La minera canadiense Dajin Resource anunció la firma de un acuerdo para operar en 90.000 hectáreas de las Salinas Grandes para explotar litio. Mantuvieron reuniones con los secretarios de minería de nación (Daniel Meilán) y de jujuy (Miguel Soler). No hubo ninguna participación de las 33 comunidades originarias que viven en el lugar, que rechazan el proyecto.
Fuente: El Federal
En Jujuy comenzó el relanzamiento de la megaminería en uno de los lugares más frágiles y de mayor conflictividad: las Salinas Grandes, una extensa planicie blanca que suele ser la foto más buscada de los turistas. Allí viven y trabajan desde hace generaciones los pueblos originarios Kolla y Atacama. Y es también una gran reserva de litio, mineral que se utiliza para baterías de teléfonos, computadoras y autos eléctricos. En esas tierras planean hacen una mina.
Desde hace al menos seis años se alinearon en la causa de esta explototación minera empresas multinacionales, gobiernos y científicos para extraer el litio, y entre todos ellos se han puesto de acuerdo para minimizar el impacto ambiental que traería como consecuencia la apertura de la mina, como son la afectación del salar y la contaminación del agua dulce.
Al otorgarles las 90.000 hectáreas tampoco contemplaron los derechos de los pueblos indígenas. Según la legislación vigente (incluida la Constitución Nacional), los estados deben obtener el consentimiento, libre, previo e informado sobre cualquier acción que pudiera afectar los territorios indígenas. Nada de eso sucedió en Jujuy, donde la Mesa de Pueblos Originarios de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, que reúne a 33 comunidades, denunciaron la violación de sus derechos territoriales.
Los comunidades se han movilizado frente al poder político y afirmaron que no quieren minería en su territorio. La causa judicial se tramita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara aplicar los derechos indígenas).
El gobierno de Gerardo Morales asumió con el discurso público de respetar los derechos indígenas. Creó el Ministerio de Ambiente (designó a María Inés Zigarán) y la Secretaría de Pueblos Indígenas (al frente de Natalia Sarapura, referente del Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy –COAJ–). El gobierno provincial visitó las Salinas Grandes, se reunió con las comunidades, tomó nota de las necesidades (desde caminos y escuelas, hasta políticas activas para el trabajo local) y se mostró dispuesto al diálogo y trabajo conjunto. Sin embargo, pactaron con la minera canadiense.
