El 8 de marzo, la minera canadiense Dajin Resource anunció en el exterior, la firma de un acuerdo para operar en 90.000 hectáreas de las Salinas Grandes para explotar litio. Mantuvieron reuniones con los secretarios de Minería de Nación (Daniel Meilán) y de Jujuy (Miguel Soler). No hubo ninguna participación de las 33 comunidades originarias que viven en el lugar (que se enteraron por los medios de comunicación). Clemente Flores, vocero kolla, reiteró el rechazo de las 33 comunidades a la minería y advirtió una escalada de acciones directas en defensa del territorio indígena.
Ver también:
- Un protocolo sobre derechos
- La resistencia de las comunidades contra el avance de la minerìa de litio
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- ¿Cuáles son los impactos ambientales y en la salud de la explotación de litio?
Por Darío Aranda publicado en Página/12
En Jujuy también comenzó el relanzamiento de la megaminería. Y en uno de los lugares más frágiles y de mayor conflictividad: las Salinas Grandes, una extensa planicie blanca que suele ser la foto más buscada de los turistas. Allí viven y trabajan desde hace generaciones los pueblos originarios Kolla y Atacama. Y es también una gran reserva de litio (mineral que se utiliza para baterías de teléfonos, computadoras y autos eléctricos). Desde hace al menos seis años se alinearon en la causa empresas multinacionales, gobiernos y científicos para explotar el litio. Los tres actores minimizaron los riesgos ambientales (afectación del salar y contaminación del agua dulce).
Tampoco contemplan los derechos de los pueblos indígenas. Según la legislación vigente (incluida la Constitución Nacional), los estados deben obtener el consentimiento, libre, previo e informado sobre cualquier acción que pudiera afectar los territorios indígenas. Nada de eso sucedió en Jujuy, donde la Mesa de Pueblos Originarios de Salinas Grandes y Laguna Laguna de Guayatayoc, que reúne a 33 comunidades, denunció la violación de los derechos, se movilizó frente al poder político y afirmó que no quieren minería en su territorio. La causa judicial tramita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara aplicar los derechos indígenas).
El gobierno de Gerardo Morales asumió con el discurso público de respetar los derechos indígenas. Creó el Ministerio de Ambiente (designó a María Inés Zigarán) y la Secretaría de Pueblos Indígenas (al frente de Natalia Sarapura, referente del Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy –COAJ–). El gobierno provincial visitó las Salinas Grandes, se reunió con las comunidades, tomó nota de las necesidades (desde caminos y escuelas, hasta políticas activas para el trabajo local) y se mostró dispuesto al diálogo y trabajo conjunto.
