En los últimos años, los conflictos en torno a la minería han sido generalizados en Guatemala. En todo el país, comunidades indígenas y no indígenas han protestado contra el emplazamiento de minas en sus tierras y cerca de sus casas. El temor a que las actividades mineras contaminen su entorno o afecten negativamente a sus medios de vida y al disfrute de sus derechos humanos ha provocado el estallido de conflictos y protestas. El resultado: años de amenazas y violencia, con personas heridas y muertas, y una situación de división y resentimiento dentro de las comunidades. Los dirigentes comunitarios que protestan contra las actividades mineras se convierten a menudo en blanco de amenazas, intimidación o ataques. En la mayoría de los casos, los responsables de esos actos no han rendido aún cuentas.
Fuente: Movimiento Mesoamercano contra el Modelo Estractivo Minero – M4
La minería industrial de metales en Guatemala se lleva a cabo principalmente en zonas rurales. A consecuencia de ello, tiene un impacto desproporcionado sobre los pueblos indígenas, que tienden a vivir en zonas rurales, y sobre sus tierras. Históricamente, los pueblos indígenas han sufrido discriminación, y hoy día su proporción sigue siendo excesiva en los sectores de población que viven en la pobreza extrema y que ven limitado su acceso a la educación y la salud, entre otros derechos. Muchas veces, los pueblos indígenas han sufrido las consecuencias de mecanismos inadecuados de resolución de conflictos en torno a la tenencia de la tierra, conflictos que, con frecuencia, se derivan, entre otros factores, de la extrema desigualdad en cuanto a la distribución de la tierra existente en Guatemala.
Los pueblos indígenas también han sufrido los peores excesos del conflicto armado interno que concluyó en 1996 y que se cobró las vidas de más de 200.000 personas. Tal como expone este informe, las comunidades preocupadas por el impacto que la minería puede tener en sus derechos humanos han denunciado repetidamente que no se las consulta de manera adecuada cuando se proponen esos proyectos. Según las normas internacionales de derechos humanos, Guatemala debe garantizar que se consulta con la población potencialmente afectada y que se la informa adecuadamente de las posibles repercusiones tanto positivas como negativas.
El marco jurídico existente que regula el proceso de solicitud de licencias de minería no garantiza la oportunidad de una consulta significativa con la población afectada. Además, las normas internacionales de derechos humanos establecen que esos proyectos sólo deben llevarse a cabo con el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas.
Es fundamental que, en todo proyecto de desarrollo, los derechos humanos estén protegidos, sin excepción. Esto se aplica sin duda a los proyectos del sector extractivo. El hecho de que puedan surgir conflictos en torno a los proyectos mineros no justifica el incumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos. En 2013, el gobierno declaró el estado de emergencia en algunas zonas afectadas por las protestas contra proyectos de minería e hidroeléctricos, una medida utilizada normalmente en tiempos de guerra o cuando se producen catástrofes naturales.
El actual gobierno de Guatemala ha reconocido que existen problemas en el marco jurídico vigente y, por tanto, en julio de 2013, propuso una suspensión de dos años en la concesión de nuevas licencias de minería para la extracción de metales. Además, en 2012 propuso una serie de reformas a la Ley de Minería, actualmente ante el Congreso. La suspensión propuesta y la intención de reformar las leyes vigentes brinda al gobierno una oportunidad de reforzar las protecciones en materia de derechos humanos a la vez que se modifican las actuales normativas sobre minería para que cumplan las obligaciones internacionales contraídas por Guatemala.
Con este informe, Amnistía Internacional insta a las autoridades de Guatemala a garantizar que el nuevo marco normativo se basa en salvaguardias de derechos humanos.
El informe expone el contexto general en el que se encuadran los conflictos y las disputas en torno a la minería, y después examina casos específicos de conflictos, para a continuación estudiar algunas de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que Guatemala debe cumplir respecto a las comunidades indígenas y no indígenas antes de conceder licencias de minería.
Muchas de las empresas mineras más destacadas que operan actualmente en Guatemala son filiales de empresas canadienses. Amnistía Internacional pide a todas las empresas que cumplan con su deber de respetar los derechos humanos en el contexto de sus operaciones, e insta específicamente al gobierno canadiense a promulgar legislación que establezca normas obligatorias de responsabilidad empresarial para las empresas extractivas canadienses que operan en el extranjero, así como remedios legales, en Canadá, para personas de ciudadanía extranjera que se vean afectadas por empresas extractivas canadienses.
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