El gobernador Alfredo Cornejo, aliado del presidente Javier Milei, consiguió que el INAI revise y de marcha atrás al reconocimiento de tierras ancestrales de tres comunidades mapuche que habitan territorios cruzados por los intereses del proyecto “Malargüe distrito minero”. Además, el gobierno nacional puso a la venta 309 inmuebles estatales en todo el país, entre los que se encuentra Campo Potreros de la Cordillera que el Ejecutivo mendocino había cedido a la empresa El Azufre S.A. Allí, estaban decenas de familias puesteras que habitaron y trabajaron esas tierras por generaciones.
Por: Oscar Soto – Agencia Tierra Viva
Foto portada: Andrea Véliz Peña
Todavía resuena en los parajes de los Molles y el Sosneado, los sucesos de principios de 2023, cuando llegaron al sur provincial camionetas con fotos del General Roca y proclamas negacionistas. Por entonces, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) había concluido un prolongado relevamiento técnico, jurídico y catastral en las comunidades lof El Sosneado (en San Rafael, al límite con Malargüe) y las lof Suyai Levfv y Limay Kurref (en Malargüe), por medio del cual concretó el reconocimiento a la ocupación “actual, tradicional y pública” de esas tres comunidades puesteras identificadas en la larga memoria del Pueblo Mapuche. Con la llegada de la Libertad Avanza a la Casa Rosada, y tras varias gestiones, el gobierno del radical Alfredo Cornejo consiguió que el INAI reabra los expendientes para dar marcha atrás con el reconocimiento de las tierras, mientras en el Poder Legislativo provincial avanza el proyecto “Malargüe distrito minero occidental”.
Entre las familias se susurra una especie de paradoja: “¿Por qué se habla tanto de mapuches y por qué quieren desalojar a vecinos que llevan décadas viviendo aquí, trabajando estos campos?”. Además de la amenaza contra las comunidades El Sosneado, y Suyai Levfv y Limay Kurref; el gobierno de Javier Milei —con Cornejo como aliado—, publicó el decreto 950/2024, con el que pone a la venta poco más de 300 muebles del Estado, entre ellos, las tierras fronterizas de “Campo Potrero de Cordillera”, una operación que había sido abierta por el ex gobernador Rodolfo Suárez en favor de la El Azufre S.A. La decisión atenta contra decenas de familias puesteras que habitaron y trabajaron esas tierras por generaciones en zona de glaciares y nacientes de ríos.
Malargüe, distrito mapuche y puestero
En Malargüe, como en el resto del país, los procesos de autoexploración identitarias tuvieron su auge cuando la democracia ya se mostraba madura. A partir de los años 2000, un número importante de familias crianceras, productoras caprinas y campesinas del sur provincial, comenzaron a revalorizar la persistencia de una forma indígena de ver el mundo, heredada de abuelos y padres. Ese modo de vida indígena se había trasmutado al ropaje “puestero” conservando sus formas: la trashumancia, la toponimia, los colores de piel y el vínculo con la tierra, daban cuenta de ello.
Para cuando el Estado comenzó a resarcir los daños de un genocidio feroz, este trabajo comunitario tuvo eco en una serie de políticas que permitieron rediscutir los derechos elementales a poseer la tierra, o cuanto menos a no ser desalojados. Fue así que se iniciaron trabajos coordinados entre organismos públicos y científicos, con la intención de interpretar esa larga historia silenciada. Uno de los resultados de esa introspección colectiva fue la labor del INAI en la reconstrucción de una genealogía de trabajo pastoril en Malargüe. Si bien no todas las familias puesteras asumieron esta perspectiva, muchas de ellas concretaron reclamos territoriales que el organismo atendió desde 2009, promoviendo trabajos de pesquisa antropológica y geográfica por más de una década.
La provincia de Mendoza es abundante en paisajes e historia. Su delimitación congrega riquezas minerales, agrícolas y subjetividades diversas. El departamento de Malargüe tiene una fisonomía aún más particular: allí hay fortuna minera, cielos límpidos y todavía se puede ver el rastro más nítido de las comunidades originarias que se desplazaban desde Wallmapu a las actuales pampas argentinas.
Esos pueblos que sobrevivieron a las campañas colonizadoras, fueron paulatinamente relativizando sus identidades territoriales para reconocerse como gente de la tierra (mapuche) en oposición al huinca (el blanco invasor). Así, como relata Florencia Roulet, donde antes había picunche (gente del norte), puelche (gente del este), nguluche o moluche (gente del oeste), huilliche (la gente del sur), o pehuenches (gentes del pehuén), poco a poco la semántica mapuche iría ganando peso, de igual forma que la identidad “argentino” englobó a mendocinos, puntanos, cordobeses y porteños después.
Campaña negacionista para entregar las tierras a la minería y las petroleras
Ese proceso histórico importó poco para el poder político provincial. El 23 de marzo del año 2023 las legisladoras Cambia Mendoza Cecilia Rodríguez (UCR), Evelin Pérez (UCR) y Josefina Canale (PDP) elaboraron el despacho mediante el cual el poder legislativo provincial se opuso a la vigencia de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena, desconociendo lo dispuesto por el INAI en las resoluciones 36/2023; 42/2023 y 47/2023. Pero además de ello, el acto legislativo se hizo dictaminando la inexistencia del Pueblo Mapuche.
La cruzada contra las comunidades mapuche fue llevada también al Poder Judicial. El entonces gobernador Suárez presentó una demanda judicial para desconocer lo resuelto por el INAI y consiguió un fallo favorable del juez federal de San Rafael, Mendoza, Eduardo Puigdéngolas, quien dictó una cautelar de carácter suspensivo. La causa siguió curso y, desde junio del año pasado, está en manos de la Corte Suprema.
Pocos días atrás, durante el “Almuerzo de las Fuerzas Vivas”, organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, Cornejo celebró una decisión digitada por la nueva gestión del INAI, a cargo del ex funcionario macrista Claudio Avruj. Se trata de la reapertura de la carpeta administrativa de las tres comunidades. “El INAI reconoce que deben darnos la debida participación al Ejecutivo provincial, tal como lo establece la ley y no como hizo el Gobierno nacional anterior, que les dieron tierras que están ubicadas en lugares estratégicos con factibilidad de petróleo y de minería, entre otras bondades”, blanqueó Cornejo.
El interés económico detrás de este conflicto remite directamente a la empresa Nieves de Mendoza S. A., que asegura tener 4.477 hectáreas comprometidas en el campo “El Alamo”, donde viven las familias puesteras de Limay Kurref. La empresa, del grupo Walbrook de capitales malayos, adquirió las acciones de IRSA en 2003 y pasó a controlar el 97 por ciento del complejo de esquí Las Leñas y detenta unas 145.460 hectáreas totales en Malargüe. El otro gigante detrás de estos movimientos es el holding SOMINAR (Sociedad Minera Argentina), que ocupa unas 430.000 hectáreas, con posesiones en los bordes de los ríos Diamante y Atuel. Allí vive, desde hace varias generaciones, la comunidad de El Sosneado, amenazada por estas acciones.
Se trata de un territorio en el que se busca explotar petróleo, yeso, carbonato de calcio, entre otros bienes comunes. Con tanta mala suerte para las familias campesinas e indígenas, que su pastoreo y las actividades de turismo rural están enclavadas en ese lugar de apetencia corporativa. Entre Nieves de Mendoza S.A. y SOMINAR son más de medio millón de hectáreas que están en manos de capitales extranjeros. Estas empresas inciden, de manera directa, en las acciones de un gobierno provincial que ha hecho de la estigmatización de puesteros una escaramuza política: “El INAI ha admitido el reclamo de la provincia sobre los ‘indígenas truchos’”, les apuntó Cornejo.
Un proyecto para cambiar la matriz productiva de Mendoza
Los nacidos en Malargüe conocen el pasado de un pueblo eminentemente trashumante, sin embargo, lo que en los últimos años ha ganado cuerpo en el debate público no es el pasado, sino el futuro de este departamento. Desde los emprendimientos turísticos, hasta las especulaciones con el tesoro escondido de Vaca Muerta, la comarca más austral de Mendoza se ha transformado en casi la única política pública del gobierno de Alfredo Cornejo. En una provincia en la que el mundo viñatero se desvanece, aferrarse al extractivismo minero parece ser la única posibilidad de gobernar para la alianza radical-macrista, que lleva ya 12 años en el poder.
Por eso, el pasado 30 de octubre, la Cámara de Diputados de Mendoza avanzó con el pedido oficialista y aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de los 34 proyectos de exploración que forman parte del plan Malargüe Distrito Minero Occidental. La iniciativa se aprobó por 39 votos a favor, mientras que solo 5 legisladores la rechazaron y hubo dos abstenciones.
VIDEO: instrucciones para ver el mapa interactivo
Ahora es el turno del Senado para decidir si se habilita la liberación de la actividad minera en una provincia con escasez hídrica, que históricamente defendió el agua para la producción agropecuaria y que cuenta con la vigente Ley 7722, que prohíbe el uso de la sustancias químicas inherentes a la minería.
Cornejo ha reconocido en su narrativa política y en sus actos concretos la comodidad que le evoca la idea de desregular la economía y fortalecer un régimen económico de libre mercado. No oculta, claro, su afinidad y respaldo al gobierno de Javier Milei desde el minuto cero. Esta semana, Cornejo, junto a otros gobernadores radicales, fue recibido por Milei en la Casa Rosada.
Lo llamativo es que en Mendoza, hace tiempo, se rompieron los pruritos más arraigados que las clases dirigentes locales han tenido históricamente. La enajenación del territorio provincial crece como la garantía de sacar a Mendoza de su chatura económica. Las comunidades sin embargo, sostienen que “No hay devolución porque ya estamos ocupando esos territorios desde generaciones. Está fallando la estrategia criminalización.”
El Azufre, tierras campesinas e indígenas puestas a la venta por el Estado
“Lo que llama la atención es que haya sido tanto campo que le han regalado…”, con esa sencillez inapelable, en una mañana fría de invierno entre mates y diálogo, un puestero que hace su arreo de animales por la zona cada verano, sintetizó la sensación que recorre al habitante promedio de Malargüe. Se refería al “Campo Potreros de Cordillera” un espacio trashumante que ni siquiera la generación latifundista que forjó la “conquista” del sur provincial se atrevió a enajenar.
En enero de 2022, el Gobierno de Mendoza cedió 12.300 hectáreas a El Azufre S.A. para un negocio turístico exclusivo. Por decreto, el entonces gobernador Rodolfo Suárez, generó un desalojo de facto de tierras habitadas por comunidades indígenas y familias campesinas productoras trashumantes de caprinos en una zona con glaciares y nacientes de ríos.
Esa decisión se tomó en clara violación de normativas nacionales y locales, que van desde la ley Glaciares (26.639), la ley de Emergencia Territorial Indígena (26.160), hasta la ley provincial de Promoción y Arraigo de Puesteros (6086). El gobierno le asignó esa inmensidad de pasturas y reservorio de agua a los empresarios Daniel Alejandro Nofal, Alejandro David Spinello y José Ignacio Beccar Varela.
La novedad ahora es que el mapa político-empresarial ha terminado de ubicar cada una de las piezas en su lugar. Con la llegada de Milei a la Casa Rosada, el mega DNU 70/2023 y la Ley Bases, allanaron el camino para que nuevos grupos económicos puedan avanzar en el negocio inmobiliario, a través de la venta de tierras rurales que pertenecen a las Fuerzas Armadas, un hecho que tuvo su antecedente en un intento similar durante la gestión de Mauricio Macri.
Durante el gobierno de Alberto Fernández, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) presentó sus reparos a la enajenación de esas tierras. Fue su ex titular, Martín Cosetino, quien presentó una nota al gobernador de Mendoza donde lo intimó a dejar sin efecto el decreto 2.138/21, que estipula una “asignación precaria” de tierras a la firma El AZUFRE S.A. La situación cambió con este gobierno nacional y se concretó en los últimos días.
El titular de la AABE, Nicolás Pakgojz —un ex funcionario de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires— junto con el vicejefe de Gabinete, José Rolandi; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y la Secretaría de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal, diseñaron el decreto 950/2024, publicado el 24 de octubre pasado, con el que se pusieron a la venta 309 inmuebles estatales en todo el país. Entre ellos, “Campo Potreros de Cordillera”.
Así las cosas, en el listado de inmuebles, están los terrenos fiscales de Nación, donde se levantó el centro de esquí El Azufre, aquellos que Rodolfo Suarez y Alfredo Cornejo decían que eran propiedad de los mendocinos y que solo cederían para que la gente pueda esquiar feliz.
A las voces de funcionarios opositores, activistas sociales, investigadores, organizaciones campesinas-indígenas e incluso a la palabra de los mismos habitantes del territorio se les negó el derecho a opinar. Se omitió que se trata de una entrega de soberanía territorial, debido a su ubicación en zona de frontera, que no existen estudios serios de impacto ambiental que avalen la viabilidad del emprendimiento y que, inevitablemente, implicaría el desplazamiento de puesteros, cuyo único medio de vida es el ganado trashumante que depende de esas veranadas.
Las familias puesteras que pueblan el sur de Mendoza vivieron allí por generaciones. La amalgama de inserciones en el territorio ha hecho que pese al intento por exterminar todo registro indígena, la trashumancia siga siendo un capricho de memoria ancestral que se niega a caducar. Las verandas en un terreno hostil son vida para esos rebaños. Para quien conoce el esfuerzo diario de estos trashumantes, las veranadas son su vida. Malargüe es un pueblo trashumante como definió alguna vez con su precisión etnográfica Vicente Agüero Blanch.
Frente a esta embestida, un grupo de organizaciones indígenas, campesinas y ambientalistas vienen denunciando los hechos de transgresión territorial por los que están pasando.En ese lugar, puelches, pehuenches y todo los etnónimos que conformaban el inquebrantable mundo de la “gente de la tierra”, recorrían grandes distancias de a pie para procurarse alimento; subiendo y bajando la rudeza de la cordillera de Los Andes, desde el Río Limay hasta el Diamante.
Por su obstinación fueron el último nicho de rebeldía frente a la Conquista. Una vez concluidas las expediciones que lograron doblegar esa resistencia, la elite mendocina resolvió rematar esas tierras en las que “solo había indios” para financiar el mundo vitivinícola del norte mendocino. Hoy, un siglo después, las tierras del sur provincial se plantean como la solución de continuidad a cualquier precio para la provincia del sol y el buen vino.
Publicación original: https://agenciatierraviva.com.ar/mendoza-avanza-contra-campesinos-e-indigenas-entre-el-remate-de-tierras-fiscales-y-proyectos-mineros/
