Desde Bonn, Alemania, donde se desarrolla la cumbre de Cambio Climático, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina, Segio Bergman, confirmó que el Gobierno quiere revisar las leyes de Bosques y de Glaciares. Dijo que esas normas son “grandes ideas irreales” y que su sanción respondió a una “épica legislativa”. Desde la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas señalaron que esos dichos constituyen “una vergüenza internacional”.
Fuente: Página/12
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, confirmó ayer en la Conferencia Internacional de Cambio Climático (COP23), en Bonn, Alemania, que el Gobierno considera necesario “revisar” la Ley de Bosques y la Ley de Glaciares. “Los proyectos de leyes de ordenamiento territorial requieren revisión porque son grandes ideas irreales que no tienen mecanismos de implementación, fiscalización y de ejecución eficientes para su fin. Terminan siendo una épica legislativa que se hizo el lobby para que se proclame, y después no tienen ninguna trazabilidad sobre cómo esa ley tiene un impacto real en el cambio de la matriz, del recurso natural y el territorio que queremos preservar”, aseguró.
La declaración del ministro surgió de la pregunta que le hizo un periodista sobre los lineamientos que trascendieron de la reunión que el presidente Mauricio Macri mantuvo el martes en la Casa Rosada con el titular de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Marcelo Alvarez, y otros empresarios mineros, que pidieron al mandatario flexibilizar la Ley de Glaciares para poder desarrollar la actividad en zonas que la actual normativa prohíbe.
En diálogo con PáginaI12, el abogado Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, calificó la disertación de Bergman como “una vergüenza internacional”. “Ha llamado la atención de muchas de las organizaciones y de los referentes mundiales; justamente en plena conferencia internacional de cambio climático dijo que van a revisar dos leyes claves para la adaptación al cambio climático, como la Ley de Bosques y la Ley de Glaciares”, señaló Viale.
El abogado aclaró, además, que “las leyes no son inaplicables; confrontan con los grandes poderes de Argentina. La de bosques con los grandes sojeros y la de glaciares con el lobby minero, con las grandes transnacionales mineras”. “Ellos son los que hacen todo lo posible, con funcionarios que están a su merced, para que no se cumplan las leyes, pero son absolutamente aplicables; son leyes de presupuestos mínimos, protecciones mínimas que se ponen y que deberían tener una aplicación efectiva, pero no se aplica por los lobbies. No es por una cuestión de que están mal redactadas o que no son claras”, agregó.
Durante la conferencia de prensa, el ministro sostuvo que “entre todos tenemos que buscar balances entre desarrollar actividades productivas y cuidar nuestros recursos naturales”. Antes aclaró que “la conversación que surgió en un off de una reunión no es información oficial, ni seria, ni consistente para tener un debate”, en referencia al encuentro que mantuvo Macri con los empresarios mineros. “Hay que esperar que ese trascendido se transforme en una decisión política”, aclaró luego, y agregó que “si llegara a haber algún tipo de conversación, no va a ser una operación de intereses a oscuras. Va a ser un debate parlamentario abierto”. Minutos después aseguró que rechazaba “a los trascendidos como tales”, aunque más adelante indicó que las leyes de ordenamiento territorial eran “épicas legislativas” y subrayó “la pobreza ejecutiva de impacto de todas las leyes de ordenamiento territorial”.
“La burrada más grande que dijo Bergman, muy preocupante, es que las leyes son ‘épicas’”, opinó Viale, al considerar que “le faltó el respeto al Congreso y a la participación ciudadana”. Para el abogado el gobierno busca hacer una “trumpización de la política ambiental”, ya que “emulan al presidente de Estados Unidos, que se ha encargado de flexibilizar la legislación ambiental y debilitar los organismos de control para favorecer a las grandes empresas. Están respondiendo a los intereses sojeros y a los grandes intereses mineros”.
“Es la flexibilización ambiental”
Organizaciones ambientalistas advirtieron que el Gobierno busca reducir las protecciones vigentes para glaciares y zonas periglaciares a fin de promover grandes emprendimientos mineros. “Es un escándalo”, denuncian. La reunión de Macri con el lobby del sector.
Las organizaciones ambientalistas Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas expresaron ayer su repudio a la modificación de la Ley de Glaciares que impulsa el gobierno para beneficiar a las grandes empresas mineras con la flexibilización de las protecciones ambientales sobre los glaciares. El martes, el presidente Mauricio Macri se reunió en la Casa Rosada con el titular de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Marcelo Álvarez; el empresario minero y propietario de soja Eduardo Elsztain; el director de la Barrick Gold, Fernando Giannoni; el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren; el de Trabajo, Jorge Triaca; representantes de provincias en las que existen emprendimientos mineros y gremialistas, y les garantizó que iba a avanzar con el proyecto de modificación de la ley para febrero. Mientras tanto, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, estaba en Bonn, Alemania, en la Conferencia Internacional de Cambio Climático (COP23). “Parecería que Macri tiene las prioridades cambiadas: se preocupa más por cuidar las ganancias de las empresas mineras que por proteger el medio ambiente, salvaguardar la salud de la población, los glaciares y el agua potable”, dijo a PáginaI12 Gonzalo Strano, coordinador de la campaña de glaciares de Greenpeace.
En noviembre del año pasado, el juez federal Sebastián Casanello ordenó un allanamiento en el Ministerio de Ambiente de la Nación en el que se encontró un informe técnico que revelaba la existencia de 44 emprendimientos mineros en el país que violaban las restricciones de la ley de Glaciares, al funcionar sobre cuerpos de hielo protegidos por la norma. Casanello lleva la causa por incumplimiento de la ley vinculada a los cinco derrames de cianuro de la empresa Barrick Gold en sus proyectos Veladero y Lama, ocurridos entre 2015 y 2017. En el mismo mes, las organizaciones ambientales denunciaron que “se había filtrado un borrador de la posible modificación de la reglamentación de la ley de glaciares”, recordó Strano. “En ese momento dimos el alerta. Ahora insistimos: la ley no se puede tocar”, subrayó. Durante la reunión del martes, los representantes de las empresas mineras criticaron la norma actual porque no permitirles desarrollar la actividad en las zonas periglaciares ubicadas en la Cordillera y por considerar que la reglamentación era confusa. Ante el pedido, Macri les garantizó que el Ejecutivo impulsará una modificación de la ley para febrero y enviaría un nuevo proyecto al Congreso.
“El martes se juntó todo el lobby minero en la Casa Rosada. Lo que buscan es la flexibilización de la ley; quieren achicar las áreas protegidas para que las mineras puedan trabajar y destruir los glaciares. Así como están haciendo una flexibilización laboral, también quieren hacer una flexibilización ambiental”, dijo a este diario Enrique Vitale, representante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. El abogado explicó que “la ley no es confusa, es muy clara, pero lo que pasa es que no les gusta a los empresarios porque protege los glaciares y para ellos es necesario destruirlos para llevar adelante los grandes emprendimientos mineros”. “Lo mismo ocurre en torno al ambiente periglaciar. Esos espacios están protegido por la ley y forman parte del ecosistema, por lo cual es fundamental su protección. Ellos necesitan destruir ambas cosas, no es cierto que van sólo por el ambiente periglaciar, que es trascendental”, agregó. Vital consideró que el proyecto “es un verdadero escándalo”, y aseguró que, además, “es inconstitucional porque implica un retroceso en materia de protección ambiental. Hay principios internacionales, como el de no regresión y el principio de progresividad, que forman parte de nuestra legislación y que no permiten retrocesos”.
“Lo que le pedimos a Macri es simplemente que se cumpla con la ley que existe y que ordene el cierre de la mina de Veladero”, señaló Strano. El coordinador de la campaña de glaciares de Greenpeace coincidió con Vital en que “la ley es muy simple”. “Establece en qué lugares no se pueden desarrollar emprendimientos mineros, no deja lugar a dudas. Pero aparentemente tienen intenciones de permitir el avance de las mineras. Tenemos una ley que fue debatida durante meses y es una ley buena si se aplica por completo. Les quieren abrir la puerta para sumar emprendimientos y ampliar los actuales, con la reducción de la producción de la protección de las áreas periglaciares. La preocupación del Gobierno no puede ser primero la ganancia de las empresas y después la calidad de vida”, advirtió Strano. El ambientalista afirmó que con la quita de las retenciones a las mineras en 2015 y la modificación de la ley, “el gobierno premia a un sector que demostró total antipatía hacia el miedo ambiente”.
Por su parte, el director de FARN, Andrés Nápoli, indicó que “si Argentina cede ante esta situación se coloca como uno de los pocos países del mundo que baja sus estándares ambientales para admitir inversiones. Es un mensaje muy negativo y contradictorio, sobre todo cuando todavía no se pone en vigencia la propia Ley que exige un inventario de glaciares completo”. “Esta reforma es inadmisible desde el punto de vista de la protección del ambiente, pero también desde lo que sostiene el derecho internacional. No se puede retrotraer la protección ambiental para beneficiar las demanda del sector de inversiones”, añadió.
