tema.
“Vimos también que todas las propuestas que tienen los mineros contemplan modificaciones a la Ley 7.722”, dijo y consideró que uno de los objetivos de la movida de Cornejo es “avanzar sobre los prohibiciones de la ley”, advirtió Onofrio.
El geógrafo Marcelo Giraud, integrante de la Asamblea por el Agua, entrevistado en Mitre Mendoza, contó que en la convocatoria del gobierno “aparecieron pedidos de reformar la Ley 7.722 cuando se suponía que el marco legal no estaba en discusión”.
Agregó que “hace décadas que los mineros proponen tecnología de punta, pero el cero riesgo no existe, y la minería es de las más riesgosas”. En ese sentido, advirtió que “ya vimos lo que pasó en San Juan con la Barrick; Vale (dueña de los derechos de la mina de potasio a la vera del Río Colorado, en Malargüe) es otra minera que generó desastres en Brasil”.
Giraud consideró que Vale en Malargüe falló en su responsabilidad social al abandonar las operaciones ante el primer problema financiero que le surgió. La compañía inició la construcción de la infraestructura para sacar potasio, pero con unas cinco mil personas bajo su ala tomó la decisión de irse de un día para otro dejando a la gente sin trabajo y con varios salarios sin cobrar.
