El lobby minero sigue avanzando en Mendoza. La propuesta de cambio de la Ley 7722 ya está en la Cámara de Diputados y tiene fuertes intereses en espera, principalmente con tres proyectos que se pretende desarrollar en el vecino departamento de Malargüe y que pueden afectar las cuencas del sur mendocino. La mina de oro Don Sixto, el proyecto de cobre Cerro Amarillo y quienes buscan la reactivación de las minas uraníferas, impulsan el cambio.
Fuente: Diario San Rafael
En este marco, varios diputados han elevado un pedido de informes para conocer las solicitudes de derogar la ley 7722. “Ha tomado estado público el hecho de que existen diversos planteos de inconstitucionalidad contra la Ley 7722 dictada por esta Legislatura el 20 de Junio de 2007”, explica la propuesta, que también destaca que “dichas acciones judiciales deben tramitar ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, quien posee competencia originaria en la materia, siendo el Gobierno de la Provincia y el Fiscal de Estado, partes necesarias en todo proceso donde se cuestione la constitucionalidad de una norma de carácter provincial”.
Concretamente, se pide “conocer con certeza cuántos y cuáles son los procesos judiciales que se tramitan, cuál es el estado procesal de cada causa, así como contar con copia de los textos de cada demanda y contestación”. Además, el documento agrega que la ley es “una norma de vital importancia para la protección del recuso estratégico más preciado de la provincia, como es el agua”.
También se solicita al gobernador Francisco Pérez y al fiscal de Estado, Javier Fernández, que informen por escrito el “detalle de causas judiciales radicadas ante la Suprema Corte de Justicia de nuestra provincia, deduciendo acción de inconstitucionalidad contra la Ley 7722, indicando: sala en la que se encuentra radicada, número de expediente y carátula, cantidad de fojas al día de expedir el informe, y estado procesal de la misma” además de “abogados designados a cargo de la representación y defensa judicial por parte del Gobierno y de la Fiscalía de Estado”, y remitir “copia certificada de escrito de demanda, contestación y modificaciones, si las hubiere”.
LOS PROYECTOS
Los proyectos mineros que se están impulsando desde Malargüe son tres, y para concretarlos necesitan el cambio de la ley, algo que –quedó demostrado en varias ocasiones– carece de consenso social y hasta político.
Hay que destacar que, en 2012, también se intentó –fallidamente– cambiar la legislación, en un proyecto impulsado por el mismo legislador, José Muñoz.
Los tres emprendimientos mencionados son viejos conocidos. El primero es la mina Don Sixto, una explotación de oro y plata en el límite entre San Rafael y Malargüe (entre Agua Escondida y Punta del Agua), y que involucra 8.100 hectáreas poniendo en riesgo importantes recursos acuíferos del sur.
Otro caso es Cerro Amarillo, una iniciativa de oro y cobre, que ocupa 16.500 hectáreas en el distrito del sur de Malargüe.
Finalmente, el tercero, y quizás el más notorio, es el de Huemul, donde se encuentra una mina de uranio, que tuvo la multa más alta de la historia de Irrigación en Mendoza por contaminación de napas y que no ha tenido remediación de pasivos ambientales. Esta propuesta se enmarca dentro del proyecto uranífero nacional, que también apunta a Sierra Pintada.
