Las once demandas que piden la inconstitucionalidad de la 7.722 podrían ser resueltas antes de las elecciones, en plenario.
Fuente: Los Andes
Fue el tema más duro que debió enfrentar el gobernador Francisco Pérez antes de su asunción y los primeros meses de gestión. La minería, después de que se archivara el proyecto San Jorge, quedó en stand by pero 2013 será un año de definiciones en la materia. La situación se resolverá, según dicen, antes de la elecciones legislativas y a través de un plenario de la Suprema Corte.
Así informaron los miembros de la Justicia con competencia en el tema. ¿Qué se define? La constitucionalidad o no de la ley 7.722 que prohíbe el uso de sustancias contaminantes en la actividad minera metalífera.
La idea de la Suprema Corte es unificar las once causas presentadas contra la ley aprobada durante la gestión de Julio Cobos. La polémica normativa fue sancionada en 2007 entre cortes de rutas, presión social y pedidos por el cuidado del medio ambiente. Apenas se logró su aval en la Legislatura, se plantearon en la Justicia 13 pedidos de inconstitucionalidad por parte de empresas mineras y representantes legales.
De esas 13 causas, 11 siguieron su curso y las deberá resolver la Suprema Corte. “Una vez que se recopilen todas las pruebas, que pasemos este período, se ha decidido llamar a plenario para que sea toda la Suprema Corte la que resuelva un tema tan delicado como éste”, manifestaron desde el Poder Judicial, explicando así que la decisión no recaerá sólo sobre la sala civil del máximo tribunal. Asimismo, confirmaron: “No creemos que la resolución esté después de la feria judicial. Lo más probable es que sea antes de las elecciones”.
Desde el oficialismo tratarán que la resolución se produzca después de las elecciones, teniendo en cuenta lo que implica socialmente la minería. Las once causas están hoy en la Sala 2, integrada por Mario Adaro, Carlos Böhm y Herman Salvini quien hasta fines de noviembre la presidía.
Ahora, quien asumió como presidente de esa sala es Adaro, quien ya venía pidiendo tanto al ex presidente Salvini como al titular de la Suprema Corte, Pedro Llorente, convocar a un plenario que resuelva todos los planteos de inconstitucionalidad de la ley.
Finalmente, desde la Justicia confirmaron que hay consenso entre los magistrados y, a pedido del procurador general, se llamará a plenario para resolver en conjunto los planteos de inconstitucionalidad.
Que la situación decante antes de las elecciones legislativas no es lo más conveniente para el oficialismo, teniendo en cuenta que Pérez ha debido dar una y otra vez explicaciones desmintiendo que sea pro minero.
Además, durante el año que terminó hubo enfrentamientos entre intendentes justicialistas que abogaban por el desarrollo de la actividad como el guaymallino Alejandro Abraham y el lasherino Rubén Miranda, y los que se oponen, como el tunuyanino Martín Aveiro, el tupungatino Joaquín Rodríguez y el alvearense Juan Carlos De Paolo.
Incluso, hubo un proyecto para “flexibilizar” la 7.722 a través de la Legislatura de la autoría del intendente de Malargüe, Juan Agulles, al que Pérez le bajó el pulgar.
El otro puntapié se dio durante el primer trimestre cuando el emprendimiento San Jorge intentó reformular el proyecto pretendiendo extraer los minerales en Mendoza y trasladarlos y procesarlos en San Juan.
Sin embargo, el ministro de Infraestructura, Rolando Baldasso, confirmó que ante el pedido de la empresa “debimos pedir algunos informes técnicos a la Suprema Corte ya que parte de la nueva propuesta tenía que ver con el proyecto anterior. Esos estudios estaban siendo analizados por los jueces a raíz del planteo de inconstitucionalidad que hizo San Jorge respecto de la 7.722”. El entrecruzamiento de datos se produjo recién a principios de este mes, por eso las demoras registradas.
Lo cierto es que todo lo que tenga que ver con la minería ha sido dilatado desde los distintos poderes. Sin embargo, 2013 es el punto límite para definir. Adaro manifestó, al ser consultado, que “no hay noticias. Hay algunos esquemas que se plantearán al resto de los magistrados pero que se comunicarán cuando haya algo. Hoy no lo hay”.
