Hasta qué punto una modificación en la ley puede afectar el mundo real, hecho de agua, tierra, aire, y este fuego que todos llevamos dentro. Agrandamos la letra chica, y ya que ahora todo es fútbol, te relatamos en vivo y en directo hasta qué punto una modificación en la ley 7722 puede afectar el mundo real, hecho de agua, tierra, aire, y este fuego que todos llevamos dentro. Agarrate fuerte: es tu vida, es tu agua, es tu derecho.
Por Eugenia Segura publicado en Mendoza On Line
La previa
Delicia de abogados y poderosos –y de quienes gustan de conocer sus derechos-, el mundo legal suele ser hablado en un idioma complicado y aburrido, como para que sólo “los entendidos” lo comprendan. Sin embargo, todos hemos oído o vislumbrado alguna vez que está habitado por distintas clases de leyes: están las que favorecen a los mismos de siempre, y también hay algunas que guardan la meta del desvalido. Están las que se cumplen y las que no se cumplen, las que generan oscuros vacíos legales, las que tienen la temible letra chica. Como decía Flanders en los Simpsons: están las “leyes que contradicen lo que dicen las otras leyes”, y también, muy importante: hay leyes que están por encima de todas las otras, como la Constitución Nacional, por ejemplo. Si las miramos desde el punto de vista de su historia, de su trayectoria, hay leyes escritas con balas de plomo, con tarjetas banelco, hechas a la medida de la impunidad de las grandes empresas, craneadas por algún DT desde un escritorio que puede estar situado en otro punto del planeta, llámese Buenos Aires, Estados Unidos o Toronto. Las hay viejas y sabias, o simplemente viejas decrépitas, las hay jóvenes y pujantes, y también de esas coladas por la puerta de atrás, entre gallos y medianoche.
Están las que fueron ganadas con muchísimo esfuerzo de equipo por la gente en las calles: sí, son pocas, son excepcionales, pero tienen ese plus inconfundible que las hace un golazo de último minuto para el triunfo de todos nosotros: son nuestros derechos conquistados a duras penas, y defendidos con uñas y dientes, de generación en generación, en una pulseada constante entre el poder profano de los políticos de turno y el poder sagrado del pueblo.
La ley 7722 es una de esas leyes excepcionales anotadas por el pueblo: tiene espesor y temperatura: imaginate el frío bajo cero del invierno del 2007 en una ruta de Alvear, el calor de las puebladas en el Valle de Uco. Después, el latido de la piel bajo las remeras negras del “NO A LA MINERÍA CONTAMINANTE” en el puente de José Vicente Zapata, en los carrouseles vendimiales, en las rutas, las calles y las casas de Uspallata, cuando nos protegió tanto del Proyecto San Jorge.
Es una ley simple y clara: tiene apenas siete artículos, y un objetivo preciso desde el vamos: cuidar el agua, ese líquido precioso que sostiene todo el arco de la vida en la tierra –no sólo la humana- con un “se prohíbe el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares”, tal como reza su artículo uno. Tiene un color entonces: es transparente, porque es la ley del agua. Digo esto porque, además, es una ley vigente: los que tratan de enturbiarla suelen colgarle el apodo de “ley antiminera”, cuando en realidad, del 2007 a esta parte, se ha hecho en nuestra provincia minería de la que no la viola, pongamos, por ejemplo, de talco o de materiales para la construcción, o de tantos otros minerales que no necesitan mezclar cantidades siderales de agua con toneladas de cianuro para extraerlos.
No es la primera vez que tratan de modificarla: ya el ex senador Serralta quiso y no pudo, allá por el 2010, cambiarle el “se prohíbe” por “se restringe”, con todo el veneno que cabe en esa variante. Y como entonces, como siempre, el pueblo tuvo que salir a las rutas y a las calles a defender la letra de la ley, tu ley: a la 7722 no se le toca ni una coma, y guay de quien lo intente, porque, te lo aseguro: lo que está en juego es el agua, y los mendocinos no somos ningunos pechofríos.
Ahora sí, el partido: ante la ley
Resulta que por estos días –no por casualidad, en la previa del Mundial, con una megaempresa rusa radicada en un paraíso fiscal repartiendo billetes bajo y sobre cuerda, para reflotar el tantas veces rechazado Proyecto San Jorge, en ese paraíso real que es el Valle de Uspallata- los diputados provinciales José Oscar Muñoz, Raúl Guerra y Silvia Ramos (todos ellos FPV) salieron con los tapones de punta: un proyecto de modificación de la 7722 tan absurdo, que sería para morir de risa si no fuera porque (si los demás legisladores les habilitaran esta jugarreta en orsay), de echar cianuro a 51 metros de un río, a 15 metros de una casa o “…a diez kilómetros desde el centro de cualquier localidad provincial que esté constituida como distrito urbano municipal”, se puede morir en serio.
¿Te parece muy loco? Calate esta: de los cuatro artículos que quieren modificar, en el primero, el más sensible, se mandaron el foul más grueso: tratan de subordinar una ley que protege el medio ambiente al Código de Minería de la Nación, una de esas viejas decrépitas y tuneadas de las que hablábamos al principio: data del siglo XIX, cuando la minería era de pico y pala nomás. En particular, los dipus del FPV pretenden someterla a dos artículos del Código Minero, el 33 y el 36. Despleguemos la letra chica, veamos qué se esconde detrás de esos inocentes numeritos, acá te los cito textuales, y decime vos qué te parece:
II Limitaciones al derecho de cateo
Art. 33. – Ni el permiso para explorar ni la concesión de una mina dan derecho a ocupar la superficie con trabajos y construcciones mineras sin el formal consentimiento del propietario: 1 – En el recinto de todo edificio y en el de los sitios murados. 2- En los jardines, huertos y viñedos, murados o sólidamente empalizados; y no estando así, la prohibición se limitará a un espacio de DIEZ MIL (10.000) metros cuadrados en los jardines, y de VEINTICINCO MIL (25.000) en los huertos y viñedos. 3- A menor distancia de CUARENTA (40) metros de las casas, y de CINCO (5) a DIEZ (10) metros, de los demás edificios. Cuando las casas sean de corta extensión y poco costo, la zona de protección se limitará a DIEZ (10) metros, que pueden extenderse hasta QUINCE (15). 4- A una distancia menor de TREINTA (30) metros de los acueductos, canales, vías férreas, abrevaderos y vertientes.
Art. 36. – No pueden emprenderse trabajos mineros en el recinto de los cementerios, calles y sitios públicos; ni a menor distancia de CINCUENTA (50) metros de los edificios, caminos de hierro, carreteros, acueductos y ríos públicos. Pero la autoridad acordará el permiso para penetrar ese radio, cuando previo el informe de un ingeniero y los comprobantes que los interesados presentaren, resulte que no hay inconveniente, o que, habiéndolo, puede salvarse.”
¿Absurdo? ¿Bizarro? ¿Aberrante? Todo eso y mucho más: el Código se refiere solamente a los cateos, pero estos cracks que tenemos por diputados, en la redacción del proyecto de ley, lo hacen extensivo a todas las etapas, incluso la explotación. Nótese cuán profundamente discriminatorio es eso de las “casas de poco costo” de parte de los promineros que se quejan, en el otro ataque –judicial- a la 7722, de que esta ley los discrimina, pobrecillos…
Desde el vamos, jamás de los jamases puede subordinarse una ley ambiental a un código de minería, ya que atenta contra nuestro derecho a un ambiente sano, garantizado por el artículo 41 de la ley más poderosa de todas, la Constitución Nacional. Esto ya es inconstitucional: la Ley General de Ambiente, que rige a nivel nacional, es una ley de presupuestos mínimos (al igual que la Ley de Glaciares), que es como decir “muchachos, esto es lo mínimo que tenemos que cuidar”. O sea, las provincias y los municipios pueden crear leyes que vayan a por más protección, nunca a por menos. Y sí, parece una tomada de pelo a un pueblo que conoce mejor que nadie la importancia vital del agua, desde las nacientes de sus ríos, los glaciares y los peri, los humedales, porque de ello depende todo lo que esté aguas abajo. Mientras tanto, la tribuna grita que el agua de Mendoza no se negocia.
Las otras modificaciones al texto original de la 7722 no son menores: apuntan a reducir el poder de decisión de la Legislatura (algo que fue fundamental, recordemos, a la hora de sacarle la roja a Minera San Jorge). También pretenden que la Policía Ambiental Minera dependa, no ya del Ministerio de Ambiente, sino de la Dirección de Minería, o sea: ellos pasarían a vigilarse a sí mismos. Algo que quedaría agravado a la hora de los controles, ya que se propone un cambio en la Autoridad de Aplicación, al incluir al Ministerio de Energía como tal, del que depende… sí, claro: la Dirección de Minería. Siguiendo la metáfora futbolera, sería algo así como tener comprado al árbitro y a los jueces de línea.
¿Uno solo o varios municipios?
Por último, en la 7722, sponsor oficial del agua pura del pueblo mendocino, todos los municipios que comparten, por ejemplo, la misma cuenca de un río, tienen derecho a dictaminar sobre un proyecto que puede potencialmente afectar la calidad y la cantidad del agua que reciban río abajo. El cambiazo que pretenden insertar Muñoz, Guerra y Ramos dejaría literalmente fuera de los próximos partidos a todos los municipios menos uno: aquél en que se ubique el yacimiento donde sueñan dejarnos un cráter.
Por supuesto, hay más argumentos legales y técnicos que podrían esgrimirse para demostrar lo injusto e inconstitucional, de esta jugada. Estos son tan sólo una síntesis de los momentos más candentes de un partido que da para pensar también en un tiempo suplementario: el de las generaciones por venir, que van a seguir tomando agua purita y transpirando la camiseta: para ellos queremos dejar un mundo mejor que el que encontramos, con más Áreas Naturales Protegidas. Y que nadie les embarre la cancha donde jugarán los niños.
Porque sí, la 7722 despierta pasiones y polémicas. Muchos son los políticos que han declarado públicamente que hay que respetarla tal como está. Algunos quieren bajarla pero no se animan, ninguno quiere cargar con el costo político, y ya genera crisis y rupturas dentro de los bloques funcionales al extractivismo depredatorio de nuestros bienes comunes: el agua, la tierra, el aire. Otros, los menos, ya ni lo disimulan: responden a esa otra ley no escrita que dice “poderoso cabellero es Don Dinero”. Mientras tanto, la ley 7722 se defiende de doce causas judiciales en la Corte Suprema de Justicia y, ahora, de este nuevo embate en la Legislatura.
Y nosotros nos calzamos la negra y blanca, o la celeste y blanca -da lo mismo- para defender este pedacito de tierra, en el que nos tocó nacer, de las trasnacionales que quieren llevarse todo y dejarnos pan contaminado para hoy y hambre, sed y enfermedades para mañana. Este pedacito del planeta en el que no pudieron, este pedazo de tierra que vale la pena.
