Eduardo Sosa no se retractó de sus dichos y acciones contra la empresa. La demanda contra el dirigente es por 150 mil pesos. Mirá los argumentos de una y otra parte enfrentadas entre sí.
Fuente: Mendoza On Line
La audiencia de conciliación en el Primer Juzgado Correccional entre los representantes de la empresa minera San Jorge y el presidente de la ONG Oikos fracasó y la demanda por calumnias e injurias de la minera contra Eduardo Sosa continúa su proceso.
Es decir que ninguna de las partes enfrentadas declinó su posición. Ni San Jorge retiró su denuncia contra Sosa, ni el dirigente ambientalista se retractó de sus afirmaciones y actuaciones contra la minera.
La empresa demandó a Eduardo Sosa por 150 mil pesos.
En los últimos días se sucedieron distintas declaraciones de las partes enfrentadas que reproducimos textualmente a continuación.
Los largos tentáculos de la minería
El próximo 14 de febrero (por hoy) se inicia un proceso judicial en mi contra, impulsado por los directivos de la empresa minera San Jorge S.A., subsidiaria de la minera canadiense CORO Mining, a partir de dichos de mi autoría publicados en este diario hace dos años, en ocasión del conflicto social desatado por la pretensión de la empresa y del gobierno provincial de entonces de aprobar un proyecto minero al norte de Uspallata.
Ese proyecto fue resistido por los ciudadanos, y fue tan grande y persistente la presión social que el entonces candidato a gobernador ing. Francisco Pérez solicitó a los legisladores oficialistas que acompañen la decisión de los legisladores opositores al proyecto, lo que finalmente concluyó en el rechazo a la ratificación de la aprobación del proyecto minero que había dado el Poder Ejecutivo, a cargo del Gobernador Celso Jaque.
Era de esperar que, luego de tamaña derrota a manos del pueblo de Mendoza, la empresa minera reaccionara. Y la respuesta fue querellarme por calumnias e injurias y reclamarme un abultado resarcimiento económico por el daño moral ocasionado a sus directivos, basado en la presunción de que la Carta Abierta publicada por mí y dirigida a los legisladores provinciales fue determinante en la decisión de rechazar el proyecto minero, es decir, que una simple carta al lector habría provocado en los legisladores un cambio de opinión respecto de la posibilidad de desarrollar la megaminería metalífera en un sector del territorio provincial. Esta teoría absurda y absolutamente infundada puede rebatirse si uno recuerda el momento en que el actual gobernador de Mendoza, por entonces candidato, manifestó a los medios de prensa presentes en la Legislatura Provincial que había pedido a sus legisladores el rechazo del proyecto. También puede corroborarse esta afirmación si uno lee el Diario de Sesiones de la legislatura provincial de ese día. Entonces, ¿por qué razón los directivos de una empresa minera quieren llevar a juicio a un dirigente social, y con ello también a una organización ecologista, en vez de querellar a los verdaderos responsables del rechazo al proyecto?, ¿por qué razón se pide un resarcimiento económico siendo que la cifra, enorme para el bolsillo de un ciudadano común, es apenas una migaja en relación a las cifras millonarias que manejan las empresas mineras?. En mi opinión, se trata de lo que solemos llamar un “correctivo”, una medida aleccionadora que va dirigida hacia el conjunto de la sociedad, pretendiendo amedrentar y restringir el derecho a la libertad de expresión de la ciudadanía. Oikos red ambiental es un “blanco fijo” de este deseo revanchista, y nada mejor que provocar su hundimiento como lección a quienes tengan la osadía de enfrentarse a la instalación de futuros proyectos, incluso los que la empresa tiene en mente para Mendoza.
Pero aquí hay un error fatal en el planteo. Oikos es apenas un pequeño eslabón de las decenas de organizaciones y movimientos sociales, y de los cientos de miles de mendocinos que piensa que el modelo minero que se propone no le hará bien a la provincia. Eliminar a Oikos del mapa del conflicto implica negar el valor social de una organización sin fines de lucro que trabajó durante 13 años al servicio de las comunidades afectadas por problemas y conflictos ambientales, y que trabajó sin descanso para defender el derecho a un ambiente sano para la sociedad mendocina. La manera adecuada para convencer a la ciudadanía que la minería metalífera a gran escala es una opción para el desarrollo provincial no es acusando a dirigentes sociales por pensar diferente, pedir dinero para resarcir el supuesto daño moral, criminalizar la legítima protesta social, o amenazar a los mendocinos y a su gobierno con acciones legales millonarias que deberíamos pagar todos con nuestro trabajo. Se hace demostrando que la actividad generará un valor agregado mientras se preserva el ambiente y se atienden las demandas sociales, que precisamente de eso se trata el desarrollo sustentable que tanto se declama.
Es por todo esto que hoy, más que nunca, los mendocinos debemos defender de manera pacífica y democrática nuestro derecho a expresarnos libremente, sin ataduras ni mordazas judiciales, sin que el reclamo ciudadano sea criminalizado ni la protesta social acallada por quienes intentan amedrentar a la sociedad para conseguir sus fines inconfesables. En lo personal, mi deseo es que la justicia desestime el reclamo en mi contra perpetrado por los directivos de la empresa minera. En otro plano, deseo que la institucionalidad pública provincial proteja a los ciudadanos de los atropellos de las corporaciones y que entiendan la relevancia social que tiene la defensa de sus valores naturales, particularmente el agua, para el desarrollo provincial.
Lic. Eduardo A. Sosa
DNI N° 20.419.756
Presidente OIKOS red ambiental
La respuesta San Jorge a los dichos de Sosa
El directorio de Minera San Jorge S.A., ante las confusas y tendenciosas expresiones vertidas en los medios por el Sr. Eduardo Sosa , titular de Oikos Red Ambiental desea aclarar lo siguiente:
-Es el mismo Sr. Sosa quien tomó la decisión de llevar a la Justicia un procedimiento técnico fracasando judicialmente en su intento de condenar penalmente a nuestros directores por falsedad ideológica fundada en una supuesta y no probada manipulación del informe de Impacto Ambiental del proyecto San Jorge. Mediante sentencia penal, que el hoy querellado consintió y no apeló, la Justicia resolvió en el año 2011 que no existía delito alguno imputable a los responsables de la empresa. Sorprende que el Sr. Sosa no se refiera a esta situación en sus apariciones públicas ya que es la razón principal de la querella formulada.
-Tampoco se refiere a que ya en la Justicia Civil, el mismo Eduardo Sosa, interpuso una acción de amparo basada en supuestas irregularidades y nulidades en contra del proyecto, recibiendo otra vez un categórico revés a través de una sentencia judicial de primera instancia que desestimó sus pretensiones.
-Dichas sentencias fueron emitidas en un proceso, en donde el Sr. Sosa pudo aportar ampliamente sus pruebas y expresar sus opiniones, y constituyen hoy prueba indubitable de la querella por calumnias interpuesta en su contra. Además también se le querella por el delito de injurias, que nace de distintas acciones dolosas de su parte, entre las que se cuenta una injuriosa publicación que lleva su autoría en los medios locales y de las que se espera su análisis judicial, por lo que es minimizar la situación y desvirtuar la verdad el sostener que este proceso se inicia sólo por “una simple carta abierta”
-Habiéndole otorgado al querellado el derecho y la oportunidad de retractarse de sus dichos injuriosos y no habiendo respondido en tal sentido, esperamos que sea entonces ante los estrados judiciales donde lo haga o rinda cuentas de su accionar, no como una medida “correctiva” hacia la protesta social o la libertad de expresión (como tendenciosamente intenta convencer) sino como el deber que tiene todo ciudadano de dar cuenta de sus hechos y acciones, y sobre todo el legítimo derecho que tienen los directivos de la empresa de defender su buen nombre y honor mancillados impunemente por el Sr. Sosa.
-No se trata aquí de deslegitimar la tarea de las ONG’s, como también falsamente Sosa busca calificar a esta disputa judicial, sino de que su accionar sea responsable y ajustado a las leyes que rigen el accionar de todos los argentinos, quienes son iguales ante la ley sin distinciones de ningún tipo ni prerrogativas que los pongan por encima de la ley para poder injuriar o calumniar sin tener que responder por ello. En cuanto al resarcimiento solicitado el mismo guarda relación y proporción equitativa a las posibilidades del querellado. Los montos oportunamente percibidos serán destinados a una Institución de Bien Público de la comunidad de Uspallata, pueblo que ha se ha visto laboralmente perjudicado en parte por la irresponsable actitud del Sr. Sosa.
Una vez más esperamos pacientemente la decisión de la Justicia a la que siempre esta empresa se ha sometido, ha confiado y tiene depositada sus expectativas de aclarar estos trascendentes hechos para la provincia de Mendoza y sus ciudadanos.
Directorio Minera San Jorge S.A.
