Las discusiones sobre la minería, abiertas a partir del fuerte impulso oficial que, incluso, gana espacio en los medios de comunicación, van dejando a la vista prácticas que, más que ver con lo productivo, esconden negocios de otro tipo en muchos de los casos, y que van desde la especulación hasta la trampa. Con la sociedad dividida, fundamentalmente porque se pone en juego el recurso vital de Mendoza, que es el agua, aparecen los que encuentran terreno fértil para hacer negocios que, sin riesgo, les dejan grandes dividendos.
Fuente: Diario San Rafael
Empresas y particulares que, a través del pago de un canon, se quedan con enormes superficies para después alquilarlas o venderlas a las mineras, encontraron un modo de especulación que ha dado grandes ganancias, reconociendo antecedentes en áreas petroleras que también han servido para este negocio, basado fundamentalmente en la falta de controles estatales.
En un informe del diario MDZ citan a una fuente del ejecutivo provincial que reconoció: “Agarran dos piedras con mineral, las llevan al Consejo Minero y automáticamente les tienen que dar la concesión por esas tierras. Esto lo hacen muchos particulares y también empresas. Después terminan alquilando esas tierras a mineras que realmente están en condiciones de invertir, y se hacen millonarios”. Y la minería resulta para ello terreno mucho más fértil que la industria petrolera.
Según la ley, con un pedido de cateo para detectar minerales se pueden adquirir derechos sobre áreas mineras. La concesión es provisoria, pero a través de artilugios legales tan simples como ir cambiando repetidamente el domicilio legal de la empresa, pueden ganar tiempo, y se registran casos de concesión mantenida durante más de una década sin invertir un solo peso, solo esperando que aparezca alguien para venderle un negocio que, en realidad, no está en marcha. “Una vez que una minera realiza un pedido de cateo o hace una manifestación de descubrimiento, se abren dos expedientes: uno relacionado con la propiedad de la tierra y otro estrictamente ambiental. Ante la demora en cualquiera de los dos, la empresa no está obligada a realizar ningún tipo de maniobra en el área.
Al respecto, Diario San Rafael publicó el pasado martes el caso de la empresa Río de La Plata y su canon sobre el área “Charlotte” ubicada en nuestro departamento.
Es que el marco legal de la minería, que viene desde los ’90, es realmente propicio para negociados, especulaciones y saqueos. No sólo la actividad entraña los riesgos y perjuicios ambientales que conocemos, sino que también las promesas de desarrollo, trabajo e inversión son, a todas luces, espejitos de colores en casi todos los casos.
